En un fallo de primera instancia, la Justicia porteña consideró que el sistema Uber "es ilegal" e "inseguro" en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo resolvió este lunes, el juez Víctor Rodolfo Trionfetti, del Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 15 de la Ciudad, quien además consideró que el gobierno porteño no tiene ninguna responsabilidad, ni que haya fallado en su poder de policía y control.

Según el fallo, la actividad de Uber "engloba un modelo de negocios realizado donde el programa o app, perteneciente a la empresa, permite entre sus muchas funciones, convenir servicios de transporte de pasajeros por un precio". Por lo que existe una relación entre la empresa, usuarios y conductores, donde el poder de policía enfrenta los desafíos del ciberespacio, la transmisión de datos personales, la geolocalización y la sociedad de la información.

Por otro lado, el juez Trionfetti consideró como "insegura" la actividad del sistema Uber en la Ciudad, ya que "la empresa no exige la debida licencia requerida para la actividad, y la imposibilidad de controlar en debida forma las licencias de los conductores por la autoridad competente ante la falta de información de la empresa a los organismos de control". 

Y afirmó que el sistema Uber "viola numerosas regulaciones y que el actuar del Gobierno (porteño) ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de la mencionada empresa", informó el sitio iJudicial. Por lo cual, "es ilegal".

El Gobierno porteño, sin responsabilidades

Sin embargo, el juez no encontró responsabilidad en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de las pruebas donde diferentes áreas del gobierno porteño informaron que no existen en los registros, solicitudes de habilitación de Uber o que habiendo disposiciones para su clausura preventiva e inmediata no se había cumplido.

"Entiendo que no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al Sistema Uber", sostuvo el magistrado en su fallo.

Por otro lado, consideró que el gobierno porteño "dio cuenta de los numerosos controles de tránsito vehicular que realizó, incluso muchos de ellos con resultados positivos respecto de la actividad interdicta". Y agregó:"También destaco las actividades realizadas por el demandado tendiente a las clausuras de supuestos locales Uber". 

El fallo judicial no se encuentra firme y será apelado ante la Cámara, por lo que el juez definió que: "Dada la potencial afectación de muchas fuentes de trabajo, la conveniencia de una regulación integral de fenómenos como el aquí examinado (…) habré de comunicar mi decisión, una vez firme, y como medida de colaboración, al Sr. Jefe de Gobierno, a la Legislatura y al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos”.

Y que de esta manera, "determinen la regulación posible de la actividad examinada bajo lo que he denominado Sistema Uber u otra similar, según la oportunidad, mérito y conveniencia que estimen necesario". Para el juez, si Uber cumple con las normas vigentes, se podrá "hallar una solución integral".

Un fallo, dos demandas contrapuestas

El fallo del juez Trionfetti unificó dos demandas contrapuestas. Por un lado, la realizada por los peones, choferes, propietarios de taxis y empresas del sector, representados por el Sindicato de conductores de Taxi de la Caba y la Asociación Civil Taxistas Unidos. Lo que pidieron a la Justicia era que obligara al gobierno porteño "a desplegar su poder de policía, que interdicte o disponga la readecuación de las actividades desarrolladas a través de la empresa y plataforma virtual denominada comúnmente Uber".

Y la otra demanda había sido interpuesta por conductores, particulares y usuarios de esa aplicación, que fueron representados por la Asociación de Protección de Consumidores Proconsumer, en la que pedían que se declare que "los servicios de transporte privado de pasajeros que los usuarios contratan por medio de sus aplicaciones móviles con prestadores no se encuentran prohibidos por ninguna norma y, por ende, se encuentran permitidos".

Además, se pedía que se declarara la inconstitucionalidad de toda norma administrativa que pretenda imponerle a Uber, la misma regulación para remises o taxis. Y que el gobierno de la Ciudad se abstenga de prohibirlo o afectarlo de cualquier modo.