La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería formalizaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la presentación del Plan de Trabajo y Acción para el cumplimiento de la primera sentencia sobre derechos de los pueblos indígenas referida a la Argentina.
Durante los últimos tres años, la Unidad Ejecutora de la sentencia, que funciona en el ámbito de esa Secretaría y cuyo titular es el Jefe de Gabinete Nicolás Rapetti, lideró un trabajo de articulación interjurisdiccional e interagencial dirigido a cumplir con el ambicioso programa de reparaciones para la comunidad Lhaka Honhat impuesto por el tribunal regional.
La Unidad Ejecutora tuvo como principal función promover la cooperación y la generación de alianzas entre los tres niveles del Estado y las comunidades indígenas y las familias campesinas que residen en uno de los territorios más vulnerables del país: los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia, en la Provincia de Salta.
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la CIDH con el acompañamiento del CELS, en 1998.
En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante negociaciones sobre el territorio de 643 mil hectáreas.
En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.
