El gobierno nacional pidió a la Corte Suprema que dicte una cautelar para suspender los artículos de la Constitución de Jujuy que limitan el derecho a la protesta y afectan los derechos de los pueblos originarios. Nueve días atrás, el Ministerio de Justicia les había reclamado a los supremos que dictaran la inconstitucionalidad del texto que Gerardo Morales hizo aprobar a las apuradas, pero no tuvo respuesta. “La Corte Suprema se mostró decidida a no investigar ni meterse con sus socios de Juntos por el Cambio como el gobernador Morales y candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Por ese motivo, nos vimos en la necesidad de exigir el tratamiento urgente y expeditivo para frenar la represión violenta, la persecución de dirigentes opositores y los allanamientos ilegales, entre otras situaciones totalmente irregulares que se viven en la provincia”, explicó a Página/12 el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

En las últimas horas, Soria hizo una presentación ante el máximo tribunal para que se frene la aplicación de los artículos 67 (protesta social), 94 (tierras fiscales) y 95 (manejo del agua), que son los que mayor controversia han generado. Lo que pide el gobierno nacional es que Jujuy se abstenga de poner en práctica lo que establece el articulado. “Con la solicitud de esta medida cautelar se persigue que no se torne ilusoria una sentencia favorable a la posición del Estado Nacional. La medida cautelar solicitada se muestra como una razonable medida asegurativa del objeto del proceso”, dice el escrito al que accedió este diario.

Los cuestionamientos del gobierno de Alberto Fernández –que es quien ordenó la intervención de la cartera que lidera Soria– se centran en dos grandes ejes: las afectaciones al derecho a la libertad de expresión y las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 67 es el que consagra un derecho a la “paz social” y, para hacerlo, prohíbe toda manifestación que pueda ser considerada violenta. En la implementación de ese artículo, la que tendrá la facultad de decir qué manifestación es pacífica y cuál no es la policía –que fue la que encabezó la represión de las protestas de las últimas semanas–. Ese mismo artículo, prohíbe los cortes de calles y de rutas y veda la ocupación “indebida” de los edificios públicos.

Por otro lado, están los artículos 94 –referido a las tierras fiscales– y 95 –que se aboca al manejo del agua– que afectan a las comunidades originarias, que, pese a haber pedido ser escuchadas por la Convención Constituyente, no fueron recibidas por quienes estaban redactando el texto constitucional en tiempo récord.

“El gobierno de la provincia de Jujuy continúa con acciones represivas, que lejos de propender al logro de la paz social, se traducen en claras violaciones a los derechos humanos de quienes pretenden ejercer sus libertades de expresión, reunión, asociación, participación política y sindical”, sostuvo Soria en su presentación.

El gobierno, además, recordó que ya hubo pronunciamientos de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) –que incluso pidió una entrevista con el gobernador Morales para advertirle de la gravedad que podría acarrear la puesta en vigencia de la nueva Constitución–.

“El gobernador Morales llevó adelante una reforma constitucional en menos de un mes, cuando por ejemplo, la reforma anterior de la Constitución Jujeña en el año 1986 se debatió durante un año. Entre gallos y medianoche –y con el uso de la fuerza represiva–, el candidato de Juntos por el Cambio cercenó derechos para todos los jujeños, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentino”, sostiene Soria.


Reunión con organismos

El viernes, Soria y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibieron a una comitiva de organismos de derechos humanos para discutir la situación en Jujuy. Entre otros estuvieron, Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora), Vera Jarach (Fundación Memoria Histórica y Social Argentina), Eduardo Tavani (APDH) y otros referentes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Comisión Zona Norte, Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

En el encuentro, Pietragalla Corti –que estuvo en Jujuy relevando los casos de violencia policial e institucional junto con la APDH y los Curas en Opción por los Pobres– anunció que la Secretaría de Derechos Humanos actuará como querellante en la causa que se instruye por la represión que desató Morales en la provincia.

Audiencia ante la CIDH

Este lunes tuvo lugar una audiencia ante la CIDH para tratar la situación de los pueblos indígenas. El secretario de Derechos Humanos dijo que el gobierno nacional lamentaba la situación que se generó en Jujuy a partir de la reforma constitucional que promovió Morales. "Esta reforma desconoció los derechos a la consulta y a la participación", recalcó Pietragalla Corti.

Ante las prorotestas, "la respuesta del gobierno provincial fue una cruenta represión", agregó en su exposición. "Nos parece inaceptable", afirmó ante los integrantes de la Comisión.

De la reunión participaron organismos de derechos humanos y representantes de las comunidades originarias. "Vamos a solicitar a la Comisión que preste especial atención a la evolución de la situación en Argentina atentos a la posibilidad cierta de que sectores políticos que promueven agendas racistas y represivas accedan al gobierno nacional en el corto plazo", reclamó, por su parte, Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).