A diferencia de lo que hizo en San Juan y Tucumán –donde impidió que compitieran los gobernadores peronistas Sergio Uñac y Juan Manzur–, la Corte Suprema encontró su propio límite cuando recibió un planteo contra la presentación de Jorge Macri como el candidato del PRO-Juntos por el Cambio a jefe de Gobierno porteño. El Partido Obrero (PO) impugna su postulación porque no es nativo ni vivió en la Ciudad en los cinco últimos años, como establece la Constitución local. Sin embargo, tres de los supremos, sin ponerse colorados, dijeron que la cuestión no era de su competencia y dejaron la resolución en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, donde el macrismo tiene mayoría automática.

Vanina Biasi es la precandidata a jefa de Gobierno porteño por la lista Unidad de luchadores y la izquierda –dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad (FIT-U)--. Ella impugnó la candidatura del primo del expresidente tanto en la justicia local como en la Corte Suprema. Ante el máximo tribunal, Biasi presentó una acción declarativa de certeza. Quería que los supremos le dijeran si Jorge Macri puede ser efectivamente candidato.

El problema con la postulación de Jorge Macri es lo que establece el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad. Allí se estipula como requisito que quien quiera ocupar la jefatura de Gobierno debe “ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. El primo del expresidente no nació en la Ciudad, sino en Tandil y desde 2011 es intendente en Vicente López. Según surge de una entrevista que le concedió su pareja, la periodista Belén Ludueña, a la revista Hola, los dos empezaron a convivir en 2020 en La Lucila, Vicente López.

El viernes, el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte no tenía que involucrarse en el tema porque era un asunto de la justicia local. Este martes, los supremos –ni lerdos ni perezosos– firmaron un fallo en línea con lo dictaminado por Casal.

“El pleito exige en forma ineludible interpretar cláusulas constitucionales de la CABA vinculadas con las condiciones requeridas para ser electo como titular del Poder Ejecutivo local, asunto que concierne a su procedimiento jurídico político de organización, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”, escribieron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

El cuarto integrante, Ricardo Lorenzetti, no firmó porque está de licencia durante esta semana. Hay quienes especulan que el fallo salió tan rápido porque Rosenkrantz también ya avisó que se tomaría unos días compensatorios a partir del miércoles. En esa situación, la resolución no podía salir sin la firma de Rosenkrantz –el supremo más alineado al mundo PRO.

“Cuando se trata de un Macri, la Corte Suprema no hace interpretaciones que tengan que ver con las Constituciones –en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires–, sino que saca un fallo político en el cual se abstuvo de opinar. Si tuviera que opinar, tendría que darme la razón porque el artículo constitucional es muy claro”, le dice a Página/12 Biasi. “La Corte Suprema de Justicia demostró una vez más que en la Argentina no hay independencia de poderes, sino que hay un Poder Judicial que, de acuerdo a cómo esté ubicado políticamente en cada momento de su historia, responderá o no a diferentes intereses”.

Donde hay una necesidad nace un estándar

“En mayo la Corte Suprema suspendía elecciones provinciales para evitar el triunfo del peronismo, ahora garantiza que el primo Macri sea candidato en la Capital Federal. No importa qué miembro de la Familia Macri sea, con el Partido Judicial siempre son privilegiados”, tuiteó el ministro de Justicia Martín Soria después de que se conociera el fallo.

En San Juan, la Corte impidió que compitiera Sergio Uñac y Unidos por San Juan le arrebató la gobernación al peronismo. En Tucumán, Manzur no pudo competir como vice pero no hubo batacazo de la oposición. Sin embargo, más allá de los resultados, la Corte alteró el curso de las elecciones. Lo hizo ante planteos similares al de Biasi en los que también había que interpretar constituciones locales. Sin embargo, en esas dos ocasiones, los supremos sostuvieron que estaba en juego el artículo 5 de la Constitución Nacional –que consagra el sistema republicano representativo en cada una de las provincias–. En este caso, no vio peligro semejante.

El contexto del fallo que beneficia a Jorge Macri es particular. Los integrantes de la Corte Suprema afrontan un proceso de juicio político. Los vínculos con el PRO, particularmente con Horacio Rodríguez Larreta, son parte de la acusación. Este martes, se ventiló que el vocero de Rosatti, Silvio Robles, participó –sin que figurara en las actas– de una de las audiencias privadas entre el gobierno porteño y el gobierno nacional sobre la disputa de la Coparticipación. Según la exministra Silvina Batakis, que se presentó como testigo ante la Comisión de Juicio Político, Robles estuvo sentado en la parte posterior de la fila que ocupaban los funcionarios de Larreta (ver aparte).

Un tribunal amigo

La decisión sobre si Jorge Macri puede ser candidato está en manos del TSJ. La semana pasada, el Tribunal Electoral de la Ciudad hizo una interpretación benevolente del artículo 97 de la Constitución de la Ciudad y dijo que, en realidad, no se le exige que los cinco años sean “inmediatamente” anteriores a las elecciones, por lo que, en ese caso, el primo del expresidente cumpliría con el requisito.

Habrá que ver cómo hacen los supremos porteños para convalidarlo porque ese mismo tribunal, en 2010, le dijo a Adrián Pérez –por entonces aliado de Elisa Carrió– que no podría competir como jefe de gobierno porteño porque “alternaba” su residencia entre Azul, donde vivía su familia, y la Ciudad de Buenos Aires, donde ejercía como diputado nacional.

De los jueces que firmaron ese fallo solo quedan Alicia Ruiz y Luis Lozano, que, en ese momento, dijeron que el tribunal no debía tomar el caso. Los otros tres integrantes están directamente ligados al PRO. Son Inés Weinberg de Roca (la candidata de Macri a la Procuración después de forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó), Santiago Otamendi (su exviceministro de Justicia) y Marcela De Langhe, que estaba a cargo del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP) –donde se forman los policías de la Ciudad y donde reportaba como investigadora la jueza María Eugenia Capuchetti mientras investigaba el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner–.