El presupuesto para el acogimiento institucional y el acogimiento familiar de niñas, niños y adolescentes de la provincia cayeron entre un 18 y 27% desde 2020, informó ayer el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, que hizo dos recomendaciones al Ejecutivo provincial y en especial a la Secretaría de Niñez, el organismo responsable de tomar las medidas excepcionales de protección según la ley de infancia vigente. El incremento de las partidas presupuestarias destinadas a lugares de alojamiento para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y la agilización de los trámites de estas medidas para que se adecúen a los plazos legales fueron las dos recomendaciones del funcionario, que está a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Henn dio a conocer estas recomendaciones, que es una herramienta a mano del oganismo de monitoreo, en el marco de una seguidilla de reclamos sobre el funcionamiento de la Secretaría de Niñez, ya sea de sus propios trabajadores no registrados como de los colegios profesionales que cuestionaron el decreto reglamentario que deslinda las funciones del organismo. También reclamos de trabajadores de la salud pública, que encuentran respuestas evasivas cuando solicitan el alta de pacientes que requieren medidas excepcionales (la decisión de separar a la niña, el niño o el adolescente de su centro de vida, que debe tomar la Secretaría de Niñez) y con una imposibilidad: no tienen dónde alojarlos (por eso el pedido de incremento presupuestario). Otra de las dilaciones del Ejecutivo es la derivación de la responsabilidad a otros organismos, como la Dirección de Salud Mental, o el área de Discapacidad.
“Desde hace años la Defensoría viene repitiendo a lo largo de sus informes de monitoreo las falencias del sistema que muchas veces recaen en el vencimiento de los plazos de las medidas de protección excepcional, herramienta que tiene el Estado para proteger a niñas, niños y adolescentes que no pueden permanecer en sus centros de vida ante una situación de extrema vulneración en sus derechos”, expresó Henn.
“Si se descuenta el efecto de la inflación del período (tomando los valores constantes del 2020) se evidencia una caída del orden del 27% en el acogimiento familiar, y del 18% en el acogimiento institucional conveniado”, expresó Henn.
La segunda recomendación de la Defensoría al Ejecutivo está orientada a solicitar que las etapas administrativas y judiciales de una medida de protección excepcional se adecúen a los plazos legales establecidos en la ley 12.967.
“Tras la toma de una medida intervienen muchos actores e instituciones y en esa complejidad la Defensoría detecta dificultades para cumplir en tiempo y forma los plazos establecidos por la ley. La dilación de estos procesos hace que niñas, niños y adolescentes sean revictimizados por el mismo sistema que debiera protegerlos”, señaló Henn y agregó: “Es necesario que ante medidas sobre niñas o niños menores de 5 años indefectiblemente se defina un alojamiento de tipo familiar antes que residencial”.
En este sentido, en el marco de la presentación las profesionales del equipo de Atención Integral de Santa Fe dieron a conocer un relevamiento de las situaciones ingresadas a la institución relativas a medidas de protección excepcional en el período de enero a diciembre de 2019. Como universo analizado se registran 201 niñas, niños y adolescentes correspondientes a 90 expedientes.
De acuerdo al relevamiento de la Defensoría, el 70,7% de las situaciones registradas no se han resuelto dentro de los plazos legales, solo en el 5% se logró respetar los plazos legales y el 24,3% no se resolvieron al momento de realizar el relevamiento.
