Hace poco, alguien llamó a una de las comisarías policiales de Rosario y planteó la necesidad de denunciar un caso de abuso sexual. La respuesta que recibió por parte del oficial que la atendió fue que allí no toman esa clase de denuncias, y que debía acudir a la Comisaría de la Mujer. ¿Y dónde está ese lugar? En Italia al 2100, le respondió el policía. Esta situación, que hilvanó dos errores en un instante, es un síntoma de la despreocupación del Estado por las víctimas de delitos vinculados a la violencia de género. La verdad es que toda seccional policial, centro territorial de denuncias o fiscalía tienen la obligación de recibir una denuncia sobre abuso sexual. Y otra cosa: hace años que la Comisaría de la Mujer no está en Italia al 2100, sino en La Paz 450. Y aquel policía lo ignoraba. 

El Centro de Atención a la Víctima y Testigo de Delito de la Defensoría del Pueblo elevó al Ejecutivo provincial un reclamo para que ponga en condiciones la Comisaría de la Mujer, como se lo conoce al Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos Sexuales y Violencia Familiar que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad. 

El pedido no es de rutina: en lo que va del año, entre enero y junio, ese espacio estatal atendió 1.067 personas víctimas de las distintas variantes de violencia de género, incluidas las de índole sexual. 

El organismo, abreviado con la sigla "CAV", encomienda que "se realicen las mejoras y obras edilicias indispensables" para que ese espacio cumpla debidamente su función. Luego de una inspección realizada en mayo, afloraron varias falencias en lo edilicio y también en cuanto a los recursos humanos que deben brindar contención a las víctimas. En lo puntual, reclaman que sus ambientes estén "debidamente refrigerados y calefaccionados, sin problemas de humedad y con un espacio apto de escucha de niñas, niños y adolescentes víctimas". 

Por otra parte, el planteo del CAV deja al descubierto que los cuatro cargos asignados para psicólogas no están cubiertos en su totalidad y exige que "se proceda a cubrir en forma inmediata esas vacantes" de manera que se garantice la atención permanente durante las 24 horas ante los casos de demanda, de presentación espontánea o derivados por el Ministerio Público de la Acusación. 

La resolución lleva la firma de los titulares de la Defensoría del Pueblo, Gabriel Savino y Jorge Henn, y recomienda además la creación de equipos interdisciplinarios, con profesionales de medicina especializados y capacitados en perspectiva de género, y en protocolos para atender personas adultas y menores de edad que hayan sufrido violencia de género o abuso sexual. Y que de la misma manera garanticen servicio las 24 horas, todos los días. 

"Es muy difícil abordar esta problemática sin un equipo interdisciplinario que funcione adecuadamente", planteó María Laura Pasquero, directora del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo. "Es terrible que el sistema desaliente a la víctima a denunciar, a pedir ayuda, porque si se desgasta su voluntad, si al llegar la psicóloga no está, o si tiene que esperar 3 horas en un lugar desagradable y frío, lo que resulta es la condena forzosa a volver a casa, a volver quizás con el abusador. Esto es lo grave que está pasando", marcó la funcionaria en diálogo con Rosario/12.

La intervención de la Defensoría ante la situación de la comisaría de la mujer se originó a partir de sucesivas denuncias de hace ya años sobre el mal funcionamiento y el estado deficiente de ese espacio donde se reciben denuncias de violencia machista y delitos sexuales, y se debe asesorar a las víctimas mientras se tramita la investigación penal de cada caso. Incluso allí es el lugar donde se realizan peritajes médicos esenciales para el avance de esas causas judiciales.

Ocurría cuando la comisaría de la mujer funcionaba en la planta alta de la comisaría 5ª, en Italia al 2153, y ahora, que funciona en La Paz 450, el edificio de la seccional 4ª. "Falta de insumos y recursos humanos, problemas edilicios, humedades, falta de profesionales con orientaciones y especializaciones adecuadas", enumera el requerimiento destinado al Ministerio de Seguridad.

Pasquero rescató, de todos modos, la "muy buena atención del personal policial, de las profesionales que cumplen su tarea más allá de las falencias del espacio", pero el contexto anula esa voluntad si el lugar para atender a una niña o niño que viene de una situación violenta es una habitación ruinosa y hostil.

Luego de la inspección realizada por el CAV en mayo, la cartera que conduce Claudio Brilloni respondió que la comisaría de la mujer cuenta con 14 empleados policiales y 4 psicólogas, que funciona las 24 horas todos los días del año con equipo de 4 personas en turnos de 24 horas por 48 de descanso. Pero que no cuenta con "profesional de la medicina femenina" y que esa atención se realiza a través de la División de Medicina Legal de la Unidad Regional II.

Aseveró la respuesta ministerial que todo ese personal está capacitado en la Ley Micaela; y asume que el estado edilicio de la sede es malo. "Problemas de humedad, filtraciones de agua, imposibilidad de acceso a personas con movilidad reducida, carencia de climatización en espacios de atención a víctimas", reconoce el Ejecutivo. 

Lo más grave es que además la respuesta de la cartera de Seguridad desconoce que haya planes previstos de mudar el espacio a otro edificio mejor, ni que se haya programado una mejora "de los recursos materiales y personales existentes".

"Los recursos son deficientes y propicia que el servicio se resienta, que no se brinde la correcta atención interdisciplinaria –concluyó el informe del CAV–. No hay 4 psicólogas sino 1 o 2 porque las otras se encontrarían bajo licencia o fueron trasladadas a otra repartición. La atención no es diaria ni espontánea, sino que se brinda dos veces por semana con turnos previamente asignados", marcó con severidad.

Asimismo, señala el planteo que la falta de profesionales de medicina idóneos "implica un alto riesgo por la falta de celeridad en atención de las víctimas (...) que las revictimiza y desgasta". 

Entre otras observaciones, repara en que "falta capacitación en ginecología infantil de los profesionales que atienden. Ello conlleva a la necesidad de repetir el examen por medio de un médico/a forense lo cual expone a la niña, niño o adolescente a una revictimización". 

"No hay personal médico disponible para una atención inmediata. Hay que esperar que esté disponible el médico de turno en la División Medicina Legal de la URII, pero que no es un profesional específico para tratar víctimas de violencia de género, de abuso sexual. El lugar para recibirlas es inhóspito, y no logramos que alguna vez alguien con poder de decisión política solucione esto. Por eso renovamos el planteo y si en 30 días el Ministerio de Seguridad no responde, lo elevaremos a Legislatura", anticipó la directora del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo.

"Existe una palmaria falta de información sobre el procedimiento e intervenciones ante situaciones de violencia sexual en las distintas comisarías de la ciudad, y también es deficiente la información a la sociedad en general, y a las víctimas en particular", añade la resolución de la Defensoría.

Pasquero cuestionó, en resumen, "la falta de interés de los gobiernos por tener este tema en su agenda; no solo por la urgencia de restaurar lo edilicio, para las víctimas y para quienes deben trabajar allí a diario; sino también por garantizar un equipo de trabajo eficaz y constante. Es una cuestión de simples derechos humanos", señaló.