Jorge Macri está pisando con pie firme en el terreno judicial. El precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO-Juntos por el Cambio consiguió un dictamen a la medida de sus intereses de parte del procurador interino Eduardo Casal, quien sostuvo que la Corte Suprema no tiene competencia para decidir si tiene los papeles en regla para competir en la Ciudad de Buenos Aires después de haber ejercido doce años como intendente de Vicente López. En el pasado, la Corte hizo caso omiso de lo que había dicho el Ministerio Público y se metió por la ventana para torcer el rumbo de las elecciones en San Juan y Tucumán.

La candidatura de Jorge Macri está impugnada en dos frentes: en la justicia local y en la Corte Suprema. Quien llevó el caso ante el máximo tribunal es Vanina Biasi, precandidata a jefa de Gobierno porteño por la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda (Partido Obrero) dentro del FIT-U. Biasi presentó una acción declarativa de certeza para que los supremos digan si Macri puede competir.

El conflicto es que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 97, establece que quien quiera postularse para gobernar el territorio porteño debe “ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. Pero Jorge Macri no es nativo, ya que nació en Tandil, ni habría residido los últimos cinco años en la Ciudad. Desde 2011 es intendente de Vicente López y en 2021 votó en ese distrito, por lo que aún tenía domicilio allí.

La Corte le pidió a Casal que opinara acerca de si tenía competencia para intervenir. El procurador respondió que no; que ocasionalmente el tema podría llegar por la vía del recurso extraordinario –es decir, después de que se expida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. “Es mi parecer que corresponde a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías locales exige que sean los magistrados de esa índole los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de aquella naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de carácter federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario”, escribió Casal.

Es improbable que los supremos hagan lo que hicieron en San Juan o Tucumán, es decir, dejar fuera de la cancha a los principales candidatos, Sergio Uñac y Juan Manzur. “Casal se lava las manos para salvar la candidatura de Jorge Macri”, respondió Biasi a través de un comunicado “¿Por qué en San Juan interviene y en la Ciudad no? Las pruebas que presentamos son contundentes: Macri no cumple con ningún requisito para ser Jefe de Gobierno. Los expertos en constitucionalismo respaldaron públicamente nuestra denuncia. La Corte Suprema no puede mirar para otro lado frente a la justicia feudal del macrismo en CABA", reclamó.

El lunes, Jorge Macri consiguió el aval del Tribunal Electoral de la Ciudad para seguir adelante con su candidatura. Los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici dijeron que estaba habilitado porque la Constitución no establecía que los cinco años debían ser los “inmediatamente” anteriores a la elección. Tanto Biasi como Eugenio “Nito” Artaza –que habían impugnado su candidatura– recurrieron el fallo ante el TSJ, que tiene un antecedente que parece ir en contra de los intereses del primo del expresidente. 

En 2010, Adrián Pérez –por entonces aliado de Elisa Carrió– presentó una acción declarativa de certeza: quería saber si podía competir el año próximo como candidato para jefe de Gobierno porteño. Pérez era entonces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y vivía entre la Ciudad y el distrito de Azul, donde estaba instalada su familia. El TSJ le contestó que la residencia alternada no podía ser computada a los efectos del artículo 97 de la Constitución local.

De la conformación del TSJ que entonces votó en contra de los intereses de Pérez –que tendría que haber competido contra Mauricio Macri, de haber logrado sortear el veto judicial–, solo quedan dos integrantes: Luis Lozano y Alicia Ruiz. Los otros tres miembros del TSJ tienen aceitados vínculos con el macrismo. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación después de que logró forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. El otro integrante es Santiago Otamendi, que fue el segundo de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos. La tercera jueza es Marcela De Langhe fue, además, directora del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP), la institución encargada de la formación de la policía de la Ciudad y que saltó a la fama en los últimos meses porque era donde estaba contratada la jueza federal María Eugenia Capuchetti mientras investigaba el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.