Mañana comienzan los alegatos de las querellas en la causa Guerrieri IV: las representaciones legales de las víctimas de delitos de lesa humanidad detallarán la prueba de cada caso y pedirán penas para los quince represores enjuiciados. "Tomamos conocimiento en la audiencia del viernes 7 de julio de que ninguno de los miembros del Tribunal estará presente en la sala de audiencias durante esas jornadas. Decidieron conectarse por zoom. Es decir, nos sentaremos a ver a nuestras abogadas alegar frente a una cámara", cuestionaron los organismos de Derechos Humanos APDH e HIJOS en un comunicado conjunto. En la red social twitter, una de las querellantes, Florencia Garat, le puso poesía al destrato judicial: "Un estrado vacío, un libro muerto de penas. Cuando ya empiecen a dejarnos solos". 

"La presencialidad es la regla, una cosa es que por la pandemia hubiera una conexión remota de los magistrados, pero no puede convertirse en una práctica cotidiana", afirmó Gabriela Durruty, abogada de APDH. Mientras Nadia Schujman, abogada de HIJOS, planteó que "no es aceptable que se desjerarquicen los juicios que fueron esperados por las víctimas y sus familiares durante 45 años, y que fueron impulsados por la lucha colectiva". El Tribunal lo preside Mariela Emilce Rojas y está integrado también por Jaime Díaz Gravier y María Noel Costa, que pertenecen a otras jurisdicciones. 

"La causa lleva casi un año desde su inicio. En ella han declarado decenas de víctimas, y se juzga a los responsables del Destacamento 121 del Ejército y la patota de la Policía Federal, que cometieron los delitos más graves que prevé nuestro ordenamiento jurídico durante la última dictadura", expresaron desde los organismos y recordaron: "Las víctimas que representamos esperaron más de 45 años este momento, construyendo los procesos que hoy posicionan a nuestro país como señero en políticas de derechos humanos en el mundo". 

Por eso, cuestionaron que "los magistrados que dirigen el debate, quienes deben interpretar la copiosa prueba acompañada y, en definitiva, juzgar a los genocidas, en estos procesos que los sobrevivientes y las organizaciones de DDHH posibilitaron, van a escuchar una de las piezas más importantes del debate a kilómetros de distancia". 

En una audiencia anterior, y en presencia de la presidenta del Tribunal, el acusado Walter Pagano debió ser expulsado de la sala de audiencias porque provocó a los presentes, al reírse del alegato de la Fiscalía. Esta situación puede agravarse si en la sala sólo quedan las abogadas querellantes, el fiscal, los gendarmes que custodian a los acusados y los pocos acusados que asisten a las audiencias. Además, la cámara sólo toma a la persona que habla, de modo que pueden darse situaciones que el Tribunal no perciba. A la distancia, es más difícil que puedan garantizar el orden en la sala. 

HIJOS y APDH exigieron que las juezas y el juez "estén a la altura del rol que les ha tocado. La inmensa mayoría de quienes testificaron valientemente, al sentarse a declarar, agradecieron al Tribunal que les dieran la posibilidad de hacerlo, resaltando la importancia que tienen, la responsabilidad que implica". Y por eso, señalaron que una situación de semejante vacío a las querellas "hace unos años era impensable". "No vamos a resignarnos a dejar de exigir lo que creemos corresponde. Nadie nos hace un favor por llevar adelante estos juicios. Es una obligación, incluso internacional, del Estado argentino", subrayaron. 

Durruty abundó sobre la necesidad de presencialidad. "Las querellas somos las representantes directas de todas las víctimas del estado genocida en la sala de audiencia. Tenemos el imperativo legal de exigir en su nombre que no se desjerarquicen los procesos de memoria, verdad y justicia que se llevan adelante en nuestra jurisdicción", dijo la abogada, quien recordó que "los sobrevivientes y familiares de víctimas tienen el derecho a ser escuchados adecuadamente". 

Al mismo tiempo, invitaron a concurrir a los Tribunales Federales (Oroño 940) a presenciar los alegatos que serán mañana y el martes, desde las 9. También se podrán seguir por YouTube. 

La causa Guerrieri IV comenzó en agosto de 2022. El viernes terminó el alegato de la Fiscalía, a cargo de Adolfo Villatte. La causa se centraba en 62 casos, de los cuales 54 eran desapariciones forzadas u homicidios. Durante el juicio, la acusación se amplió y se consideró como víctimas a los niños que permanecieron en cautiverio con sus padres o permanecieron retenidos en el operativo de secuestro, por lo que se llegó a 81 damnificados en total. Además, en el debate se aborda también la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente.

Dentro de la lista de los imputados, se encuentran quienes fueron integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército: Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach. También estaba imputado el PCI José Luis Troncoso, pero en agosto de 2022 el tribunal suspendió su intervención en el debate por incapacidad sobreviniente.

Completan la nómina expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: Federico Almeder, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo, Enrique Andrés López, Osvaldo Tebez, Oscar Giai y Roberto Squiro. De todos ellos, Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegan al juicio sin una condena previa.