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Pablo Bertuzzi es uno de los camaristas apuntados por el Gobierno por haber sido designado por Mauricio Macri –sin mediar concurso– en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py y es quien tiene la llave en una de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner que la oposición quiere mantener a flote cueste lo que cueste. Se trata del expediente que mediáticamente se conoció como “ruta del dinero K” pero en el que el fiscal Guillermo Marijuán –después de diez años de investigación y de excavaciones en media Patagonia que se televisaban en horario central– tuvo que admitir que no existían pruebas que relacionaran a la vicepresidenta con el lavado de dinero por el cual fue condenado Lázaro Báez.
Bertuzzi fue convocado para desempatar en un diferendo que mantienen dos de sus colegas, Mariano Llorens y Eduardo Farah. Ellos deben decidir si aceptan a Bases Republicanas, una ONG conformada por exfuncionarios macristas, que le pidió al juez Sebastián Casanello intervenir en la causa como querellante para poder apelar el sobreseimiento de CFK.
La investigación sobre la llamada “ruta del dinero” se inició en abril de 2013, cuando el periodista Jorge Lanata difundió en su programa de Canal 13 un informe con ese mismo título. Pasaron más de 120 meses y Bases Republicanas no había exhibido intención de presentarse en el expediente. Sin embargo, lo hizo cuando Marijuán pidió el sobreseimiento de CFK. Casanello rechazó la pretensión de Bases de meterse en la causa por la ventana y esta asociación llevó el tema a la Cámara Federal porteña, un tribunal que suele ser amigable para el macrismo y adverso para el kirchnerismo.
La discusión quedó radicada en la Sala II del tribunal de apelaciones, integrada únicamente por Llorens y Farah en este caso porque el tercer integrante, Roberto Boico, está apartado en este caso. La defensa de CFK –encabezada por Carlos Beraldi– recusó a Llorens. Sus abogados plantearon que el juez estaba apartado en un expediente conexo y que dudaban de su imparcialidad, sobre todo después de que Llorens le hubiera sugerido a Casanello iniciar un proceso de desafuero contra la vicepresidenta para poder detenerla por una causa que terminó anulando Casación y que estaba centrada en el supuesto mal uso de la flota de aviones presidencial.
El miércoles, el casador Gustavo Hornos confirmó a Llorens al frente del expediente. Como no logran ponerse de acuerdo con Farah, llamaron a Bertuzzi para que intervenga. Bertuzzi llegó a la Cámara Federal desde el Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires. El exvicepresidente Amado Boudou denunció públicamente que su nombramiento funcionó como un premio después de haberlo condenado en el caso Ciccone. Durante los primeros meses del gobierno del Frente de Todos, Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron el eje de la controversia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La Corte terminó fallando que su traslado no era definitivo pero los sostuvo en el cargo hasta en tanto se designe a sus reemplazantes. El Consejo de la Magistratura, colonizado por el supremo Horacio Rosatti, pasó de la inactividad a la imposibilidad de sacar ternas.
En el pasado, Llorens y Bertuzzi ya decidieron tener como querellante a Bases Republicanas en otra causa sensible: la vacunas del Covid que tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Eduardo Taiano habían decidido archivar.
El lobby macrista
Desde su página web, la ONG se presenta diciendo que trabaja para que el país “prospere sobre bases sólidas poniéndole un freno al populismo”. Su presidenta en uso de licencia es Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura y exnúmero dos de la AFIP durante el gobierno de Macri.
Cuando Bases Republicanas se presentó para pedir la nulidad de su dictamen, Marijuán salió al cruce en una entrevista por C5N. El fiscal dijo que detrás de la movida estaban los exdirectivos de la Unidad de Información Financiera (UIF) del macrismo, Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Federici no se empeñó mucho en esconder su interés en la causa: tuiteó la presentación de Bases Republicanas y salió en el canal La Nación +. Allí incluso le recordó a Marijuan que recorrió la Patagonia con Talerico a bordo de un helicóptero.
En Bases Republicanas militan, entre otros, Pablo Clusellas –exsecretario de Legal y Técnica de Macri– y Pablo Noceti, el exjefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Noceti fue denunciado por la exministra Sabina Frederic por su actuación en el operativo en el que desapareció Santiago Maldonado. Otro miembro de Bases Republicanas ligado a la actual precandidata presidencial es Carlos Manfroni, que estuvo a cargo de Investigaciones Internas en la cartera de Seguridad y es coautor de libros sobre los años ‘70 con la diputada ultraderechista Victoria Villarruel.
Federico Pinedo figura como uno de los fundadores del grupo. Luis Cevasco, el exfiscal general de la Ciudad, es otro de sus miembros. Cevasco encabezó una ofensiva contra el juez Martín Bava cuando investigaba a Macri por el espionaje a las familias del ARA San Juan. Juan Curutchet es, también, parte de Bases Republicanas. Durante la era Cambiemos fue director del Banco Provincia, sede de funcionamiento de la llamada “Gestapo” antisindical –otro de los casos que tienen en sus manos Farah, Llorens y Bertuzzi.
Ruinas circulares
El 24 de mayo pasado, Marijuán dictaminó que correspondía sobreseer a CFK. Si bien la causa se inició hace más de diez años, la investigación se centró en CFK a los pocos meses de que Macri llegara a la Casa Rosada. Para eso jugó un rol primordial Leonardo Fariña, que el 8 de abril de 2016 se pasó cerca de doce horas en los tribunales de Comodoro Py. Con el tiempo se supo que Fariña llegó guionado a esa declaración e incluso, como figura en una resolución del juez Casanello, se presentó a declarar con unos cuantos papeles en la mano. Después del show de Fariña, la UIF macrista de Federici y la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso comenzaron a reclamar la indagatoria de CFK.
Casanello siempre entendió que no había elementos para investigar a la expresidenta. Ante su negativa, desde un sector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se montó una operación para correrlo de la causa. En agosto de 2018, la Cámara Federal porteña –con los votos de Martín Irurzun y Llorens– le ordenó llamar a indagatoria a CFK.
