En junio de 1976, y con diferentes excusas, un grupo de jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio en el Hospital Militar Central fueron convocados a acudir al subsuelo del edificio, localizado en la Avenida Luis María Campos. Allí fueron golpeados y adormecidos mediante la aplicación de inyecciones, subidos a un camión –algunos testimonios lo describieron como una ambulancia– y trasladados a Campo de Mayo, donde fueron torturados durante días. Algunos de ellos permanecen desaparecidos. Otros sobrevivieron y callaron, por temor, durante años. Hasta que uno se animó a denunciarlo. La Justicia de San Martín lo investigó y quedó a un paso de las indagatorias, cuando la causa pasó a la jurisdicción porteña. El juez Daniel Rafecas debe definir si continúa él o no.

En el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, los hombres que en esa época eran jóvenes obligados a pasar una temporada en las Fuerzas Armadas son de una importancia vital. No solo para aportar lo que vieron o escucharon como "testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas”, como dice la Secretaría de Derechos Humanos en el relanzamiento de su convocatoria destinada a esas personas. Sino también porque entre ellos hay víctimas del terrorismo de Estado. “En todas las causas encontramos cómo en las tareas de contrainteligencia del Ejército jóvenes conscriptos fueron secuestrados y torturados, algunos liberados y otros nunca más aparecieron”, destacó el abogado querellante Pablo Llonto.

Es “importante” que esas personas se acerquen a contar lo que vivieron, postuló el abogado. “Son personas que quedaron con mucho miedo” y sus relatos “sirven de mucho” para obtener justicia y verdad. Según registros oficiales, se calcula que entre 1974 y 1983 fueron unos 300 mil los jóvenes que hicieron el Servicio Militar Obligatorio. Alrededor de 200 permanecen detenidos desaparecidos. Unos 10 mil ya aportaron sus testimonios a la Justicia.  

El secuestro

José D’Avanzo pasó los primeros días de su instrucción militar obligatoria, cuando tenía poco más de 18 años, en Campo de Mayo, desde donde fue destinado al Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, del Ejército. Allí, autoridades del hospital les ordenaron a él y a un grupo de entre diez y veinte conscriptos, suboficiales y personal civil acudir al subsuelo de la institución, donde fueron posteriormente separados en diferentes habitaciones.

A él lo golpearon, lo acusaron de “extremista” y le aplicaron una inyección que lo adormeció. Lo subieron a un vehículo en el que había más personas, cosa que notó porque “dentro del vehículo sentíamos los cuerpos que se caían”, declaró. Lo llevaron “encapuchado” a un lugar que quedaba a “una hora de viaje”. Por los “ruidos de aviones y desfiles de entrenamiento militar”, creyó que se encontraba en Campo de Mayo. Allí lo torturaron con picana, lo tildaban de “subversivo” y tras “siete u ocho días” lo liberaron en la plazoleta del cementerio de Lomas de Zamora, encapuchado y con las manos atadas.

D’Avanzo compartió su historia con la Secretaría de Derechos Humanos recién en mayo de 2013. La historia fue rescatada por el abogado Llonto y presentada como denuncia formal ante el Juzgado Federal 2 de San Martín, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la guarnición militar más grande del país. Ante la secretaría dedicada a estos hechos dentro del juzgado de Alicia Vence, otros exconscriptos contemporáneos de D’Avanzo fortalecieron su relato, lo ampliaron y detallaron. Algunos, como Hugo López, aportaron información que supieron por dichos. Otros, como el denunciante, son sobrevivientes del mismo hecho.

Rubén Santos, por ejemplo, le puso fecha al operativo que lo secuestró y nombre y apellido a varios de quienes fueron trasladados y torturados en Campo de Mayo, como él y D’Avanzo. Dijo que el 20 de junio de 1976 lo sacaron de la fila de la jura de la bandera y lo enviaron a la guardia médica. Allí, un grupo de sargentos lo comenzaron a golpear al grito de “hijo de puta, te vamos a matar”, le vendaron los ojos, le ataron sus manos y le aplicaron una inyección que, como a D’Avanzo, le provocó una pérdida temporal de la memoria, según figura en la causa. Luego lo subieron a un camión en donde había más personas y lo trasladaron a un lugar en el que terminó atado a una cama. Allí, cada tanto “escuchaba desfile de soldados”. Fue liberado el 9 de julio, contó, tras ser interrogado bajo tortura “acerca de su inclinación política y sobre su familia”, resumió Vence. Antes de aquel episodio, el exsoldado confió a la jueza que una patota de Coordinación Federal había revuelto su casa e interrogado a su mamá.

Santos mencionó que compartió cautiverio con “el sargento Moreau” y el “cabo Luna”. Héctor Moreau y Roberto Luna coincidieron en el camión que partió el 20 de junio de 1976 desde el Hospital Militar Central hacia Campo de Mayo y también sobrevivieron. Moreau, que en el momento de los hechos era técnico radiólogo en el hospital, contó ante la jueza Vence el mismo derrotero que Santos y D’Avanzo: llamado al subsuelo, inyección –él precisó que las drogas fueron Valium y Pentotal–, tabicamiento, traslado. Dijo saber “con exactitud” que estuvo secuestrado entre “siete u ocho días” en la cárcel de Encausados de Campo de Mayo. En su testimonio mencionó a un “soldado de apellido Giménez” y a los “suboficiales Luna, Penel, Fernández, D'Avanzo, Cardozo, Cuneo, Jorge”.

El futuro de la causa

Con diez años de instrucción recorrida, la revisión de legajos y la recolección de numerosa cantidad de testimonios, Llonto solicitó a Vence que cite a prestar declaración indagatoria a las autoridades de Campo de Mayo y del Hospital Militar Central al momento de los hechos, así como a varios militares mencionados por las víctimas como partícipes de sus secuestros. Toda gente mayor, por cierto. La medida debía ser activada “en forma urgente antes de que se consume la conocida ‘impunidad biológica’ por demoras o inacción de los jueces”, sostuvo el abogado.

En lugar de avanzar en esa dirección, la jueza de San Martín consideró probados los secuestros, pero se declaró incompetente para continuar y derivó, en abril pasado, el expediente al Juzgado Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Rafecas. Según su opinión, es allí donde debe continuar la causa porque los exconscriptos fueron secuestrados en territorio del Primer Cuerpo del Ejército. Ahora debe resolver Rafecas.