“Estigmatizar a las personas por un diagnóstico es un acto de absoluta discriminación”, manifestó la curadora oficial María José Miranda, al ser consultada por los procedimientos que se siguen en casos de madres o padres con padecimientos mentales, y la responsabilidad sobre sus hijas e hijos y los regímenes de comunicación. La curadora sostuvo que la separación debe hacerse sólo en casos graves que pongan en riesgo a las infancias.
Miranda destacó "el gran cambio que operó en la legislación" en estos últimos años, porque se ha girado hacia el modelo social en materia de discapacidad, cuya tesis principal se basa en “que el problema no es la persona sino la sociedad que debe derribar los obstáculos para que sea incluida”.
“En el viejo Código Vélez Sarsfield, por el solo hecho de tener esquizofrenia o psicosis, te ponían una curatela, no podías tomar nunca más una decisión en tu vida”, explicó. Señaló que “ahora el diagnóstico no determina” a una persona, y al menos la legislación le garantiza poder llevar una vida normal, “manejar dinero, trabajar, ejercer el rol materno” sin ponerse ni poner en riesgo a la sociedad.
Uno de los instrumentos más importantes en la legislación argentina es Ley de Salud Mental Nº 26.657 de 2010, que establece “que estigmatizar a las personas por un diagnóstico es un acto de absoluta discriminación”.
Dicha ley entiende a la salud mental como "un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona".
La curadora también señaló que el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhirió el Estado argentino, cambió el paradigma, y afirma “que es necesario poner fin a la discriminación a las personas con discapacidad en el matrimonio, la familia, y demás condiciones personales (...) Que tienen derecho a contraer matrimonio, casarse, decidir el número de hijos, el tiempo entre el nacimiento de un hijo y otro, a tener información sobre la planificación familiar".
En el contexto de la familia, la curadora sostuvo que se debe garantizar “la tutela, guarda y adopción" a las personas con discapacidad y entre ellas a quienes tienen padecimientos mentales, salvo en casos en que ese derecho entre en conflicto con el interés superior de las infancias, garantizado en la Convención de los Derechos de Niñas y Niños.
En específico, dijo que se prevé que las niñas y los niños "no sean separados" de sus padres o madres, salvo cuando autoridades competentes determinen que es necesario en resguardo de ese interés superior. Sin embargo, "la discapacidad de los padres o niños, no son motivos 'per se' para separarlos", aclaró.
¿Qué pasa cuando padres o madres reciben un diagnóstico de padecimiento psiquiátrico? Miranda explicó que hay "distintos grados", algunos casos pueden implicar la restricción de capacidad y otros no. También dijo que hay diagnósticos que "no incapacitan a la persona para vivir". "La esquizofrenia, bipolaridad, psicosis, son enfermedades de por vida, no significa que hay que restringirles la capacidad, si es responsable y concurre a los controles periódicos, va a depender de la situación de cada caso", indicó.
Cuando se inicia el proceso de la restricción de capacidad, “lo que antes se llamaba curatela", se determina si las personas "cuentan o no con la capacidad para hacerse cargo de los hijos, a través de una pericia interdisciplinaria con psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales”.
Cuando la pericia indica que las personas pueden hacerse cargo de sus hijas e hijos, “con autonomía e independencia, en ese caso el juez no le va a restringir la capacidad" basándose en los mandatos de la Convención, explicó la curadora.
La ley nacional 26.657 dice que la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. También reconoce el derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
"Los más frecuente es que sí se hacen cargo de los hijos, pero no con total independencia sino que necesitan ayuda", indicó Miranda. También contó que por lo general es una “madre, hermana o alguien del entorno” quien ayuda a completar las tareas o sirve de apoyo para que en estos casos madres y padres puedan realizarlas.
Madres y víctimas de violaciones
Miranda también reveló que son mayormente las mujeres con padecimientos mentales quienes se hacen cargo de hijas e hijos y que además muchas de ellas han sido víctimas de violencia sexual.
"Hemos visto más casos de mujeres que de hombres, por lo general son madres que se han quedado solas con sus bebés. Muchas mujeres, que han quedado embarazadas, han sido violadas. Han sufrido un abuso sexual, por lo que no existe la figura paterna", afirmó.
La curadora también dijo que sólo intervino en casos de maternidades de mujeres adultas, no de niñas o adolescentes. Consideró también como probable que sea por el acceso al aborto legal.
La curadora recordó un caso de un joven padre con padecimiento psiquiátrico “que se hacía cargo" del hijo.
La suspensión de la responsabilidad
"Cada 10 casos, en uno se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental”, afirmó la curadora. "En el menor número la pericia dice que la persona no está en condiciones de ejercer el rol materno (o paterno), porque pone en riesgo la vida o integridad física del niño".
Miranda explicó que en esos casos, el procedimiento está regulado por el artículo 702 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la suspensión de la responsabilidad parental o marental "mientras dure la restricción de capacidad por razones graves de salud mental que impiden dicho ejercicio". "Si la patología es tan grave, es un caso excepcional", señaló.
En tales situaciones, el juez o la jueza interviniente “manda a que otra persona tenga la representación legal" y se deben buscar referentes familiares. Pero cuando no hay nadie más en la familia extensa que pueda hacerse cargo de niños y niñas, puede declarar la “preadoptabilidad", aunque la adopción es la “ultima ratio”, advirtió la curadora.
Explicó que cuando interviene la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia apartando a las infancias de sus padres o madres “es por una situación extremadamente grave”. Y aclaró que aún en estos casos “se les da la oportunidad de que hagan tratamiento, se compensen”, “además de buscar a la familia extensa”.
Nueva sala en el Ragone
La curadora oficial anunció que en agosto se prevé la inaguración de la nueva sala de varones en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone. Dijo que es una "mega obra" que tendrá consultorio odontológico, fisioterapia, espacio para pre alta, baños en condicionesl y laboratorio para análisis clínicos. Señaló que esto se consiguió luego de intimaciones judiciales.
Miranda dijo que en su última inspección había en la sala de agudos, 17 varones. Y en las otras eran 60
El Comité Nacional y el Provincia de Prevención de la Tortura, el año pasado realizaron monitoreos al hospital y señalaron las condiciones deplorables en que se encontraban las personas internadas ya que la estructura edilicia no es la adecuada y también falta personal para la atención. Miranda contó que el fin de semana pasado, no había agua en el hospital porque se rompió una bomba, y luego de que se mediatizara la situación les enviaron 4 camiones cisternas.
Miranda dijo que aún hay pocos psiquiatras y turnos prologados "a muchos meses". "Intimo para que se remodele la sala de mujeres", añadió también.
La curadora dijo que hay 13 mujeres internadas, de larga estadía, que permanecen allí porque están solas. "Hace 20 años que están ahí, no tienen a nadie en el mundo y no pueden irse a vivir solas por la edad", indicó.
Miranda destacó que luchó "un año" para conseguir que se habilite una casa de medio camino, "Guadalupe", y alrededor de 10 personas que estaban internadas en el Ragone pudieron pasar a esa residencia que alberga a adultos y adultas mayores con padecimientos psiquiátricos.
"Hay que lograr que se hagan más casas de medio camino", señaló Miranda.
El hospital Ragone, también había 32 mujeres de distintas edades internadas para compensación. Miranda dijo que "siempre hay más varones que mujeres".
Miranda también señaló que faltan profesionales en el interior provincial, dijo que en Metán hay un solo psiquiatra. Mientras que en Orán, luego de que se judicializara la problemática mediante un amparo, "se está trabajando en un protocolo" para que se brinde la atención en salud mental y resaltó que no se consiguen psiquiatras que quieran ir al norte.
