Desde el año 2019 el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) mide la tasa básica de eficacia político-criminal que busca identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir sobre el control de la criminalidad. Catamarca está entre una de las seis provincias que no da la información. Para el INECIP esto podría responder a “una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información”.
Según los últimos datos publicados por el INECIP sobre la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina(MPF), Catamarca está junto a Tucumán, Tierra del Fuego, Misiones, San Juan, y Santa Cruz entre las provincias que no ofrecen transparencia en cuanto a la eficiencia de sus sistemas de justicia.
El objetivo de este informe es el de medir eficacia político-criminal buscando identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías penales reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad (uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos).
El índice se obtiene contabilizando la cantidad total de casos penales ingresados al MPF durante el año testigo. Luego las salidas con incidencia político-criminal, es decir condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios dados durante el año analizado y que tengan alguna capacidad -aunque sea mínima- de impactar sobre el control de la criminalidad.
Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las salidas tengan esa capacidad, es que impongan a una persona la realización de algún tipo de acción como consecuencia de su participación en el conflicto primario. Estas salidas implican reconocimiento de responsabilidad (formal o informal) y consecuencias de las acciones. Esto significa que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos, lo cual no necesariamente implica una condena.
No obstante, en este mapa Catamarca no existe y en el informe señala que “no envió ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, SJP y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web”.
“Tucumán y (con cierto rezago) Catamarca, son dos provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos, a esta altura, sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información. Esta falta de información (no publicar ni tampoco responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, señala el análisis.
Además agrega que “apagón informativo”, impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.
Importancia
El informe explica que la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales es un requisito fundamental para la vigencia de la democracia. Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, las comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social.
En cuanto al ranking de eficiencia está encabezado por la provincia de Neuquén con 19,99%, le sigue Río Negro: 14,04%, Chubut: 7,96%; Jujuy: 7,11%; Entre Ríos: 6,88%, CABA: 6,65%, La Pampa: 5,95% y La Rioja con 5,50%. Por último la provincia del Chaco con 1,16% y MPF de la Nación con apenas el 0,36%.
