La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que el viernes último presentó formalmente el esperado plan de cumplimiento de la sentencia por la que el 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado argentino entregar un título único sobre 400 mil hectáreas a las 132 comunidades indígenas comprendidas en la Asociación Lhaka Honhat, que viene reclamando el reconocimiento de este derecho desde la década del 80. 

Esta es la primera sentencia del tribunal del sistema interamericano de derechos humanos en un caso contra Argentina referido a pueblos indígenas, de tal modo que es un antecedente valioso para otras reivindicaciones territoriales que pueblos indígenas  vienen sosteniendo en distintos puntos del país.

Sobre el caso concreto de Lhaka Honhat, que comprende un amplio territorio de 643 mil hectáreas, de las cuales 200 mil son destinadas a habitantes criollos, la Secretaría de DDHH de la Nación recordó ayer que durante los últimos tres años la Unidad Ejecutora de la sentencia, que precisamente funciona en el ámbito de esta Secretaría, y cuyo titular es el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti, "lideró un intenso trabajo de articulación interjurisdiccional e interagencial dirigido a cumplir con el ambicioso programa de reparaciones impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Es que además de la propia sentencia, que consideró reparatoria, y de la entrega del título único "en un plazo máximo de seis años", la Corte IDH ordenó que se lleven a cabo acciones para la "conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.

La Secretaría de DDHH nacional recordó que esta Unidad Ejecutora tuvo como principal función promover la cooperación y la generación de alianzas entre los tres niveles del Estado y las comunidades indígenas y las familias campesinas que "residen en uno de los territorios más vulnerables del país": los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, en el extremo noreste de la provincia de Salta, donde limita con Paraguay y Bolivia. El organismo nacional también reconoció "la valiosa facilitación y participación de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el caso, como la Asociación Lhaka Honhat, el CELS, ASOCIANA y FUNDAPAZ".

Acuerdos prioritarios 

La Secretaría también reseñó que en sus inicios este proceso permitió alcanzar una serie de acuerdos prioritarios entre el Estado y las comunidades, que, recordó, "surgieron de una consulta previa libre e informada llevada a cabo en junio de 2022, y que fueron posteriormente homologados y celebrados por la Corte Interamericana, a principios de este año" y que tienen que ver con la delimitación y demarcación de la propiedad comunitaria indígena y el acceso al agua. 

El Plan formalizado el viernes avanza sobre las cuestiones restantes y contiene compromisos adquiridos por más de una veintena de organismos públicos nacionales y provinciales, que se organizan en cuatro ejes temáticos, detalló la Secretaría. 

Entre esos ejes se destacan el de restitución territorial, que involucra al INAI, el INTA, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI) y los ministerios nacionales de Economía y Desarrollo Social, además de los ministerios provinciales de Infraestructura, Producción y Desarrollo Social. Este eje comprende acciones para la delimitación y demarcación de las 643.000 hectáreas que deben ser distribuidas mediante un proceso de “acuerdo de partes” entre las comunidades indígenas y las familias campesinas. 

En este eje también se establecen definiciones sobre la titulación del territorio comunitario y reglas de actuación para los conflictos de desapoderamiento o turbación de tierras afectadas al proceso territorial, precisó la Secretaría de DDHH. "Se contempla además una fuerte inversión pública nacional para apoyar la relocalización de las familias campesinas que deberán trasladarse a la porción de 243.000 hectáreas que les fueron cedidas por las comunidades y por el gobierno provincial, incluyendo agua para consumo y producción, herramientas, maquinaria comunitaria, etcétera", añadió.

Otro eje destacado es sobre mejoramiento de la calidad de vida, que contempla desde obras públicas para el acceso al agua para consumo humano (con 37 perforaciones profundas y camiones de distribución de agua para el municipio, módulos de captación de agua de lluvia y de desbordes de ríos), hasta acciones en materia de soberanía alimentaria (cercos agroforestales y herramientas para la producción de alimentos), educación (fortalecimiento de la educación intercultural y construcción de escuelas), infraestructura (contención del río Pilcomayo e instalación de infraestructura comunitaria). 

Este eje involucra transversalmente a varios ministerios nacionales: de obras públicas, economía, desarrollo Social, salud, educación, seguridad, justicia y derechos humanos, entre otros. "Los y las funcionarias, trabajadores y trabajadoras de los más de veinte ministerios involucrados en la construcción de este plan de ejecución conformaron un equipo estatal transversal que con mucho compromiso logró la concreción de esta tarea", aseguró la Secretaría.

Este Plan presentado ante la Corte IDH será analizado por las comunidades indígenas, quienes podrán plantear modificaciones o incorporaciones y finalmente, la Corte IDH tomará una decisión sobre él, la Secretaría indicó que este tribunal puede aprobar el Plan disponiendo modificaciones. Luego la Corte Interamericanca supervisará su cumplimiento.

"No se puede desperdiciar ninguna fuente de agua"

Precisamente, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, una delegación técnica de Corea recorrió el territorio de Lhaka Honhat con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre el manejo del agua

El director de la delegación Salta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Guillermo Baudino, contó en declaraciones a Radio Nacional que la delegación fue convocada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que a través del ENHOSA está encargado de garantizar la provoisión de agua a las familias criollas e indígenas comprendidas en el territorio en litigio. 

Aunque todavía no se conoce la conclusión a la que llegó el equipo técnico, Baudino, que asesora a la cartera de Obras Públicas nacional, contó que el prediagnóstico es que en ese territorio "no se puede desperdiciar ninguna fuente de agua, todas las fuentes son necesarias, algunas van a servir para el ganado, para la vida económica, importantísima, y otras sirvirán para lo higiénico, segura, y una pequeña fracción de agua potable, esa tiene que ser de la mejor calidad, para eso se están haciendo las cisternas para el agua de lluvia y para guardar el agua que la municipalidad le pueda llevar en camiones a los puestos que están tan alejados".

Baudino definió lo que se está pensando para el acceso al agua en esa parte del departamento Rivadavia como un "sistema complejo de provisiones de fuentes múltiples".

Esa provisión se haría aprovechando por un lado el agua subterránea, "una de las fuentes más importantes"; otra vía de provisión sería a través de la recolección de agua de lluvia usando los techos y cisternas. Y por otro lado, se está analizando la posibilidad de volver a una vieja práctica: el aprovechamiento de represas, "juntar agua, un poco de lluvia, un poco de lo que desborda el río mejorando el sistema de represas que existían". Si bien estas represas están "un poco descuidadas", Baudino dijo que se considera la posiblidad de "reflotar la tradicción de utilizar las represas y con eso mejorar dos cosas", mitigar un poco las inundaciones aprovechando el agua de los desbordes para que no cause daño y a la vez "utilizarla para guardarla para la época seca". 

Un caso testigo 

El reclamo de la entrega de un título único para las 132 comunidades indígenas que habitan en los ex lotes fiscales 55 y 145, llegó en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS.

Mientras el lento trámite seguía, las comunidades indígenas y las familias criollas se organizaron y llevaron adelante un proceso de diálogo sobree las 643 mil hectáreas en el que arribaron al acuerdo que luego convalidó la Corte IDH en cuanto a la cantidad de hectáreas para cada sector.

En 2018, el caso llegó a la Corte IDH, que ordenó al Estado argentino ejecutar esos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas que están residiendo en las 400 mil hectáreas que se entregarán en título único a las comunidades de los pueblos Wichí, Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).