El creciente conflicto armado, con homicidios y desapariciones en Chiapas, confronta a ONG y activistas que denuncian un "clima de guerra" con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que la región está en paz.
"Chiapas vive un escenario de guerra y el Gobierno mexicano es muy irresponsable al minimizar toda esta violencia aguda que se está viviendo, paralizando la paz en la población", expresó en entrevista Carlos Ogaz, responsable del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Agregó que el estado, ubicado en el sureste de México, "vive una guerra posibilitada por la impunidad, por la inacción, omisión del Gobierno mexicano ante esta problemática y eso hace que vaya en aumento y no se vean acciones estratégicas para garantizar la vida y la seguridad de la población".
La organización Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq también señaló su asombro ante la negación del Gobierno mexicano frente los ataques de grupos paramilitares y del crimen organizado contra la población civil de la zona fronteriza México- Guatemala.
"Todos esos crímenes los vemos en comunidades zapatistas, no zapatistas, existen constantes ataques armados, la población no puede vivir una vida normal, todos saben que existe el tráfico de drogas, de personas, de armas y por eso resulta increíble que exista una negación y que digan que aquí no pasa nada", expuso Mariela Vázquez, integrante de Ajmaq.
"Es una guerra civil, ni siquiera mal gobierno o gobierno incompetente, sino que es algo que ya no está, no escuchan, no ven y no dicen nada; hay un desgobierno, entonces el Estado y el crimen organizado están entretejidos y está afectando la dinámica local", dijo Diana Itzu, también miembro de Ajmaq.
Chiapas bajo fuego
En el estado de Chiapas, la población está integrada mayormente por grupos indígenas mayas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, entre otros, quienes padecen la creciente violencia aunque el Gobierno federal insiste en que hay paz en la región.
En la región, además de un conflicto armado, se aloja violencia que ejercen grupos paramilitares, mientras la delincuencia organizada que se disputa el territorio y grupos armados se han apoderado de varios pueblos originarios.
A ellos se agregan los problemas que enfrentan los defensores de derechos humanos, disputas por las tierras, miles de desplazados por violencia y crimen organizado, desaparecidos, creciente violencia feminicida y presos políticos.
Además, los ataques a las comunidades que se identifican con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cesan y el municipio de Pantelhó está en conflicto con dos grupos que se autodenominan autodefensas, lo que ha resultado en 12 personas asesinadas.
Pero aunque activistas y habitantes han advertido de un "clima de guerra" en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una visita el 23 de junio que "en general hay paz y tranquilidad".
Paramiitares y autodefensas
La aparición de un nuevo grupo armado autonombrado Ejército Civil en el municipio de Pantelhó, el 1 de julio, y la guerra que ha activado con el grupo de autodefensa El Machete, ha obligado a las autoridades municipales a negociar para llegar a la paz, pero ha sido inútil.
Según los reportes, casi todos los días están en confrontación el Ejército Civil, financiado por un grupo delincuencial reconocido como los Herreras, contra las autodefensas El Machete, a pesar de que el Ejército mexicano tiene presencia en la zona.
"Nosotros le decimos al presidente López Obrador que somos testigos de lo que está pasando en Chiapas, hay enfrentamientos, grupos armados, un mayor tráfico de armas, entonces, si no está pasando nada, ¿por qué hay desapariciones y desplazamientos forzados?", dijo Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación Civil Internacional de defensores de DD.HH.
