Dos miembros de la agrupación ultraderechista Revolución Federal y una tercera persona fueron procesados sin prisión preventiva por los daños y los incidentes ocurridos en las proximidades de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto del año pasado, el mismo día en el que el fiscal Diego Luciani pidió que la condenaran a doce años de prisión en la causa Vialidad.

Los procesamientos fueron dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y abarcan a los referentes de Revolución Federal Jonathan Morel y Leonardo Sosa, y a Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo, según surge de la reconstrucción de los hechos. Al momento de su detención, Reinstein Menin "llevaba consigo una botella con combustible y con un trapo dispuesto a modo de tapón", lo que se conoce popularmente como cocktail molotov.

Morel y Sosa fueron procesados por el delito de daños en grado de tentativa, a raíz de que rompieron un vallado de madera de la vía pública con el aparente afán de utilizarlo contra militantes kirchneristas que habían ido a apoyar a la vicepresidenta, mientras que Reintein Menin fue procesado por tentativa de lesiones, daños e intimidación pública y como autor del delito de resistencia a la autoridad y por haber puesto sus manos sobre un policía.

En el marco del expediente que tiene como fiscal a Gerardo Pollicita, el juez Martínez de Giorgi ordenó mandar a trabar embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir los montos de 350 mil pesos en el caso de Reinstein Menin, 200 mil pesos para para Sosa y 150 mil pesos sobre los bienes de Morel.

"Los encausados habrían tomado una valla de madera de color blanco, que formaba un perímetro delimitando una zona de trabajo sobre la acera, y habrían intentado dañarla", se explicó en la resolución judicial en la que, además, se refirió que un policía que intervino en aquella situación aventuró que el objetivo de Sosa y Morel habría sido "obtener fragmentos del vallado para tener a su disposición elementos que pudieran arrojar hacia sus contendientes".

El proceso judicial se inició "a raíz de los hechos ocurridos con fecha 22 de agosto del año 2022" cuando, a partir de las 21, "diversos grupos de personas comenzaron a aglomerarse en las inmediaciones de la intersección de calles Juncal y Uruguay de esta ciudad, a fin de manifestarse, sosteniendo consignas en favor y en contra de la vicepresidenta", relató el juez en su resolución. "La situación derivó en el inicio de altercados entre los integrantes de cada una de las facciones, quienes se propinaban insultos, empujones y se arrojaban objetos, motivando a su vez que las fuerzas policiales dispuestas en las cercanías intentaran contener la situación", reseñó.

En ese contexto, la policía advirtió que algunas personas "intentaban dañar una valla de madera". Entonces, "el personal policial procedió a la advertencia de una de las personas -quien durante el transcurso de la investigación se determinó que se trató de Morel-, y a la identificación con fines de prevención de la restante", que era Sosa. Cuando un oficial "se encontraba alejando de los tumultos a Sosa con motivo de identificarlo, fue tomado alrededor del cuello por Natanael Reinstein Menin, quien se acercó desde su espalda y lo sujetó en la zona del cuello con el brazo, intentando tirarlo hacia atrás", detalló. El oficial y Reinstein Menin cayeran al suelo, circunstancia que "el prevenido habría aprovechado para morder al efectivo policial en su pierna izquierda", indicó el magistrado.

Los procesamientos se suman a los ya dictados contra Morel, Sosa y otros dos integrantes de Revolución Federal, Sabrina Basile y Gastón Guerra, por incitación a la violencia colectiva.

En el tramo central de esta investigación, la Justicia busca determinar además si la agrupación Revolución Federal fue financiada por Caputo Hermanos, sociedad vinculada a la familia de Luis Caputo, exministro del gobierno de Mauricio Macri. También se está investigando la pista de una mujer que permanentemente ofrecía una pistola 9 milímetros en los grupos de Revolución Federal: la mujer ya fue identificada y su teléfono y el arma fueron secuestrados.

En una resolución aparte, Martínez de Giorgi amplió el procesamiento de Morel en relación con los actos violentos que protagonizó desde Revolución Federal: le atribuyó haber proferido amenazas a Victoria Donda Pérez, Víctor Hugo Morales y el medio televisivo C5N, Maia Daer y Claudia Neira, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Para el juez, "no hay duda alguna de que Morel tenía cabal conocimiento de que su conducta constituía una amenaza y que tenía intención de hacerla, lo cual encuentra fundamento en el contenido y agresividad de sus dichos, el énfasis empleado y los lugares y momentos en el que fueron proferidos, con una clara intención de que lleguen directamente a quienes estaban destinadas en pos, quizás, de que se alejen de la actividad política".