El juez federal Daniel Rafecas investigará la masacre de San Patricio en la que fueron asesinados en julio de 1976 cinco sacerdotes y seminaristas palotinos en el barrio de Belgrano. La investigación que, por décadas estuvo centrada en el accionar de la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se enfocará ahora en la posibilidad de que la matanza haya sido llevada a cabo por los integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF).

El 4 de julio de 1976, un grupo de tareas asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti. Los asesinos dejaron una leyenda en la escena del crimen: “Por los camaradas dinamitados en Seg. Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

Dos días antes, una bomba había estallado en la SSF, un espacio nodal del poder de la Policía Federal Argentina (PFA). Allí tenía sede la estructura de inteligencia de la fuerza y funcionaba uno de los centros clandestinos de la dictadura. La hipótesis que surge de distinta documentación es que los integrantes de la SSF hayan querido buscar venganza y que hayan escogido a los palotinos como sus víctimas. Esa fue la teoría que guió la decisión del juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la causa ESMA– para enviarle la investigación a su colega Rafecas, responsable de la pesquisa sobre los campos de concentración que funcionaron en el Primer Cuerpo de Ejército –entre ellos, el edificio de la calle Moreno.

Rafecas decidió hacerse cargo provisoriamente de la investigación y detalló los elementos que le hacen creer que la SSF pudo haber estado involucrada en la masacre del 4 de julio. Entre ellos, se destacan declaraciones brindadas por exintegrantes de la PFA y cables enviados desde la Embajada de Estados Unidos.

En marzo de 1983, el exinspector de la PFA Rodolfo Peregrino Fernández declaró ante los integrantes de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) para hacer una radiografía de la represión. Él la conocía desde adentro: había sido parte de la Triple A y se había desempeñado en la Ayudantía del Ministerio del Interior de Albano Harguindeguy. Después ratificó su declaración ante Naciones Unidas. Allí contó que conservaba en su poder una agenda de uno de los sacerdotes y dijo que la guardó como prueba de que se encontraba en dependencias del Ministerio del Interior.

Armando Víctor Luchina se desempeñaba en la guardia de prevención del edificio de la SSF. Allí dijo que escuchó a personal policial adjudicarse la autoría de los crímenes. Luchina no identificó a los posibles responsables: solo sugirió que podría la matanza podría haber sido perpetrada por el “grupo operativo de élite de la noche”.

Documentos desclasificados por Estados Unidos a pedido de los organismos de derechos humanos abonan esta línea de investigación. Un cable enviado por la Embajada estadounidense en julio de 1976 al Departamento de Estado avisa que en esa delegación tenían información de que los religiosos habían sido asesinados por efectivos de la PFA. “Ahora resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada. La Policía creía que los dos seminaristas estaban relacionados con el movimiento ‘tercermundista’ de sacerdotes, que tiene sedes cerca de la iglesia, por lo tanto, se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio”. Otra comunicación informaba que la Iglesia sabía que los asesinatos habían sido perpetrados por la PFA y que responsabilizaban por estos hechos a Harguindeguy.

Para avanzar con la pesquisa y ponerle fin a 47 años de impunidad, Rafecas pidió informes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y a la Morgue Judicial, entre otras medidas.