Las personas que forman parte de la función pública deberán capacitarse en forma obligatoria en materia de derechos humanos. Así lo establece la ley 10.634 que fue sancionada por la Legislatura en junio pasado y publicada en el Boletín Oficial del 4 de junio pasado.
“Establézcase la capacitación obligatoria en materia de Derechos Humanos para la prevención de la violencia institucional, el negacionismo, el odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia; destinada a las personas que se desempeñan en la función pública” establece la norma que alcanza a todos los niveles y jerarquías de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, organismos descentralizados y empresas del Estado.
La norma, cuya aplicación estará cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, busca “consolidar una Provincia libre de odio, erradicando los discursos que lo promueven; promover el acercamiento a temáticas de derechos humanos, identificar y reflexionar acerca de las situaciones de violación a los derechos humanos, prevenir la violencia institucional y el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia aplicando el criterio de interculturalidad, en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de los pueblos migrantes y originarios”. También “combatir el negacionismo y la impunidad sobre el Terrorismo de Estado”.
Los contenidos que deberán dictarse incluyen los principios básicos de Derechos Humanos, los sistemas de protección regional, provincial, nacional e internacional; las prácticas respetuosas de los derechos humanos en la función pública; la situación de grupos vulnerables; el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en La Rioja; y los derechos de los pueblos migrantes y originarios.
Las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones obligatorias previstas en la presente ley estarán sujetas al régimen disciplinario del Decreto-Ley Nº 3.870 -Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal.
La normativa crea el “Programa Provincial de Educación en Memoria y Derechos Humanos”, en el ámbito del Ministerio de Educación destinado a las personas en situación de escolaridad del Sistema Educativo que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, de jurisdicción provincial o municipal, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior de Formación Docente y de Educación Técnica no Universitaria.
Al momento de la sanción de la ley, el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, explicó que “se trata es luchar y trabajar desde el Estado para prevenir violencias que todavía están muy vigentes, lamentablemente, en la sociedad y en los organismos del Estado”. Entre esas vigencias destacó la violencia institucional “que nos está interpelando como Estado” y sostuvo que la discriminación, los discursos de odio, el racismo y la xenofobia “hay que cambiarlas de cuajo".
