El sistema electoral argentino tiene virtudes, a menudo negadas. El sufragio universal y obligatorio, herencia de los partidos nacionales populares, mejora la participación y las perspectivas de las personas más humildes. La presencia de personas del común como autoridades de mesa y fiscales propicia controles cruzados con las (más sospechosas) autoridades políticas y judiciales. 

El control posterior, en base a certificados y telegramas confeccionados en las mesas, puede ser lento pero favorece la certeza, que es el valor esencial a custodiar.

Los paladines del voto electrónico se dividen entre los que creen en peces de colores (dejados de lado en democracias occidentales maduras) o ambicionan hackear para ganar. El Jefe de Gabinete Marcos Peña es insospechado de creer en los peces de colores.

Los comicios del domingo conjugaron participación masiva y conducta sistémica de las autoridades ciudadanas y los fiscales. El grave manchón lo produjo el gobierno intentando manipular los resultados en Buenos Aires y Santa Fe. En esta provincia paró el conteo durante horas. Cuando lo retomó, se corroboró lo que se quería ocultar o diferir: que el peronismo sumaba en su interna más votos que Cambiemos.


En Buenos Aires fue peor. Queda claro que los datos se fueron volcando de modo capcioso intentando distraer a la opinión pública, haciendo creer que el ex ministro Esteban Bullrich vencía cómodamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina fue “acortando” la diferencia fraguada. La frutilla del postre fue la interrupción del escrutinio provisorio a las cuatro de la mañana después de ralentarlo exasperantemente.

Leopoldo Moreau, Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarroz plantearon la denuncia en conferencia de prensa (ver página 3). Se condujeron con soltura y responsabilidad. Exigieron lo pertinente: un recuento riguroso y preciso. No bartolearon denuncias penales como la dirigencia de Cambiemos en Tucumán hace dos años. Reservaron, con todo derecho, la potestad de iniciarlas contra los funcionarios directamente implicados como señaló Peñafort. Se abstuvieron de escalar el escándalo, sin renunciar a derechos de Unión Ciudadana y de los votantes.


Hubo casos semejantes desde 1983. En la primera elección se cortó la luz en Santa Fe durante el escrutinio, vaya a saberse si por carencias de servicio o por mala fe de los actores. Antes del apagón, el radical Aníbal Reinaldo iba ganando la gobernación. Después de hacerse la luz lo superó el peronista José María Vernet.

En 2007, el corte de energía se mudó a Córdoba mientras Luis Juez pintaba para arrebatarle la gobernación al delasotismo. Tras el corte, sin duda deliberado y malicioso, el peronista Juan Schiaretti, del oficialismo provincial, le birló la elección.

Hay algún otro antecedente. Son escasos, tal vez sobren los dedos de la mano para contarlos en 34 años. No exculpan a Cambiemos. Al contrario, alertan sobre la gravedad que podría tener repetir la inconducta en una competencia en la que se adjudiquen bancas, a diferencia de anteayer.

Ya hacemos memoria, evoquemos el año 2009 cuando el ex presidente Néstor Kirchner fue superado en las parlamentarias por Francisco de Narváez. O el 2015, cuando ex gobernador Daniel Scioli resultó batido por el presidente Mauricio Macri, también por un margen estrecho.

En ambas ocasiones, la derrota fue reconocida sin trapisondas, a pocas horas del cierre de la votación. Sin cortes de luz o de conteos que lastiman al sistema democrático.