La Fiscalía General de México detuvo al exmilitar Francisco Narváez Pérez en la ciudad de Querétaro por su presunta vinculación con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
El exmilitar salió del Ejército en octubre de 2015, justo un año después del suceso de los estudiantes. Por ello, a diferencia de los militares que fueron arrestados en activo y que permanecen en prisiones militares, fue internado en un Centro Federal de Readaptación Social. Según el Registro Nacional de Detenciones, Narváez Pérez fue localizado el martes y fue trasladado ante la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Segundo Distrito en Procesos Penales Federales en Toluca, que emitió la orden.
De esta manera, la Fiscalía concretó ya el décimo arresto de militares, de las 16 órdenes de captura preventivas dictadas por el caso. Entre los últimos detenidos, se destaca el excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Rafael Hernández Nieto, el segundo militar de más alto rango privado de la libertad por los hechos ocurridos en 2014, según indicó el medio mexicano El Universal.
La Justicia lenta
Originalmente las órdenes de detención fueron emitidas en septiembre del año pasado, pero luego fueron anuladas porque los militares no habrían sido acusados en ninguna declaración ministerial de estar vinculados en la detención o desaparición de los estudiantes. Esta situación hizo que el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, renuncie al cargo por no estar de acuerdo en cómo se realizó el procedimiento. El saliente funcionario consideró que se actuó a sus espaldas y que hubo "injerencia indebida" de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General. En su lugar, asumió el abogado Rosendo Gómez Piedra el 1 de octubre, señalado por los medios locales como cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Tras dictarse nuevamente los arrestos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no iba a proteger a los miembros del Ejército aprehendidos. "Una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometida a sospechas. Si (sus integrantes) actuaron mal, cometieron ilícitos, no se los puede proteger ni dar impunidad porque eso, en vez de ayudar a la institución, la perjudica", declaró el mandatario durante su habitual conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
Información oculta
La captura de Narváez Pérez se produjo a poco más de un mes después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso Ayotzinapa desde 2015, concluyera definitivamente sus trabajos tras denunciar discrepancias con los mandos castrenses. Carlos Beristain, uno de los expertos, explicó que "el mandato del grupo termina el 31 de julio" y aunque en dos ocasiones se había dado una ampliación, esta vez presentarán su informe final la última semana de ese mismo mes.
El 31 de marzo pasado, el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas ocultaron de manera deliberada información sobre la desaparición de los estudiantes. "Eso para nosotros no es aceptable", expresó en esa ocasión Beristain, quien anteriormente ya había reclamado la negativa de las autoridades militares de entregar informes relativos al caso.
Los estudiantes de magisterio desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de micros en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Los jóvenes fueron detenidos por policías complotados con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época. En este sentido, los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad por sus acciones u omisiones en la desaparición, reconoció un informe de la Comisión de la Verdad gubernamental divulgado en agosto de 2022. Hasta ahora, solo fueron identificados los restos de tres de las víctimas y se sospecha que los cadáveres fueron incinerados.
Tomás Zerón, prófugo
Voceros de las familias de los desaparecidos aprovecharon la reciente captura de Francisco Narváez Pérez para pedir nuevamente que se presione al gobierno de Israel para extraditar a Tomás Zerón. Se trata del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto, que está acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos del caso.
En junio, López Obrador envió una segunda carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para exigir la extradición. La primera fue enviada en 2021, sin embargo, el proceso se complicó porque ambos países no tenían acuerdo de extradición y The New York Times publicó que Israel desatendió la petición por presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.
La polémica creció en los últimos meses después de que López Obrador afirmara que Israel protegía a Zerón. "Existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de espías, de espionaje, que son de Israel y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos”, señaló el mandatario. "Nadie debe proteger torturadores en el mundo, y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de extermino. Estoy seguro de que la comunidad judía en México nos va a ayudar también porque no se puede permitir esto", añadió.
