La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un comunicado este jueves para explicar los motivos por los cuales decidió intervenir la fundación de Patricia Bullrich. Entre otros puntos, aseguran que “bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político”.
El comunicado, firmado por el titular de la IGJ, Ricardo Augusto Nissen, detalla que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que preside Bullrich “tuvo un exponencial crecimiento en sus ingresos durante el año 2022, en comparación con ejercicios anteriores”. Y añadieron: “En efecto, los ingresos de la institución fueron de $741,93 en el año 2019; $488.989,70 en el año 2020; $7.942.106,69 en el 2021 e ingresos cercanos a los $90.000.000 en el 2022. Algunos de estos ingresos estaban referidos a almuerzos y cenas y la gran mayoría referían al dictado de seminarios pero sin ninguna especificación de la temática, lugar ni fecha de realización de la supuesta actividad educativa”.
En cuanto a los egresos, “pudo constatarse que hubo millonarios gastos destinados a financiar traslados, alojamientos y logística de la campaña política tanto en el país como en el exterior. Asimismo, se abonaron servicios de consultoras (encuestadoras) y honorarios de profesionales y colaboradores de la precandidata. En base a las evidencias colectadas pudo concluirse que bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar – en todo o en parte - acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata. Dicha conclusión justificó la solicitud de intervención con desplazamiento de autoridades de la institución”.
El comunicado completo
La actuación sumarial fue iniciada en fecha 16/12/2022 por la Inspección General de Justicia a partir de la publicación en distintos medios periodísticos –entre ellos Perfil, El Cronista y Pagina 12- en los cuales se daba cuenta de que la asociación civil, a partir de la realización de almuerzos, habría recibido fondos para financiar la campaña política de la Dra. Bullrich, entre otras posibles irregularidades.
Es necesario aclarar, en primer término, que la información y documentación fue aportada por la propia institución, acompañando copias de libros sociales y documentación contable, con la cual se formaron 19 cuerpos. Asimismo, se destaca que las actuaciones estuvieron en todo momento a disposición de los interesados, garantizando el debido procedimiento administrativo. Prueba de ello son las vistas que se le ha corrido para brindar explicaciones/aclaraciones y que han tenido efectivo acceso al expediente, en varias ocasiones.
Luego de realizada la compulsa de libros sociales y documentación contable de la entidad, sumado a la información disponible públicamente pudo acreditarse que la asociación civil INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACIÓN CIVIL que preside la Dra. Bullrich tuvo un exponencial crecimiento en sus ingresos durante el año 2022, en comparación con ejercicios anteriores. En efecto, los ingresos de la institución fueron de $741,93 en el año 2019; $488.989,70 en el año 2020; $7.942.106,69 en el 2021 e ingresos cercanos a los $90.000.000 en el 2022. Algunos de estos ingresos estaban referidos a almuerzos y cenas y la gran mayoría referían al dictado de seminarios pero sin ninguna especificación de la temática, lugar ni fecha de realización de la supuesta actividad educativa.
Por su parte, en cuanto a los egresos, pudo constatarse que hubo millonarios gastos destinados a financiar traslados, alojamientos y logística de la campaña política tanto en el país como en el exterior. Asimismo, se abonaron servicios de consultoras (encuestadoras) y honorarios de profesionales y colaboradores de la precandidata.
En base a las evidencias colectadas pudo concluirse que bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar – en todo o en parte - acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata. Dicha conclusión justificó la solicitud de intervención con desplazamiento de autoridades de la institución.
Las recientes declaraciones de la Dra. Bullrich no hacen más que confirmar la veracidad de las conclusiones en tanto expresa que utiliza a la asociación como una forma de obtener ingresos propios, circunstancia absolutamente prohibida por la naturaleza de la persona jurídica involucrada.
Iniciada la acción judicial “INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACION CIVIL s/MEDIDAS PRECAUTORIAS“ (Civ 24775/23), el Juzgado Nacional Civil n° 28 reconoció la facultad de la IGJ para solicitar la intervención de las entidades en resguardo del interés público pero resolvió que la competencia para el dictado de tal medida no es la justicia ordinaria sino que recae en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tal como dispone el artículo 10 inc. j de la Ley 22.315. Dicha resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, Sala M. En dicho marco de competencia, y ante la solicitud de esta Inspección General de Justicia, el Ministro Soria dispuso la intervención del instituto.
