Juan José Rúa y Herna Silva de Rúa fueron secuestrados de la casa donde vivían, en el Barrio San José de Temperley, el 14 de octubre de 1977. Juan José era empleado en una fábrica de Wilde y Herna “Vela” era modista. “Mi mamá tenía una militancia política, aunque no se dedicaba de lleno, luchaba por sus ideales, como todos los que no están hoy”, dijo Mónica Rúa al comenzar su declaración sentada delante de una pared cubierta con los rostros y nombres de personas que pasaron por el Pozo de Quilmes. Esa noche de 1977, Mónica miraba televisión. Era casi medianoche y todos dormían cuando se escucharon ruidos de autos. El perro empezó a ladrar y Juan José se levantó. Abrió los postigos y vió que le apuntaban: “Abrime o te mato”, le dijeron. Mónica estaba parada detrás de él. Cuando su padre abrió la puerta entraron varios hombres vestidos de civil y empuñando armas. “Nos hicieron salir a todos al porche y acostarnos en el suelo mientras nos apuntaban en la cabeza.” En la casa también vivía la abuela paterna de Mónica. “Cuando entraron revolvieron todo, buscaban armas”. A Mónica la hicieron sentar en la punta de la mesa y le pidieron que trajera los documentos de su padre. Ella les dio la libreta de enrolamiento y la libreta cívica pero se quedó con la cédula de identidad. Les preguntó por qué se lo llevaban: “Porque tenemos que terminar con estos montoneros y lo vamos a hacer”, le respondieron. Mientras lo esposaban para llevárselo, su madre dijo: “Yo voy con él”.

“Mi mamá se fue a cambiar porque estaba en camisón y después le ataron las manos. Mi papá les pidió que no los encapucharan porque estábamos nosotras y mi abuela”. Antes de salir, la madre de Mónica les dijo que fueran a la casa de al lado donde vivía “una tía del corazón”.

Después de esa noche salieron a rastrearlos por las comisarías pero nadie sabía nada. Un tío que vivía en Bernal fue a buscarlas al día siguiente. Metieron algunas cosas en el auto y se las llevó con él. A los pocos días hicieron un habeas corpus. En esa oficina Mónica vio a muchísima gente que también preguntaba por sus familiares. “Se me abrió el mundo de la búsqueda. ¿Dónde están? ¿Dónde buscarlos? Teníamos terror y miedo, porque no sabíamos nada. Fueron meses a la espera de un llamado, de alguna novedad”, dijo Mónica en la sala de audiencias. Un día encontraron un anónimo en el jardín de la casa. Era una carta que decía que ambos estaban bien y que habían sido llevados a la Comisaría 3º de Valentín Alsina. Mónica y su tía fueron a buscarlos pero en la comisaría les dijeron que ahí no había nadie. Preguntaron a quién podían recurrir, a dónde ir. “Nos mandaron al Regimiento Nº 3 de La Tablada a hablar con el Capitán Juan Carlos”. ¿Te animás a ir?, le preguntó su tía. Fueron. Mónica creyó que de ahí no salían más. Entraron a una oficina donde había un señor “muy amable” que les dijo: “¿Ustedes querían verme?” La tía de Mónica, mostrándole una foto, le dijo: “Buscamos a este matrimonio."  A lo que el capitán respondió: “Voy a dar órdenes, vayan mañana a la Comisaría 3º de Valentín Alsina”.

Ahí, efectivamente, pudieron verlos. Los dos estaban muy delgados y desmejorados. Corría el mes de septiembre de 1978. Dos meses más tarde, trasladaron Juan José a la Unidad 9 de La Plata, donde estuvo preso nueve meses y después a la cárcel de Caseros. A Herna la llevaron a la cárcel de Devoto. Ambos recuperaron su libertad en 1980, cuando fueron liberados desde Coordinación Federal. “Las consecuencias de esa desaparición nos marcaron como familia, como personas y nos hicieron ver la vida desde otro lugar. Ya nada fue igual ni para ellos ni para mí”, cerró Mónica su testimonio.

La causa “Brigadas”

El juicio oral y público que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) conocidos como Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, y El Infierno, en Avellaneda, es una causa unificada que ya cuenta con la declaración de 295 personas. Aún restan unos 25 testimonios. Esta es la etapa final de la recepción de pruebas. Se espera que en septiembre comiencen los alegatos y que la sentencia salga antes de fin de año.

Entre los y las testigos que declararon de manera virtual en la última audiencia ante el TOF Nº 1 de La Plata, estuvieron Juan Miguel Bougnet, un militante del PRT-ERP que fue secuestrado en la ciudad de Campana el 28 de mayo de 1975 y trasladado primero a Puente 12, luego al Pozo de Quilmes y de allí a otros centros de detención hasta que recuperó su libertad; Hugo García, militante del PC, secuestrado en diciembre de 1977 en un colectivo con un paquete de diarios del Partido Comunista y llevado a la Comisaría de Claypole, de ahí al Pozo de Quilmes, donde permaneció una semana y fue liberado; Amanda Cuevas, hermana del Colorado César o el Colorado de Solano, que fue secuestrado el 17 de octubre de 1976, en el Partido de Almirante Brown y llevado al Pozo de Quilmes. Él militaba en la organización Montoneros y permanece desaparecido. Finalmente, llegó el turno de Mónica Rúa que dio su testimonio vía Zoom desde el ex Pozo de Quilmes, lugar donde estuvieron cautivos su madre y su padre, durante 8 meses. Mónica estaba nerviosa y la acompañaban una de sus hijas y miembros del Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia. El impacto fue grande, porque declarar desde ese lugar, —hoy Sitio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos— entre las fotos de compañeros y compañeras de sus padres, y dar cuenta de su historia, la remontó a su adolescencia, cuando presenció el operativo de secuestro de sus padres. Mónica tenía 14 años y su hermana 11.

Este juicio se inició el 27 de octubre de 2020, durante la pandemia, y es el más grande de la jurisdicción. Los jueces son Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico; los fiscales generales, Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda; y Juan Martín Nogueira junto a Ana Oberlin actúan como fiscales auxiliares. Originalmente había treinta imputados pero muchos de ellos fallecieron a lo largo de estos años. Quedaron solamente doce. Los imputados pertenecen a Inteligencia del Ejército y a la Policía, que actuaban en los tres centros clandestinos de detención. 

Ana Oberlin dice: “A esas personas se suma Jaime Lamont Smart, que era ministro de Gobierno y quien, justamente desde ese rol, consideramos que aportó los medios necesarios para que estos hechos ocurrieran. En un comienzo se abordó lo ocurrido con 442 víctimas pero, a partir de esta ampliación, pudimos sumar casos que llegaron en el último tiempo al Tribunal Oral. Se sumaron 176 casos y ya son más de 600. Además, se agregó como particularidad lo ocurrido en la Brigada de Investigaciones de San Justo en relación a un imputado que es Julio Candioti, del Destacamento 101, que lo detuvieron más tarde que al resto y quedó fuera del juicio anterior”.

Ana Oberlin es fiscal auxiliar en la causaFoto: Infojus

En la última audiencia, Mónica Rúa declaró como testigo del secuestro de sus padres. 

Subraya Oberlin: “En éste, como en muchos otros juicios, vienen prestando testimonio hijos e hijas de personas secuestradas y sobrevivientes, como es el caso de Mónica, pero también de desaparecidos y desaparecidas que dan cuenta de la dimensión del Terrorismo de Estado y de cómo niños y niñas fueron personas victimizadas durante esos años”. 

La funcionaria señala que son varios los casos de niños, niñas y adolescentes en centros clandestinos y que, a pesar de haber presenciado —e incluso sufrido— torturas, fueron ignorados por la justicia. “Recientemente empezaron a ser relevados. Esto tiene que ver con que el derecho es androcéntrico pero es también androadultocéntrico e invisibiliza, en general, las experiencias de niños y niñas. Casi que se considera lo sucedido con niños y niñas un daño colateral y no se le da la centralidad que debe tener. Porque no solamente fueron personas victimizadas sino que, en razón de sus edades, en muchos casos, esto incrementa su victimización. Y esto, en general, es ignorado o invisibilizado por parte de la justicia. Solo recientemente se ha podido avanzar e incorporar estos casos, a pesar de que hace muchos años venimos pidiendo que se tomen en cuenta. Hoy lo vimos en el caso de Mónica, cómo lo contó y cuántos detalles recordaba porque justamente al tener 14 años, quedó muy impactada por todo lo que presenció: por el secuestro de su mamá y de su papá, por lo que fue la búsqueda y la vida posterior para ella y su familia. Entonces, la palabra de los niños y niñas de ese momento es sumamente relevante y la justicia debe escuchar lo que tienen para contar y debe empezar en algunos casos y en otros continuar, teniéndolos en consideración como parte de las personas victimizadas por lo que ocurrió durante el Terrorismo de Estado”. Y agrega: "Que estas historias tengan mayor visibilidad es muy relevante porque forman parte de este mundo adultocéntrico que suele minimizar y minorizar las experiencias de niños y niñas. Hablar de lo que les pasó durante el Terrorismo de Estado es también hablar de lo que sigue ocurriendo hoy en el sistema de justicia, cuando un niño o una niñas es victimizado, victimizada y como, muchas veces, no se escucha su palabra, no se escucha lo que tienen para contar respecto de lo que vivieron y se ignoran sus experiencias. Estos juicios tienen mucho del pasado pero también, por la legitimidad y visibilidad, mucho para decir de cómo hay continuidades, de cómo ejerce el mundo adulto hacia niños y niñas y cómo ignora, en general, sus victimizaciones".