Un procedimiento nacional de la Justicia Federal por explotación laboral en diferentes sedes de la organización Remar -recuperación de marginados- llegó con cuatro allanamientos a Rosario, donde se detectaron 90 víctimas de reducción a la servidumbre, entre ellas 15 menores de edad. Nicolás Del Mastro, delegado regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, indicó que tiene que ver con una organización de tipo piramidal. "Hay residentes, coordinadores, directores y la figura del pastor por encima de esta instancia, que en ninguno de los casos estaba presente", señaló el funcionario. Además, indicó que "son métodos donde hay grupos jerarquizados, un líder, un adoctrinamiento, una institucionalización de este vínculo de mando y obediencia, dominio y control. Hay una demanda progresiva de la sumisión en el vínculo, una imposición de una realidad y una rutina. Hay una seducción de promesas falsas", enumeró.
En total, se trató de 38 procedimientos simultáneos en seis provincias, en el marco de una investigación del fiscal federal Cristian Rachid y de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de Protex. "Se verificaron múltiples y diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de Remar".
En lo referente a la provincia, Del Mastro indicó que fueron seis procedimientos en total, ya que hubo uno en la ciudad de Santa Fe y otro en una granja de Santo Tomé donde había 29 varones. En Rosario los allanamientos se realizaron en Juan José Paso al 1600, Pasco al 8000 y Sánchez de Bustamente y Castro Barros.
En la ciudad "el denominador común eran los varones, y en algunos hogares como el de zona sur de Rosario, incluso, menores de edad. La orden judicial era poder escuchar a las personas de estos espacios", señaló.
Del Mastro indicó que "en el caso de Remar encontramos que las personas de buena fe eran llevadas en algunos casos por allegados para iniciar un tratamiento de abordaje de consumo problemático y adicciones; y en otros casos eran reclutadas por coordinadores -en cuanto a personas con problemas de violencia, salud mental, situación de calle, entre otras-. Al ingresar a este lugar, firmaban un contrato, que es un voluntariado social, y de esa manera eran trasladados a otra provincia. Allí empezaban lo que ellos denominan 18 meses de pases que comienzan con un trabajo doméstico del dispositivo donde conviven, luego una instancia de trabajo, de rutina, como producción de alimentos, construcción, producción de muebles, y la etapa final es la venta ambulante (de otros productos). Durante todo el trayecto, no se encontró la presencia de profesionales de la salud, ni abordajes terapéuticos. Tampoco la percepción de una remuneración por ese trabajo". Además, indicó que estaban "en aislamiento de sus afectos, celulares, bienes personales"; excepto determinadas visitas en momentos específicos del trayecto.
Además, indicó que en esta instancia no hubo detenciones, y que la investigación y el trabajo sobre los casos continúa. "A partir de esta situación, empezamos a trabajar una etapa de reconstrucción de los derechos de estas personas, a través de la intervención de estos lugares con Salud Mental y Sedronar". Una vez finalizados los allanamientos, "unas 56 personas decidieron volver a su lugar de origen", indicó.
En el caso también se dio un entrecruzamiento con la Procelac, porque "se encontró una ruta de dinero que se fuga al exterior, porque en algunos de los dispositivos se encontraron diferentes sumas y equipamiento de monitoreo y transmisión". Lo que se contrapone con la situación de "personas que se calefaccionan con leña, viven hacinadas y no tienen elementos de aseo personal".
Además de mueblería y producción de alimentos, las personas eran "obligadas a levantar muros perimetrales, otros hogares, lugares destinados al culto y todo ese trabajo era mano de obra esclava y reducción a la servidumbre", dijo.
El funcionario hizo referencia a la línea gratuita de este tipo de casos que es el 145 anónimo para dar cuenta de situaciones de explotación sexual, infantil, laboral, entre otros casos.
Los procedimientos incluyeron las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y fueron realizados con Gendarmería, Policía Federal, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas que dirige Gustavo Vera.
