Organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ realizaron una manifestación en las afueras de la Legislatura de Salta bajo la consigna: "Nos abrazamos en defensa propia". El colectivo repudió el tratamiento de proyectos de ley que están llevando adelante legisladoras y legisladores salteños, que avanzan sobre derechos reconocidos en la Constitución Nacional y afectan principalmente los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el derecho a decidir de las mujeres. 

La presencia en las calles hizo eje principalmente en el rechazo al proyecto de ley que pretende crear el Registro de Obstructores de lazos familiares, de autoría del senador e intendente electo por Capital, Emiliano Durand. Para el movimiento de mujeres -que viene manifestándose en contra desde marzo- la iniciativa legislativa no garantiza una protección a las infancias y adolescencias, además de estigmatizar y perseguir a las madres protectoras.

La presencia en las afueras del palacio legislativo también fue en repudio al proyecto de ley que prevé la creación de Consejerías Integrales en los establecimientos de salud, donde se dispense atención a la embarazada. La iniciativa impulsa la incorporación de organizaciones de la sociedad civil en la atención a las personas gestantes, lo que para las organizaciones feministas representa una preocupación entendiendo que quienes ingresaron el proyecto son legisladores y militantes en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como el caso de la diputada por Capital, Cristina Fiore; por eso temen que con el proyecto se habilite el ingreso de personas que también estén en contra del derecho a abortar y obliguen a quienes cursan un embarazo a continuarlo. 

El propio gobierno de Salta, después de que el proyecto de Fiore fuera aprobado en Diputados, mantuvo una reunión con un conjunto de senadores en la que se plantearon objeciones y se recordó que la provincia cuenta desde hace más de una década con consejerías multidisciplinarias para embarazadas, integradas por profesionales que brindan toda la información necesaria para que puedan decidir sobre la eventual continuidad o interrupción del embarazo, y también sobre los métodos de anticoncepción disponibles.

Tanto el proyecto de Registro de Obstructores como el de Consejerías Integrales, recibieron la media sanción de la Cámara Baja, por lo que el Senado provincial tendría que dar la aprobación final. Al rechazo de estos dos proyectos se sumó la exigencia para que se derogue la "Ley de convivencia y conciliación ciudadana", conocida como ley antipiquetes, y que ya se encuentra reglamentada en la provincia.

En diálogo con Salta/12, la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, manifestó que el acompañamiento a estos reclamos se debe a un contexto alarmante para las mujeres salteñas y que tiene que ver con "una clara intención de vulnerar y restar derechos que ya se han logrado en nuestro país". En relación al proyecto del Registro de Obstructores, dio su respaldo a la organización Madres Protectoras (que se constituye a nivel nacional), que exige que se anule el proyecto de Durand. 

Precisamente, la referente de Madres Protectoras en Salta, Yanela Barrios, estuvo ayer en las puertas del recinto legislativo, donde recordó que desde hace cuatro meses vienen manifestando su rechazo al proyecto de ley por entender que constituye un ataque hacia las mujeres y revictimiza a las infancias que sufrieron violencia y abuso. Narró que desde la aprobación en Diputados, el 7 de marzo, empezaron a tejer redes con otras provincias que también tuvieron iniciativas similares y en las que no prosperó.

En la misma sintonía se refirió Claudia Bañagasta, presidenta de la Fundación Preparatoria del Pueblo, espacio que brinda asesoramiento jurídico y acompañamiento a víctimas de abuso. "Es lamentable que tengamos un gobierno tan clasista y autoritario que no baja la perdiz ni siquiera para atender a los niños", sentenció. En ese sentido, aseguró que son numerosos los casos de chicos y chicas que llegan a su fundación y presentan altos grados de violencia. 

Ya es ley

Irene Cari también se refirió al proyecto de consejerías y alertó sobre la falta de menciones a las legislaciones nacionales y tratados internacionales vigentes. Principalmente, porque la redacción del proyecto plantea la necesidad de consejerías para aplicar la ley nacional 27.611, conocida como Plan de los Mil Días, pero sin hacer mención a la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

"Hoy se está planteando un proyecto que es antiderechos y de un conservadurismo religioso", cuestionó Cari. 

Por su parte,  la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto-Regional Salta,  expresó su más enérgico repudio al proyecto, dado que "vuelve a poner en tela de juicio y a merced de tercerxs las decisiones de mujeres y personas con capacidad de gestar". En ese sentido, reafirmó que el control integral para la persona embarazada ya existe, posibilitándole el ingreso al programa SUMAR y luego al cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Aclaró además que dicho control "desde siempre se hace con equipo interdisciplinario" luego de que las personas que están cursando un embarazo "eligen continuarlo". 

La Campaña también dejó en claro que las leyes 27.610 y 27.611 deben cumplirse a la par. Por lo que afirmó que el proyecto "da por sentado que todo embarazo se continúa, lo cual es sumamente preocupante a la hora de garantizar derechos a la ciudadanía y a las personas con capacidad gestante". Prosiguió, "nombrarlas como 'heroínas' por elegir lo que a estxs funcionarixs les parece mejor, es estigmatizante para las que deciden no hacerlo en una provincia con el único antecedente de detención de una médica por garantizar una ILE sería una clara obturación".

Al repudio sumó su preocupación por la asignación presupuestaria que plantea la iniciativa ante un contexto provincial "en el que docentes y equipos de salud, y ahora otrxs trabajadorxs, se encuentran luchando por un salario digno".  En ese marco, rechazó la incorporación de ONGs, convenios con universidades y otras profesiones del derecho, ya que entendió que se estaría brindando datos privados y muy sensibles a personas u organizaciones que no pertenecen al sistema de salud, y que no responden a un secreto regulado por la ética profesional de cada profesional de salud. 

La iniciativa de Fiore y compañía (considerados legisladores y legisladoras antiderechos) especifica que las consejerías tienen por fin brindar acompañamiento y acceso a la información necesaria para asegurar la protección de la embarazada; su cuidado y asistencia psicofísica, así como el de la persona por nacer, en el marco de la legislación vigente. Para ello propone la conformación de consejerías integrales integradas por equipos multidisciplinarios de las áreas de salud, del ámbito legal y de la asistencia social; obligando al Estado a incorporar a representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles.

Legislaciones contradictorias

Acompañando al colectivo feminista estuvo Blanca "Nenina" Lezcano, referenta de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales e integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. Los gobiernos locales impulsan "legislaciones que son contradictorias con leyes que ya fueron aprobadas en el país", aseguró. 

Para Lezcano, una de las respuestas a esa avanzada contra los derechos se debe a que sus impulsores son legisladores conservadores, como Cristina Fiore, que también es la autora del proyecto -que ahora es ley- de la regulación de la protesta social en Salta. 

"Hoy vemos a todo el movimiento de mujeres alarmadas por legislaciones que buscan acortar derechos", expresó. En esa línea repudió el uso de "discursos mentirosos" para cercenar derechos y lamentó que a 40 años del retorno a la democracia exista un "avance de la ideología de la derecha que va en contra de los derechos", visto a través de "legislaciones cada vez más restrictivas".