Para la familia de Lucas González el veredicto de este martes fue el cierre de un doloroso proceso de un año y siete meses: los tres policías que asesinaron a Lucas fueron condenados y eso trajo algo de alivio para sus seres queridos. En lo judicial, sin embargo, saben que los casi cuatro meses de debate oral dejaron nuevas puertas abiertas que de seguro derivarán en un segundo juicio. Este miércoles, sin ir más lejos, la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento del oficial Facundo Torres, uno de los coletazos de la declaración del principal Héctor Cuevas que lo señaló como quien aportó el arma plantada en el auto de Lucas para instalar la versión del "enfrentamiento armado". Los fundamentos de las condenas, que se conocerán el 23 de agosto, darán paso a posibles apelaciones, sin descartar tampoco nuevos implicados en una causa en la que ya aparece sobre la mesa el nombre del jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard.
No hubo que esperar ni 24 horas desde el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N°25 para que haya novedades en la causa que tramita en paralelo. Por la mañana del miércoles, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejó firme el procesamiento con prisión preventiva del oficial Torres, detenido mientras se desarrollaba el juicio tras la declaración del "quebrado" Cuevas. Allí, el principal había acusado a Gabriel Isassi, uno de los tres oficiales ahora condenados a perpetua por el homicidio de Lucas, como quien plantó el arma de juguete en el auto bajo la orden del subcomisario Roberto Inca, condenado por el encubrimiento.
En ese contexto, Cuevas dijo que fue Torres quien trasladó a Isassi desde la escena del homicidio a la Comisaría 4D para entregarle el arma de juguete y luego llevarlo a Alvarado y Perdriel, la esquina del encubrimiento. Por pedido del fiscal de instrucción, Leonel Gómez Barbella, la jueza Vanesa Peluffo ya había dictado el procesamiento del oficial y ahora la Cámara ratificó la medida al rechazar la apelación de la defensa del imputado. En su indagatoria, Torres reconoció que trasladó a Isassi en su moto. Dijo que el oficial de brigadas le pidió que lo llevara a Alvarado y Perdriel pero que en el medio del trayecto le solicitó que se desviaran hacia la comisaría para buscar cinta perimetral y no un arma de juguete.
Para los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Hernán Martín López, sin embargo, esa versión no tiene sustento ya que no consideraron "verosímil" que "en lugar de dirigirse directamente al escenario de los hechos, optaran por desviar su trayecto y encaminarse a la seccional policial ubicada a más de diez cuadras con la nimia excusa de buscar 'cinta de peligro', cuya utilidad, además, era incierta pues desconocían qué tipo de procedimiento se había montado en el lugar". También sostuvieron que "sólo Torres pudo proveerle" el arma de juguete a Isassi ya que en Iriarte y Luzuriaga, el lugar de la balacera, "no fue hallada una réplica de arma de fuego".
Al igual que el fiscal y la jueza de instrucción, Varela y López ponderaron los elementos probatorios que confirman el trayecto de la moto de Torres. El geoposicionamiento marcó que el vehículo partió de Iriarte a las 10.16 de la mañana, unos 35 minutos después de los disparos, y arribó a la comisaría a las 10.18 donde estuvo detenido un minuto para luego dirigirse a Alvarado. La moto estuvo allí seis minutos entre las 10.22 y las 10.28 y entonces retomó la marcha hacia Iriarte. El horario coincide con lo declarado por Cuevas, quien señaló que Isassi plantó el arma aproximadamente a las 10.30 de la mañana. También las cámaras de seguridad de la zona captaron a la moto con los dos oficiales en su recorrido.
La ratificación del procesamiento con prisión preventiva es el paso previo para un pedido de elevación a juicio. "En principio, nosotros como querella sabemos ya que , al quedar firme este procesamiento va a haber otro juicio, un nuevo debate por encubrimiento donde Torres estará seguro y algunos otros posiblemente", señaló en este sentido el abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón, en diálogo con este diario.
El nombre más resonante en ese contexto es el de Gabriel Berard, jefe de la Policía porteña. A él lo señalaron directamente dos de las defensas en los alegatos del juicio y uno de los oficiales absueltos en la jornada de este martes. Se trata de Ángel Arévalos, que en uso de sus últimas palabras aseguró: "Acá hay personas que nunca quisieron que la verdad se sepa porque no les conviene. El jefe de la Policía, por intermedio de dos de sus abogados, está presionando al personal subalterno para que hablen con sus familiares que estuvieron el día de la reunión y digan que lo que dijo mi hermana es mentira”.
Su hermana es Natalia Arévalos, que forma parte de su defensa y en el alegato señaló que, meses después del crimen, familiares de los oficiales detenidos lograron reunirse con Berard y parte de la cúpula policial. Según la abogada, allí les dijeron: “Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque este es un tema político y no queremos que llegue a nosotros”. Esa misma jornada, Augusto Nino Arena, abogado del principal Cuevas se preguntó: "¿En serio vamos a creer que el jefe de la Policía no sabía nada?". El tribunal remitió los dichos de los tres a la Fiscalía de instrucción para que investigue posibles responsabilidades de Berard.
Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía esperará a que se conozcan los fundamentos de la sentencia del juicio para evaluar si aportan elementos relevantes en relación a posibles implicados que incluyen a gente para la que Gómez Barbella ya había pedido sin éxito la detención. En esa lista aparecen diversos funcionarios, desde el comisario mayor Fabián Lencina, responsable del Área Sur de la fuerza porteña, hasta abogadas de la Policía como Verónica Andraca. El tiempo de las apelaciones también llegará una vez conocidos los fundamentos. En el caso de las absoluciones, la querella espera conocer las razones del fallo y prestará atención especial a las del subcomisario Ramón Chocobar y el comisario inspector Daniel Santana, el efectivo de mayor rango que estaba imputado por el encubrimiento del crimen.
