Cientos de familias que intentaron asentarse en un predio ubicado en el barrio Atocha, en el municipio de San Lorenzo, lindante a la ciudad de Salta, fueron reprimidas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo últimos. La Mesa de Derechos Humanos de Salta responsabilizó al gobierno provincial y le exigió políticas públicas de vivienda para responder con soluciones a las problemáticas habitacionales.
El dirigente de la CTA- Autónoma Alejandro Nanterne fue golpeado por policías, demorado y liberado en la mañana, y luego tuvo que ser internado en el Hospital San Bernardo por una lesión en la pierna y una hemorragia interna. Además, fueron golpeados y demorados un veterano de guerra de Malvinas y un vecino. Incluso una periodista fue empujada y le dispararon a los pies, pero no fue lesionada porque el impactó dio en taco del borcego.
En el pedido y la orden de represión intervinieron la fiscalía penal de San Lorenzo a cargo de Natalia Saravia y el Juzgado de garantías Nº 4.
"Fueron (a la toma) compañeros dirigentes de algunos sectores, independientes y de asociaciones. Se enteraron que había un predio. Nos piden colaboración para acompañar", explicó a Salta/12 el dirigente de la CTA Autónoma Julio Molina.
Entre otras organizaciones, estuvieron la asociación de taxis, la de música, de instructores de gimnasia, también la asociación de periodistas movileros (AMOSAL) y la Unión de Inquilinos (UTAFI), iglesias evangelistas y movimientos sociales que están dentro de la CTA- A; cada una llevó a un grupo de personas con necesidades habitacionales. Eran de Salta Capital y de San Lorenzo.
Molina indicó que también había personas que fueron por su cuenta, y que había familias que se instalaron desde las 16. Además, señaló que había personas que tenían trámites de 20 y hasta 28 años en espera de una vivienda social, y "uno tenía al padre que esperó 47 años la casa".
"Había 200 personas, no lograron armar nada", dijo Molina. Entre ellas, en su mayoría eran mujeres, algunas con niños y niñas, también había personas con discapacidad, y algunas en situación de calle.
Molina describió que cuando llegaron al lugar había muchos policías, de Infantería, Caballería y la Motorizada, que les superaban en número. También señaló que a la vera del río que se ubica en cercanías, había un grupo de 60 personas; contó que una chica habló con él para decirle que querían sumarse a la toma, pero no llegaron a hacerlo debido a la presencia policial.
Molina dijo que se trata de un predio que tiene cuatro canchas y tiene más terreno a los costados. Explicó que un particular, Telmo Luna, tiene un comodato sobre ese lugar pero lo estaba perdiendo al no haber construido nada y autorizó a las organizaciones para que las familias con necesidad habitacional se asentaran. Contó que habló personalmente con este hombre, quien le ratificó que la gente podía ingresar y asentarse pero no quiso darles esa autorización por escrito. Mencionó que según le habían referenciado, el lugar podía dividirse en 287 terrenos.
Molina también indicó que por vecinos supo que otro hombre tenía otro comodato y allí alquilaba las canchas y cobraba estacionamiento.
El dirigente indicó que la policía había sido alertada de la toma, dijo que hubo compañeros que publicaron en redes sociales que se iban a asentar y al parecer también hubo quienes informaron a las autoridades del municipio de San Lorenzo, y "cuando llegamos estaba lleno de Infantería y policía", ratificó.
Ante la situación, hicieron una asamblea a la orilla de la calle y frente a la misma policía, todo esto fue pasadas las 23 del sábado. El dirigente aclaró que en esa reunión dijo que “si corría sangre era responsabilidad de la fiscal” y no "si tiene que correr sangre, que corra"m como publicó un medio de comunicación. En esas circunstancias, "Me llaman de un sector porque había un policía que había insultado a una mujer, que había golpeado a un niño", entonces fue decirle a los efectivos que "estaban para cuidar, no para insultar", relató. Luego sintió el ruido de un disparo, había empezado la represión.
Golpeados y demorados
Sobre la violencia que sufrió Alejandro Nanterne, que fue golpeado por efectivos policiales. "Cuando estaba discutiendo con la policía. Lo agarraron, lo tiraron al piso y lo patearon como sapo", describió Molina. En ese momento intervino el veterano de Malvinas David Garros, "se tira encima para que no lo golpeen más, a los dos los meten al furgón", contó, y dijo que a él también intentarlo detenerlo, pero finalmente lo dejaron en libertad.
Nanterne, Garros y otro hombre fueron demorados en la Comisaría de Atocha. Molina contó que con otros compañeros fueron a la Comisaría y pidieron ver a Nanterne, pero la policía primero no los dejaba, y finalmente cuando les permitieron pasar el detenido les dijo que también fue golpeado estando ya bajo custodia. Indicó que Nanterne vomitaba sangre y fue trasladado al hospital, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada.
El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, dijo a Salta/12 que intervinieron apenas tomaron conocimiento de la detención y ratificó que fueron tres los demorados. "Nos constituímos en la Comisaría de Atocha y a media mañana ya fueron liberados en el Hospital San Bernardo luego de la revisión. Efectivamente, Nanterne quedó internado por una hemorragia interna. Vamos a hacer seguimiento del caso durante toda la semana por si las personas quieren hacer denuncias y para evitar represalias", informó Solá.
Nanterne fue dado de alta en el atardecer de ayer. Contó que durante la represión lo atacaron alrededor de 5 efectivos de Infantería con tonfas, incluso todavía tiene un chichón en la cabeza. También confirmó el relato de Molina acerca de que Garros se tiró encima suyo para evitar que lo siguieran golpeando, y dijo que también lo defendió la periodista Teresita Frías, quien se puso en el medio para evitar que lo patearan y filmó la situación. En ese momento también ella fue empujada por la policía y después le dispararon una bala de goma a los pies, pero impactó en el taco del borcego.
"Me llevan en la chancha, no podía ni respirar. Me llevan a mí con Garros. Cuando llegamos me dice el oficial de Infantería que me baje, tenía la pierna torcida, y me dolía, no podía respirar. Sube y me pega una patada en la rodilla, me rompió todo eso, y me dejó con una hinchazón impresionante y me lastimó", detalló Nanterne.
Relató que este policía lo tomó del pie, de la misma pierna que había pateado, y lo arrastró para bajarlo del móvil. "Me había golpeado estando detenido dentro del móvil policial", resaltó y dijo que todo fue en presencia del "subcomisario Martínez", "el único identificado".
Los otros demorados también tenían golpes pero superficiales, indicó Nanterne. El joven demorado hizo la denuncia policial, "porque le pegaron a él y a la mujer embarazada" al reprimirlos. Según manifestó Nanterne, a la mujer "le hicieron un disparo en la oreja con bala de goma" y luego "estaba con dolores".
El referente gremial sostuvo que sabía que sus compañeros hicieron una denuncia contra el efectivo que lo violentó y contra la fiscala Saravia, aunque no se confirmó que se hubiera realizado. "(A la fiscala) No le interesó hablar con nosotros, para mediar por la situación de las compañeras que necesitaban un terreno donde construir y darles un hogar a sus hijos. La mayoría eran mujeres, compañeras nuestras, había de la Unión de Inquilinos, enfermeras", aseveró.
Cuestionó además que Saravia no aplicó "el código de convivencia social", "no llamó al diálogo, no se hizo presente y no llamó a un mediador. El subcomisario transmite que la orden estaba dada para que se reprima".
Nanterne aseguró que unas 200 personas fueron con organizaciones sociales, sindicatos y también dos iglesias evangelistas, y que todas estaban en la parte de adelante del predio, aunque por atrás y los costados entraron más personas.
"Exigimos soluciones, no más represión"
"Parece que entre los gobiernos autoritarios del NOA, se ha puesto de moda reprimir en fechas patrias. Hoy, 9 de julio, la policía de Sáenz reprimió y desalojó a familias que, junto a organizaciones sociales y dirigentes sindicales, intentaron asentarse en tierras fiscales en Atocha, municipio de San Lorenzo", manifestó ayer la Mesa de Derechos Humanos de Salta, integrada por Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Politicas y Gremiales, la Asociación Coca Gallardo, la Asociación Lucrecia Barquet e HIJOS Salta.
La Mesa responsabilizó al gobierno de Gustavo Sáenz "por la salud de Alejandro Nanterne, herido en la represión" y le exigió que "arbitre políticas públicas para paliar la situación de falta de viviendas en Salta". También recordó que el derecho a la vivienda digna "está consagrado en nuestra Constitución Nacional y es reafirmado por la adhesión a tratados internacionales de Derechos Humanos de parte del Estado argentino".
La organización denunció "el desmanejo de las tierras" en la provincia, "donde en 2021 el déficit habitacional rondaba las 72.000 familias sin techo, los hogares con pisos de tierra o techos realizados de manera muy precaria llegan al 2,4% del total, esto es, nueve mil hogares, mientras que el 2,1% del total, ocho mil hogares, no cuentan con red de agua domiciliaria o pozos protegidos".
"Asimismo, los hogares que no poseen una red de cloacas alcanzan a más del 13% del total (alrededor de 51 mil hogares), mientras que los hogares asentados en basurales o villas inundables llegan al 35,2% (136 mil hogares aproximadamente)(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, 2021)", señaló la Mesa en un comunicado.
Además, resaltó que Salta es la provincia con más tierras en manos extranjeras de la República Argentina. "Así, 1.727.411 hectáreas, que representan un total del 13,8% del total de tierras, se encuentran en manos foráneas. En términos porcentuales, los siguientes departamentos de la provincia son los que más extranjerización de tierras poseen: San Carlos (58,8%), Molinos (57,8%), Guachipas (34%), La Viña (29,7%), General Güemes (29,4%), Cerrillos (26%), Orán (23,5%), Cafayate (23,1%) y Chicoana (17,4%)".
La Mesa también señaló que el gobierno salteño "realizó donaciones por más de 150 hectáreas a entidades privadas, clubes deportivos, iglesias, colegios, sindicatos y cámaras empresariales". Esto implica el equivalente a 7500 lotes de 200 metros cuadrados.