El dato llama la atención. El Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), que presidía Patricia Bullrich, pasó de tener un ingreso de 741 pesos en 2019, a 85 millones en 2022, dinero con el que se pagaron, ilegalmente, nueve millones de pesos a sus directivos —sobre todo Bullrich y Gerardo Milman— y asombrosos gastos de campaña de la candidata del PRO. Por ejemplo, Tucano Tours facturó 1.760.000 pesos de un viaje a Miami, por invitación del Inter American Institute of Democracy —think tank vinculado al partido Republicano—, en el que la candidata habló de que “el kirchnerismo es un régimen corporativo, populista, en el que se creó una enorme fábrica de pobres”. Nada que ver con estudios estratégicos de seguridad, el objeto del IEES. La conclusión es que con dinero del IEES se pagó esa gira y una multitud de otras actividades proselitistas de la candidata del PRO, violando el objeto social y el funcionamiento de una asociación sin fines de lucro. 

En base a una montaña de evidencias como esas, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria, intervino el IEES por 180 días hábiles y designó a la contadora Norma Cristóbal para que concrete una “normalización institucional”. La fundación no sólo sirvió para financiar en blue actividades electorales sino que también fue la sede en que un experto informático borró el contenido de los celulares de Milman y sus secretarias. Como era de esperar, Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se escudaron en que se trata de una persecución política, pero no exhibieron ni un solo argumento sobre la licitud de los gastos y los pagos millonarios. 

Tirando del hilo Milman

La investigación sobre el IEES fue realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ), presidida por Ricardo Nissen, que fue el organismo que pidió la intervención. 

La historia empezó cuando la mano derecha de Bullrich, el diputado Milman, se despachó con aquella frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner.

El incidente sacó a la luz que Milman tenía a su nombre un Peugeot Sport propiedad de la Metalúrgica Oliva Hermanos y, tras cartón, que recibió pagos del IEES. O sea que Bullrich le pagaba a su segundo, 357.000 pesos mensuales. Los datos los reveló en su momento el periodista Mauro Federico en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial.

Siguiendo el hilo de la investigación, Página|12 publicó numerosas anomalías, incluyendo pagos a una mujer venezolana, habitante de una humilde vivienda en Tigre, por asesoramientos en seguridad. Y luego la IGJ detectó que el IEES pagaba los celulares de campaña de Bullrich y Milman y recibía pagos de empresas y consultoras que no tenían ninguna relación con el objeto social de la fundación, es decir la seguridad, sino que eran gastos proselitistas. Así se encontraron montañas de facturas de consultoras, asesores, empresas de comunicación, todos gastos de campaña electoral. 

La IGJ también detectó pagos a la propia Bullrich —una fundación no le puede pagar a sus directivos a menos que se pida una autorización, que en este caso no se pidió— e incluso se le abonaron 800.000 pesos mensuales a una consultora EyS Brainstorm cuyo domicilio coincide con el de la propia Patricia Bullrich. La candidata se llevó dinero al bolsillo. 

Los fundamentos de la intervención

En la resolución del Ministerio de Justicia se consignan los fundamentos de la intervención. “Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar –en todo o en parte-- acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata. En efecto, pudo evidenciarse con claridad que los millonarios fondos obtenidos por lapersona jurídica, que meses antes apenas abonaba gastos corrientes, se procuraron a partir de la realización de encuentros/almuerzos en los cuales, bajo la pantalla de un seminario, se ventilaban asuntos que poco o nada tenían o tienen que ver con el objeto social incluido en la norma corporativa”.

“Para realizar tales acciones proselitistas —continuó el Ministerio— se han destinado fondos millonarios para hacer frente a servicios de catering, alquiler de salones de eventos, pasajes aéreos nacionales e internacionales, servicios de consultoras expertas en minería de datos y estrategias digitales, centros de contactos, base de datos, relevamiento y monitoreo de clima social, pago de honorarios para personas vinculadas a la campaña política de la presidenta de la institución, etc., rematándose la escenografía espuria y antijurídica relacionada hasta aquí con los descriptos pagos amiembros de la Comisión Directiva, por una suma cercana a los 9.000.000 de pesos, sólo en el año 2022”.

La defensa es un colador

La primera que salió a contestar la intervención fue la propia Bullrich. “El ministro de Economía Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía. Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”.

Resulta difícil de entender cómo metió a Massa en el asunto. Soria, el ministro de Justicia le contestó: “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabes ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!”.

Como era de esperar, el expresidente Mauricio Macri salió a apoyar a su discípula en la interna de Juntos por el Cambio. “Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores”, posteó Macri en el atardecer de este miércoles.

Un poco más demorado estuvo Horacio Rodríguez Larreta quien tuiteó: “Las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia. Utilizar el estado para perseguir opositores es absolutamente inaceptable. Todo mi apoyo a @PatoBullrich. El 10 de diciembre esto se termina”.

Por supuesto, ni Bullrich ni Macri ni Rodríguez Larreta dedicaron una línea a argumentar, a responder por los ingresos y los pagos ilegales de la fundación, facturas truchas con las que se derivó dinero incluso a la propia Bullrich y a Milman.

El objeto social de borrar celulares

La frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, dicha dos días antes del ataque a CFK, desató una demorada investigación judicial. Sucede que Milman, cuando adelantó la acción de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, estaba con sus dos colaboradoras, Carolina López Mónaco, exmiss Argentina, e Ivana Bohdziewicz. Las dos dijeron, primero, que no estuvieron en la confitería Casablanca cuando se pronunció la frase y, tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad, se les refrescó la memoria. Los abogados de Cristina, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal pidieron que se les secuestre los celulares, pero la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido: “es meterse en la intimidad”.

Sin embargo, la Cámara Federal revocó lo que resolvió la magistrada y las dos chicas se apersonaron luego al juzgado. Una dijo que ya no tenía el celular, que se compró otro. La segunda, que había borrado todo. Lo impactante es que Bohdziewicz, que fue la del celular borrado, contó que fue a Avenida de Mayo 953, piso 3, justito la dirección del IEES, donde un perito informático hizo el trabajo de “limpiar” su celular y también el de Milman. O sea, la fundación recaudaba, le transfería dinero a la propia Patricia y, además, se encargaba de borrar información judicial -pruebas- de celulares.

Denuncias e intervención

La resolución del Ministerio de Justicia instruye al departamento legal para que realice denuncias en la justicia penal y en la justicia electoral. Pero, mientras tanto, el IEES estará intervenido, con una contadora revisando cuentas que son una verdadera caja de sorpresas. Las cosas son tan turbias que a Milman ya tuvieron que esconderlo. Patricia resistirá exhibiendo el traje de candidata. 

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