En la vecina República Oriental del Uruguay se vive, desde hace semanas, la angustia de la falta de agua potable. Todos los medios se reiteran alarmados porque el líquido que sale de las canillas es no sólo escaso sino turbio, salado, imbebible. Lo que viene generando una masiva angustia ante una escasez de agua que podría ser tan grave como la peor pandemia. Y situación para la que no contribuyen ni cierto periodismo amarillento ni la negación sistemática del gobierno del presidente Lacalle Pou, que metafóricamente hace aguas con notable torpeza y necedad.

El panorama es tan sombrío como fácilmente explicable dado que es un hecho la amenaza de posibles correlatos en territorio argentino, como lo señala un informe de Carlos Silvestri, un analista de sistemas residente en Trelew, Chubut, que desde hace dos años estudia el fenómeno del llamado "oxígeno verde" a partir de la muy veloz admisión del gobierno de la Provincia de Río Negro y cuyo informe –­declara­– "apunta a narrar o describir las características técnicas, bondades y/o antecedentes internacionales en la explotación, comercialización, usos y aplicaciones de este nuevo recurso energético que se está convirtiendo en una pieza esencial para que se produzca una transición energética que pueda garantizar un futuro sostenible, y de la que se espera sea la alternativa proveedora del 12% de la energía consumida, para el año 2050".

Desde que en noviembre de 2021 empezó a circular esa rara especie dizque tecnológica (el hidrógeno líquido), también el Gobierno Nacional participó de las tratativas con el empresario supuestamente mega minero Andrew Forrest, directivo de la empresa australiana Fortescue, que anunciaba una inversión de nada menos que 8.400 millones de dólares para producir Hidrógeno Verde en la Patagonia.

Como era obvio, prácticamente nadie en la Argentina, ni en el vecino Uruguay, tenía idea alguna acerca de ese anuncio por lo menos extraño. Y del que la única personalidad argentina reconocible en tal proyecto no era un ingeniero o técnico sino un jugador de rugby, famoso una década atrás: el Sr.Agustín Pichot.

Lo cierto es que velozmente se activaron resortes políticos, periodísticos, lobbies y lo que Silvestri define como "el infaltable cipayaje que parecía babearse de solo pensar en los grandes negocios que esta actividad parecía prometer". Y acerca de la cual no sobraba información.

Fue con diferentes actores, políticos y universitarios, que pudo saberse poco a poquito cuál era el origen de esa "noticia". Según Silvestri, "luego de los anuncios del Presidente Alberto Fernández y la empresa Fortescue, todo el gobernante partido Juntos Somos Rio Negro, encabezado por la gobernadora Arabela Carreras, se puso en campaña para que la legislatura provincial votara con urgencia un proyecto de ley que planificaba la total entrega de recursos al grupo Fortescue Future". Y lo más sorprendente fue que "ningún legislador de ese partido –subrayó Silvestri– señaló los seguros daños de este proyecto extractivista a costa de Áreas Protegidas chubutenses. Y así, rápidamente, por ley provincial se declararon de “interés público” los intereses de Fortescue, pasando por alto la Ley de Tierra vigente, que protegía a la Meseta Somuncurá de toda acción industrial humana.

El sólo hecho de promover con urgencia inusitada la aprobación del proyecto presentado por la Gobernadora, claramente no fundamentado en la crisis climática sino en la necesidad de no quedar afuera de un negocio de producción de hidrógeno verde for export, hizo que importantes docentes y científicos de las Universidades Nacionales de Río Negro y del Comahue, así como del CONICET y otros institutos, se manifestaran en contra mediante un documento, mientras en paralelo los legisladores provinciales aprobaban una declaración para que se declarase el Puerto Punta Colorada y aledaños, en cercanías de Sierra Grande, como "Zona Franca" libre de impuestos a fin de favorecer la radicación de capitales interesados en producir el ya meneado Hidrógeno Verde.

La principal y veloz “entrega” por parte del gobierno provincial consistió en la concesión por 50 años, y con opción a 25 más, de una enorme porción del territorio provincial: nada menos que 625.000 hectáreas, o sea casi 30 veces la superficie de la CABA.

Como se informó, tan extensos territorios fueron cedidos para instalar parques eólicos con cuya energía se realizaría el proceso de hidrólisis para separar las partículas de hidrógeno de las de oxígeno. Pero los informes se saltaron señalar que la Meseta Somuncurá es una región fundamental para el centro-sur rionegrino, dado que alberga fauna y flora nativa en un estado de conservación inigualable, por lo que está prohibida toda acción humana con fines de producción industrial. Habitan allí especies únicas como la rana de Somuncurá y la mojarra desnuda, que es el único pez autóctono. Además es un territorio en el que todos los años se hacen ceremonias para la suelta de cóndores.

Río Negro es, por lo tanto, una provincia en la que un estrés hídrico crónico tendría consecuencias lamentables, y es por eso que toda el agua potable está asociada a las necesidades humanas en todas las localidades. Situación idéntica a la que ahora mismo padece el pueblo uruguayo, donde las grandes pasteras y el hidrógeno líquido han venido siendo letales para la población.

Desde su arribo a la Argentina en noviembre de 2021, Fortescue difundió que la producción energética se basaría en la desalinización de agua de mar (como hay experiencia en España). Pero no era eso lo que se decía en diversas publicaciones específicas, en las que se sostiene que la obtención de agua provendría de napas subterráneas linderas con la localidad de Sierra Grande, donde se concentraría la planta de producción y que está próxima al puerto de Punta Colorada, que se transformaría en Zona Franca por donde exportar la producción en buques de gran calado.

La protesta, que no se hizo esperar, y la complejidad misma de esta supuesta industria, llevaron a Fortescue –según el Diario Río Negro– a reconsiderar su desembarco en Argentina. Y es que desde el vamos resultaba evidente que el gran negocio sería empresarial, y no en beneficio de este país por más que se endulzaran algunos oídos gubernamentales. Y es que Río Negro, por la entrega de una extensión semejante, recibiría sólo 120 millones de dólares. Nada en comparación con las enormes rentas que obtendría la empresa.

A todo esto la gran mayoría de los legisladores, la gobernadora y hasta el Presidente Fernández se tomaron fotos, sonrientes, con los representantes de la empresa. Las únicas voces opositoras al proyecto provinieron de comunidades mapuches y de investigadores e intelectuales universitarios, partiendo todos de la convicción de que ninguno de esos proyectos aportaría gran cosa.

Es obvio que proyectos como el de la minera multinacional australiana (o sea británica) Fortescue, apuntan exclusivamente a llenar futuras demandas de hidrógeno de los países industrializados del Norte Global, particularmente Gran Bretaña y Alemania. Que en palabras de Silvestri "se esperanzan con obtener rentas sin aportar nada a las necesidades energéticas de la población, con la repetida y extorsiva promesa de crear puestos de trabajo".