"Una crueldad inusitada". Así calificó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional Rosario la decisión judicial de avalar al médico rafaelino que conservó irregularmente 257 fetos de menos de 20 semanas de gestación y 500 gramos de peso. La noticia tomó estado nacional ante la citación a las mujeres que habían perdido esos embarazos. El médico Jorge Pérez, jefe del departamento de Anatomía Patológica del Hospital Jaime Ferre de Rafaela aludió a cuestiones de "conciencia" para no disponer los fetos como residuos patógenos, como debe hacerse según la reglamentación. Quince años después pidió, a través de su abogado Pablo Posetto, que fueran enterrados. La Jueza Ana Laura Mendoza, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Tercera Nominación de Rafaela, aceptó el pedido y libró 241 oficios para que las gestantes fueran a notificarse de la nueva situación: debían ponerles nombres y sepultarlos. "Resulta de una crueldad inusitada la conducta de un profesional que con la excusa de la objeción de conciencia, impone a las pacientes un proceder que hace revivir a las mujeres y su entorno familiar un suceso que sin lugar a dudas debió ser inesperado y traumático", dijeron desde la campaña de Rosario.
Desde la Campaña, repudiaron "un nuevo intento de imponer creencias y concepciones personales violando los derechos de las mujeres". El médico conservó durante 15 años fetos en formol ý luego recurrió a la justicia para que ahora sean enterrados, cambiando su estatus jurídico en forma contraria a las leyes vigentes.
"Entendemos que este hecho constituye un nuevo intento de imposición de concepciones y creencias personales del profesional responsable, violatorios de derechos consagrados en la Ley 26529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad", dijeron desde la Campaña.
"Bajo el pretexto de la objeción de conciencia, el médico jefe de la sección de anatomía patológica, desconociendo los procedimientos habituales, conservó entre 2005 y 2020, fetos en formol provenientes de pacientes que sufrieron abortos espontáneos antes de la semana 20 de gestación, sin ningún tipo de autorización ni consentimiento informado por parte de las pacientes ni de la dirección de la institución, con la pretensión a partir de la solicitud de una autorización judicial, que dichos fetos sean ahora enterrados en el cementerio local", expresaron desde la Campaña.
Y tienen en claro que no se trata de una rareza solitaria del médico que tomó la decisión de conservar fetos sobre los que no debía tener ningún tipo de injerencia. "Consideramos que el objetivo del proceder del médico absolutamente irregular es reeditar en la agenda pública el debate de la asimilación del feto a la persona humana que los representantes de las organizaciones 'anti derechos' llevaron al Congreso de la Nación durante el tratamiento parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, discusión que fue saldada con extensos fundamentos científicos y legales por parte de lxs más prestigiosxs juristas y académicxs de nuestro país", expresaron desde la Regional Rosario de la Campaña.
También exigieron que haya una contundente respuesta estatal. "Entendemos que es urgente por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe la investigación administrativa del accionar del profesional responsable para aplicar las sanciones que correspondieren, así como impulsar las acciones judiciales en forma inmediata para proteger a las pacientes, resguardando su identidad en respeto al derecho a la privacidad para evitar la victimización de las mujeres involucradas".
Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe emitieron un comunicado en el que subrayan que el hospital "se encuentra trabajando junto a la justicia a fin de conocer en profundidad la situación por la cual la irregularidad en el manejo de restos biológicos se sostuvo en el tiempo y dar contención a las personas que han sido requeridas por la justicia".
Las autoridades señalaron que están comprometidas "con el respeto de los derechos de las personas gestantes que atraviesan pérdidas y también con el respeto de los derechos consagrados en la normativa vigente. Dentro de los cuales se encuentra la protección de su derecho a atravesar por la situación respetando la confidencialidad, el trato digno, el acceso a información oportuna y suficiente, así como el derecho a no ser dañadas o revictimizadas en el paso por los procesos asistenciales".
Ante eso, adelantaron que están "evaluando de forma detallada y comprometida la mejor forma de acompañar esta situación y brindar garantías para que el manejo de todos los restos se ajuste a la normativa vigente y a las recomendaciones de los organismos de rectoría sanitaria. Es nuestra firme intención bregar por el respeto de la dignidad humana y la atención de la salud centrada en la persona".
