La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó, este martes, una nueva reunión y fue para analizar el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
Expusieron Silvina Batakis, ex secretaria de la Secretaría de las Provincias, Ministerio del Interior; Pedro Oscar Goyochea, asesor General de Gobierno la Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.
La comisión investiga si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño en sus funciones al aceptar la cautelar promovida por la administración de Horacio Rodríguez Larreta ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.
El funcionario explicó, previo a la reunión, que argumentaría como afectó al sistema federal la medida cautelar y consideró en este sentido que con CABA “esta equiparada a una provincia cuando no es provincia sino una ciudad federada y la asistencia por lo tanto debe ser con leyes especiales firmadas con el Estado nacional”.
En la reunión Goyochea habló sobre la figura de Amicus Curiae y comentó que en julio y diciembre de 2022, La Rioja realizó la presentación para ser amigos del tribunal y no tuvieron respuestas. “Para participar en este proceso judicial y ser escuchados, ya que la acordada de esta figura contempla los juicios de carácter ordinario como los que se presentan en materia originaria como es este caso entre el Estado y CABA”, explicó según la información oficial publicada por la Cámara de Diputados de la Nación.
El asesor aclaró que se tomaron dos aspectos para esa presentación, uno que “tiene que ver con una naturaleza histórica” (estructura y rol de las provincias del norte) y el otro con una “cuestión de carácter jurisprudencial”. “Hemos advertido que la Corte a partir de 2017 adoptó lo que se denomina un nuevo standard en lo referido a las presentaciones de CABA, para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitir la CABA para estos juicios originarios. Desde el año 2004 la Corte Suprema de manera coherente y sistemática ha venido rechazando esa capacidad ya que les corresponde únicamente a las provincias”, especificó.
El asesor General de Gobierno, explicó a La Red, previo a la reunión, que argumentaría en la manera que afectó al sistema federal la medida cautelar y consideró en este sentido que CABA “esta equiparada a una provincia cuando no lo sino que es una ciudad federada y la asistencia, por lo tanto, debe ser con leyes especiales firmadas con el Estado nacional”.
En la reunión de la comisión, Goyochea hizo referencia a la figura de Amicus Curiae y comentó que en julio y diciembre de 2022 La Rioja realizó la presentación para ser amigos del tribunal y no tuvieron respuestas. Pidieron "participar en este proceso judicial y ser escuchados, ya que la acordada de esta figura, contempla los juicios de carácter ordinario como los que se presentan en materia originaria como es este caso entre el Estado y CABA”, según la información oficial publicada por la Cámara de Diputados de la Nación.
El asesor aclaró que se tomaron dos aspectos para esa presentación uno que “tiene que ver con una naturaleza histórica” (estructura y rol de las provincias del norte) y el otro con una “cuestión de carácter jurisprudencial”.
Además señaló: “Hemos advertido que la Corte a partir de 2017 adoptó lo que se denomina un nuevo standard en lo referido a las presentaciones de CABA, para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitir la CABA para estos juicios originarios. Desde el año 2004 la Corte Suprema de manera coherente y sistemática ha venido rechazando esa capacidad ya que les corresponde únicamente a las provincias”, especificó.
“En el 2017 adquirió la posibilidad en el proceso judicial CABA contra Córdoba de tener esa incidencia de carácter originario. Por una ejecución fiscal CABA logra obtener esta situación de privilegio que es poder de manera originaria participar en instancias de carácter judicial. Marca un predominio de carácter jurisprudencial que en este caso ha concedido un predominio de carácter económico generando desigualdades”, manifestó.
