La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer las condenas a los ex jefes de la Policía de Salta Victom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil y José Manuel Reinoso, por el homicidio de un humilde trabajador salteño, cometido el 6 de septiembre de 1976, en el marco del terrorismo estatal. 

En el juicio oral que en 2021 llevó adelante el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, la discusión estuvo centrada en si el hecho constituía un delito de lesa humanidad. Las defensas insistían en que no, y la fiscalía afirmaba lo contrario. En su fallo, dictado en diciembre de 2021, la jueza Marta Liliana Snopek y los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, coincidieron con la acusación y condenaron a prisión perpetua a Mendíaz, Guil y Reinoso, y también al ex comisario Roberto Arredes, sobre el que Casación no se pronunció ahora porque en el medio fue sobreseído total y definitivamente por incapacidad sobreviniente. 

Ahora la Sala III del máximo tribunal penal nacional rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas y confirmó la sentencia condenatoria por la detención ilegal y el homicidio de Calixto Zalazar. “Los hechos atribuidos a los imputados -privación ilegal de libertad y homicidio agravado- sin duda encuadran en la calificación de delitos de lesa humanidad, pues han formado parte de un plan sistematizado y generalizado contra una población civil”, aseguró el juez Juan Carlos Gemignani, el primero en votar y a cuyo pronunciamiento adhirieron los jueces Daniel Petrone y Mariano Borinsky.

Salazar fue detenido el 4 de septiembre de 1976, en las cercanías del viejo Matadero Municipal, en el sudeste de la ciudad de Salta. Fue llevado a la Comisaría Cuarta, donde funcionaba un centro clandestino de detención, y donde fue golpeado por el policía Roberto Astigueta y murió el 6 de septiembre. El cuerpo fue encontrado en la vía pública con un golpe en la cabeza, estaba envuelto en una bandera argentina y tenía  una ametralladora en la mano. Agentes de la policía de Salta informaron a los hijos, los llevaron para reconocer el cuerpo y los interrogaron sobre si su padre tenía militancia política. Después les entregaron el cuerpo sin realizar autopsia y les advirtieron que no debían indagar las causas de la muerte o les pasaría lo mismo.

El tribunal salteño que realizó el juicio concluyó en que el crimen se había cometido en el marco del plan de exterminio generalizado ideado por la última dictadura cívico militar. 

Casación lo confirmó ahora. “La forma en la que fue detenido Zalazar (levantado de la calle junto a uno de sus hijos), su paso por la Comisaria Cuarta (un conocido CCD), la forma en la que fue maltratado y ultimado por el agente de policía Astigueta, el encubrimiento de su homicidio (dejándolo tirado en un terraplén en el ejido de la Comisaria Quinta, envuelto en una bandera argentina junto con una ametralladora) haciéndolo pasar por un subversivo abatido, la total falta de acceso a la justicia de la familia del difunto atento a la inexistencia de notificación de lo sucedido al Fiscal y Juez de turno y las amenazas vertidas a los hijos de Zalazar a efectos de que no indagaran más respecto a lo sucedido con su padre, dan cuenta que la calificación de los episodios como delitos de lesa humanidad es correcta”, aseguró Gemignani. 

El camarista destacó que los acusados "se valieron de esa realidad histórica, de la vulnerabilidad de Zalazar y de la libertad institucionalmente garantizada de impunidad para no hacerse cargo de los delitos que cometieron, quitándole a los hijos de Zalazar, además de su padre, el derecho al debido y oportuno acceso a la justicia dirigido a lograr una investigación imparcial de los sucesos que llevaron a la muerte de su progenitor”.

Efectivamente, recién el 27 de enero de 2009 uno de los hijos de Calixto, Emilio Salazar, denunció formalmente en los tribunales federales la muerte de su padre y el hecho de que nunca se hubiera realizado una investigación. Doce años después, cuando por fin se conoció la sentencia, pensó en su padre, pero también en su hermano Calixto Celestino Zalazar, que aquel 4 de septiembre de 1976, cuando solo tenía 17 años, fue detenido junto a su padre. "Se hizo justicia", dijo. 

Virtom Modesto Mendíaz fue subjefe y jefe de la Policía de Salta. Desde el 28 de noviembre de 1974 se desempeñó como subjefe de esta fuerza de seguridad, desde el 18 de enero de 1975 estuvo a cargo interinamente de la Jefatura y el 6 de septiembre de 1976, el mismo día del asesinato de Zalazar, fue designado jefe de la Policía de la provincia, cargo en el que estuvo hasta el 28 de diciembre de 1976.

Joaquín Guil era jefe del área de Seguridad de la Policía y era el hombre fuerte dentro de la organización, "ejercía el control e impartía ordenes en el ámbito de la Provincia a la vez que recibía instrucciones y se reportaba periódicamente con la jerarquía militar", sostuvo en su fallo el TOF 1, que recordó que en distintos periodos entre 1976 a 1978 se desempeñó como jefe de la policía de Salta de manera interina. 

En 1976 José Manuel Reinoso tenía el grado de subcomisario y era el jefe de la Comisaria Seccional Cuarta, cargo que ocupó desde el  26 de marzo de 1976 hasta el día 4 de noviembre de ese año, en que pasó a ser jefe de la Comisaría Seccional Quinta. 

En el caso de Roberto Rodolfo Arredes era el jefe del área de Personal de Seguridad de la Policía, desde el 24 de agosto de 1976 al 1 de enero de 1977 y, como Mendíaz y Guil, formaba parte de la plana mayor de la fuerza.