El jueves se conocerá el veredicto en el juicio oral y público por las torturas y desaparición seguida de muerte de Franco Casco, en los Tribunales Federales de Rosario. "Sin justicia por Franco Casco no hay nunca más", es el lema de la convocatoria que familiares, amigos e integrantes de distintos espacios que luchan contra la violencia institucional hicieron para acompañar la sentencia, desde las 9, en Oroño 940. "Como desde aquel octubre de 2014, acompañamos a Ramón y a toda la familia de Franco en esta instancia clave para todes les que anhelamos una sociedad más justa, menos violenta y cruel", expresan para pedir: "¡Abracemos a Ramón Casco una vez más!".

Franco Casco desapareció el 6 de octubre de 2014, cuando iba a tomar el tren para volver a Florencio Varela, donde vivía. Días después, su padre y su mamá, Elsa Godoy, viajaron a Rosario para buscarlo, y entre otros lugares llegaron -por casualidad- a la comisaría 7°, donde lo habían detenido y -según actas oficiales plagadas de irregularidades- había sido liberado el 7 de octubre, a las 22. Lo cierto es que el cadáver de Franco apareció en el río Paraná 24 días después. "Les esperamos en Tribunales Federales porque al Nunca Más lo construimos y lo defendemos entre todes", dice la convocatoria. 

El juicio oral y público comenzó en diciembre de 2021, en el Tribunal Oral Federal número 2 presidido por Otmar Paulucci, e integrado también por Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez. El fiscal es Fernando Arrigó.  

Los acusados son el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte.

También fueron enjuiciados el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y las y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández y Esteban Daniel Silva, como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima. Por el mismo delito, pero como partícipes secundarios, fueron imputados los y las agentes Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortíz y Franco Luciano Zorzoli. Finalmente, los agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, fueron sometidos a juicio por encubrimiento agravado.