La estrategia parece definida. Las elecciones del año próximo en la provincia serán conjuntas. Concejales y presidentes comunales ‑en algunos casos‑ serán electos en la misma jornada electoral que los diputados nacionales a mitad del 2017. El gobernador Miguel Lifschitz aún no lo comunica oficialmente, dijo que lo hará a fines de enero cuando venza el plazo constitucional que lo habilita, pero todos los indicios marcan esa dirección. El diputado socialista Eduardo Di Pollina recordó que así se realizaron las de 2013 y anteriores elecciones de medio término, con lo que fue asordinando paulatinamente todas las especulaciones políticas.

El PRO ya había anticipado que tenía "estrategias para cualquier escenario" electoral. El peronismo sólo reclamaba que Lifschitz comunicara cuanto antes la decisión. Pero el radicalismo es el principal interesado y también complicado dentro del panorama de elecciones conjuntas en la provincia.

El presidente de la UCR provincial, Julián Galdeano, había anticipado que si el gobernador unía ambos comicios sería "el fin del Frente Progresista". Pero del lado del socialismo le respondieron que si el FPCyS depende de la fecha de un cronograma electoral "es porque las cosas no están del todo bien".

 

 

Y las cosas no están del todo bien. Es cierto que la crisis no tiene que ver con la fecha en que se vote sino con la alianza de los radicales con el PRO en Cambiemos. El doble estándar de mantener las dos alianzas en simultáneo parece haber iniciado el camino final. Quedarán por un lado los radicales en alianza con el PRO y por el otro los radicales en alianza con el socialismo, pero los que intenten mantener un pie en cada bote, terminarán irremediablemente en el agua.

En Rosario, la cuestión empieza a notarse. El concejal radical Martín Rosúa anunció sonoramente que su sector conformará una lista propia que competirá por afuera del Frente. Lo curioso es que otros radicales hiper frentistas como la actual presidenta del Concejo Daniela León podría acompañarlo en función de lo riesgoso que sería para ella no encontrar un lugar expectante en la lista del Frente Progresista, para renovar su mandato en el Palacio Vasallo.

Algunas cabezas de lista empezaron a aparecer en los últimos días y, por supuesto, con la mira puesta en el cargo de intendente para 2019. Es casi seguro que Pablo Javkin encabezará la nómina del FPCyS, quizás seguido por Verónica Irízar y Sebastián Chale. Roy López Molina lo hará de la mano del PRO al tope de la nómina. Roberto Sukerman ya ha comunicado que su intención es regresar al Concejo Municipal que dejó hace dos años, pero aún son una incógnita los otros contendientes de la interna peronista. Todos miran de cerca la evolución del partido Ciudad Futura que en la última elección sorprendió con 90 mil votos y tres concejales sentados en el recinto. La expectativa del joven partido pasa por mantener la performance y, con suerte, duplicar su bancada.

Un paso en las sombras

La suspensión esta semana del Defensor Público de la provincia, Gabriel Ganón, es un verdadero ejemplo de vendetta política y de cómo se ha restablecido un equilibrio de poder en el que el Ejecutivo busca el apoyo de la Legislatura y la Corte Suprema de Justicia para resolver los asuntos más espinosos.

Ganón fue desde el principio un funcionario incómodo para el poder. Primero por sus declaraciones altisonantes y controversiales, pero principalmente por sus acciones en defensa de una justicia que contemple a los que no tienen acceso, a los que carecen de derechos para los tribunales ordinarios y que pierden toda posibilidad de defensa ante el accionar irregular de la policía. Dos actuaciones concretas como los casos de Franco Casco y Pichón Escobar ‑ambos muertos que aparecieron flotando en el río y en los que se sospecha actuación policial‑ describen el territorio del accionar del Defensor que probablemente, si no es reemplazado por algún pariente de un encumbrado funcionario judicial (como lo denunció el propio Ganón) ocupará su cargo otro ignoto Defensor del que no podremos recordar seguramente el nombre por su obediencia al poder y por el perfil extrachato en su labor.

También es muy triste ver a gran parte de la Legislatura encuadrada detrás de los designios de ese sinuoso lobbista policial que es el senador Lisandro Enrico. Todo un epítome de la demagogia punitiva con la que parte del poder político pretende disimular su ineficacia a la hora de abordar los problemas de inseguridad, haciendo creer que dándole más poder a la policía es como se resolverán las cosas, sin entender que la fuerza policial es uno de los problemas más graves a resolver a la hora de generar un serio combate contra el delito.

Sin anestesia

En estos días el gobierno provincial dejó en claro que no piensa dar un paso distinto al que transite la gestión de Mauricio Macri en varias materias. Se negó rotundamente a abrir las paritarias con el sector estatal y les dejó en claro que el bono de fin de año entre 2.000 y 3.000 pesos es una concesión y un anuncio oficial y no una negociación. Lo toman o lo dejan.

El gobierno provincial tiene un ministro de Trabajo como Julio Genesini que se empeña en encontrar en Santa Fe los "brotes verdes" de la economía que ni siquiera los más cercanos colaboradores de Macri pueden mostrar. Para el funcionario el empleo registrado en la provincia "creció en el último trimestre de año". Sin embargo ayer el Indec ubicó en el 9,3 por ciento la desocupación en esta ciudad y su zona metropolitana.

En materia tarifaria tampoco parece haber contemplaciones. Las dos empresas del Estado santafesino, la EPE y Assa, pidieron aumentos del 34 y el 89 por ciento respectivamente, siguiendo los pasos de los tarifazos nacionales. Las audiencia por la tarifa eléctrica concedida por primera vez en la historia se hizo el viernes a la tarde en Santa Fe con una temperatura de horno y sin habilitar una discusión en Rosario donde está el mayor número de usuarios de la EPE. Las intenciones son claras. Pero hay que saber que las decisiones políticas tienen sus consecuencias: La firma Bahco de Santo Tomé que en estos días suspendió a decenas de sus operarios sin goce de sueldo, pagaba a fines de 2015 unos 240 mil pesos por la energía demandada para fabricar herramientas. La última factura que recibió de la EPE fue de 610 mil pesos. Más allá de la caída en las ventas y el embate de las importaciones, los costos operativos también inciden gravemente en la producción y el empleo.