El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación dió a conocer el Tablero Interactivo del Programa Acercar Derechos (PAD), posibilitando el acceso a la información de las situaciones acompañadas por ese programa a partir de los registros en el Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG). Los datos, que serán actualizados mes a mes, permiten visibilizar que en lo que va de 2023 la violencia más sufrida por las mujeres salteñas es la psicológica, llegando a presentarse en un 86% de los casos asistidos. 

En los primeros seis meses del año, en el marco del programa se asistió en la provincia de Salta a 186 personas, de las cuales 43 corresponden a enero; 19, a febrero; 35, a marzo; 27, a julio; 30, enmayo; y 32, en junio. De la totalidad de los casos se pudo registrar que el 86% corresponde a violencia psicológica. 

Le sigue de una manera alarmante la violencia física, con un 77,4%, y la violencia económica y patrimonial, con un 71%. En cuarto lugar se posiciona la violencia simbólica, con un 61,8%; la ambiental, con un 45,2%; la sexual, con un 36,6%. No se registran datos en un 10,2% de los casos. Si se tienen en cuenta la modalidades de las violencias, es decir, los lugares donde se presentan los distintos tipos de violencia, se encuentra en primer lugar el ámbito doméstico (88,2%); seguido muy por detrás por los ámbitos laborales (1,6%) e institucionales (1,1%). 

De la asistencia vertida por el PAD, algunas de las palabras más recurrentes en los relatos de las víctimas hacen mención a: insultos, humillaciones, empujones, gritos, golpes, bromas con comentarios machistas, amenazas en general, desvalorización y descalificación, intimidación y celos. 

Allí también se constató el tipo de vínculo entre las personas asistidas y las personas agresoras: el 76,9% de los hechos denunciados fueron cometidos por ex parejas de las víctimas. En el 5,4%, la violencia fue ejercida por la pareja actual y en un 3,2%, por el padre o tutor; mientras que se constató que en 2,7%, fue cometido por otros familiares. Se conoció además que el 94,4% de los agresores eran varones, de un 3,2% no se registró dato y, un 2,3% de las agresiones fueron cometidas por mujeres. 

Estos números confirman lo señalado por la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que en su guía sobre las violencias de género y el acceso a la justicia, viene insistiendo en que "la violencia contra las mujeres no es un asunto privado (el famoso “no te metás”), es una violación de los derechos humanos y por lo tanto una cuestión de Estado". 

En marzo de 2009, Argentina sancionó la ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Mientras que en 2014 la provincia de Salta declaró por ley la emergencia social por violencia de género, ante la creciente cantidad de femicidios en la provincia. 

Indicadores de letalidad 

El programa también visibilizó los indicadores de letalidad que presentan las personas asistidas tras las violencias sufridas. En ese aspecto, se determinó que el 48,4% de los casos presentaban un nivel de riesgo altísimo. Mientras que el 22,2% de las personas agresoras registraban antecedentes de violación de medidas de restricción y un 11,6% tenía entre sus posibilidades el acceso a armas de fuego. 

Ante los indicadores de letalidad se tomaron diversas medidas de protección en el 44,1% de los casos. De ese porcentaje, en el 51,3% de los casos, se generó una prohibición de acercamiento/restricción a la persona agresora. En un 19%, se ordenó la exclusión del agresor de la residencia en común. Al 5,6% de las personas asistidas se les propició un botón antipánico; a un 28,1% de las víctimas se les ordenaron medidas de seguridad en el domicilio; a otro 6,3% se ordenó la restitución de bienes y efectos personales. Mientras que se procedió al secuestro de armas en poder del agresor en un 2,5% de los casos. 

En cuanto a la intervención estatal, previa a la asistencia del PAD, se dio en un 63,4% de los casos. De dicho porcentaje, el 65,7% de las situaciones tuvo intervención policial; el 52,1%, de intervención de los servicios de justicia; el 19,5%, de intervención en centros de salud. Mientras que en el 3% de los casos se procedió a una intervención de dispositivos territoriales de protección. 

En referencia a las características de las personas asistidas en situación de violencia, el 96,2% eran mujeres; un 1,1%, mujeres trans, e igual porcentaje de personas transgénero. Mientras que personas no binaries, varón y varones trans presentaban un similar porcentaje del 0,5%. En referencia a la edad, el 42.2% de las víctimas pertenecía al grupo etario que va de los 30 a 44 años; seguidas por el grupo de 18 a 29 años (37,1%); el de 45 a 59 años (16,7%), y el grupo de personas con más de 60 años (0,5%).

Por otro lado, el l 61,3% de las personas asistidas declaró tener una actividad remunerada. A su vez, el 48,9% de las personas declaró tener hijos a cargo en una franja etaria que va de los 6 a 14 años. El 39,2% tiene niños/as menores de 6 años; mientras que el 23,1%, tiene adolescentes entre 15 y 18 años. El 11,3, declaró no tener personas a cargo; el 4,3%, personas mayores a cargo, y el 2,2%, a personas con discapacidad. 

El Programa Acercar Derechos es una política instaurada por el gobierno nacional para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país. Se trata de un programa integral porque implica trabajar de manera coordinada en los distintos niveles del Estado y con organizaciones sociales y comunitarias, reconociendo las particularidades y dinámicas que adquieren las violencias de género en los distintos territorios.

Consiste en equipos integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social que están en todo el territorio nacional. En Salta existen dos equipos presentes: en Capital y Orán.