El viernes se cumplieron los 15 días de tiempo ordenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sacar a Milagro Sala del Penal de Mujeres del Alto Comedero. El Cels, Amnistía Internacional y Andhes enviaron ese mismo día un informe al organismo de la OEA para informar el in-cumplimiento de la resolución. Mientras continúan llevándose a cabo medidas que pueden habilitar la domiciliaria, pasaron las elecciones en Jujuy, donde la única política pública del gobierno de Gerardo Morales, como recordó la dirigente ayer en un comunicado, “fue la persecución a los movimientos sociales, a los trabajadores, la privación ilegal de mi libertad y la de mis otros compañeros”. También evaluó que “Cambiemos más el Frente Renovador sacaron un diez por ciento menos que en 2015”. En diálogo con PáginaI12, su defensora Elizabeth Gomez  Alcorta señala que el Gobierno no cumplió con la resolución antes de las PASO porque significaba exponer una derrota.

–¿Cómo están los trámites judiciales?

–Desde el viernes pasado, el gobierno nacional se encuentra incumpliendo la medida cautelar. Los peticionarios constataron que sólo nos dieron una notificación para que dijéramos en qué domicilio podría estar ella ante una eventual prisión domiciliaria, pero que más allá de eso nadie se puso en contacto con nosotros ni con ellos. Por lo tanto, ese viernes informaron a la CIDH sobre el incumplimiento. 

–¿En qué estado están las cosas ahora?

–Lo que sabemos es por intuición. Vamos escuchando a los jueces en entrevistas públicas, al gobernador Gerardo Morales, al secretario de Derechos Humanos de Nación. Parte de lo que adivinamos es que como Milagro es una presa política, el plazo que se iban a tomar para resolver cualquier cosa iba a estar en relación con el calendario electoral. Si uno piensa que Sergio Lelo Sánchez, el fiscal general, dispuso que los fiscales emitan un dictamen para pedir a los jueces que resuelvan en 24 horas las actuaciones de Milagro, hay que preguntarse cuál es la razón por las que en este caso no se tomaron 24 horas. Y muy por el contrario, las pocas actividades que llevaron adelante las ordenaron sin límite de tiempo.

–¿Por ejemplo?

–Los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos (a cargo de las causas con detención) pidieron al ministro de Seguridad Ekel Meyer que pida a las fuerzas federales un informe para ver si pueden custodiar a Milagro ante una eventual domiciliaria. No dieron plazos. Y está pendiente una respuesta de las fuerzas de seguridad. Esta falta de plazos es un problema grave en un caso urgente, con una medida cautelar que habla de irreparabilidad del daño, de urgencia y gravedad. Se buscó ganar tiempo porque iban a tomar la resolución luego de las PASO. Vuelve a quedar en evidencia algo que está claro ya para la ONU y para la CIDH: que es una presa política. 

–¿Cómo cree que influyó el caso en las PASO?

–La bandera de Morales, el estandarte de la campaña y de las políticas del gobierno fue la detención de Milagro. En ese contexto, la efectivización de la medida que viene a decir que Milagro Sala es perseguida y hostigada por ser una lidereza social, popular y sobre todo una oponente política de Gerardo Morales. La obligación de liberarla, la confirmación de que existieron irregularidades y que venga una autoridad como la CIDH a decirle a Morales que tiene que hacer algo, es una derrota que no quisieron jugar una semana antes de las PASO.

–El sábado se hicieron inspecciones en la casa. ¿Es normal?

–En causas en materia federal son centralmente los genocidas quienes gozan de prisión domiciliaria. Yo trabajé en esas causas y no conozco un solo caso en el cual un juez haya hecho una inspección y que estén custodiando a un genocida. Ninguna de las dos cosas. Nunca. Acá otra vez una novedad. La excepcionalidad que usa el poder judicial cuando se trata de Milagro. 

–Hay funcionarios que hablaron de posibles restricciones. 

–No existe en la historia de la argentina una prisión domiciliaria con algún tipo de restricción. La restricción es que la persona tiene que estar en su domicilio. Es la única restricción legal en Argentina.