La continuidad de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal se convirtió en los últimos días en uno de los ejes de máxima tensión entre el oficialismo y la oposición. Figueroa, actualmente presidenta del máximo tribunal penal del país, cumplirá el 9 de agosto 75 años –el límite que establece la Constitución para la permanencia de los magistrados, que solamente puede prolongarse por cinco años más si se obtiene el acuerdo del Senado–. El miércoles hubo un nuevo bloqueo en la Cámara Alta por parte de Juntos por el Cambio –que denuncia que la permanencia de Figueroa es parte de una “búsqueda de impunidad” del kirchnerismo– y de senadores aliados que no dieron el quórum para sesionar. En la bancada oficialista y en el gobierno hay voluntad para que el pliego se trate antes del cumpleaños de la jueza.
Figueroa estuvo el 31 de mayo pasado en la Comisión de Acuerdos. Llegó con dos libracos. Uno tenía un resumen de más de 1040 sentencias que dictó la Casación en materia de género y trata; otro estaba dedicado a los más de 2000 mil fallos sobre crímenes de lesa humanidad que se firmaron en los últimos años en el tribunal. Figueroa les dijo a los senadores que la escuchaban que venía a rendir cuentas de su actuación y esos dos eran los temas que ella quería priorizar.
La permanencia de Figueroa no cosechó impugnaciones. La oposición le preguntó por qué pensaba que el gobierno de Alberto Fernández quería que se quedase cuando no hizo lo mismo con los otros dos jueces de la Casación que en los últimos meses llegaron a los 75 años. La primera en despedirse fue Liliana Catucci y el que se retiró recientemente fue Eduardo Riggi. Nada de la cosmovisión de Catucci o Riggi tiene puntos de contacto con el peronismo o el progresismo. Catucci se fue con una despedida con honores por parte de la Policía Federal Argentina, algo que incluso sorprendió en los tribunales de Comodoro Py. Riggi –que se cansó de torpedear las causas de lesa humanidad– firmó el 25 de mayo una solicitada reivindicando la actuación del Camarón durante la dictadura de la Revolución Argentina y llamando “terroristas” a las víctimas de las causas que él mismo tenía que revisar.
La situación de Figueroa está en las antípodas. La jueza llegó a la Casación en 2011 con la camada de jueces que designó Cristina Fernández de Kirchner –entre los que no había una unidad ideológica ni nada por el estilo porque se encontraban desde Alejandro Slokar hasta Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. Figueroa venía de desempeñarse en el área de Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –por entonces, en manos de Eduardo Luis Duhalde–. Antes había actuado como abogada de organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En el Ministerio de Justicia contestan que es falso que el gobierno no haya pedido acuerdo para que permanezcan más allá de los 75 otros jueces. Dan los ejemplos de Silvia Estela Mora (jueza en el Tribunal Oral Criminal 10 de la Capital Federal), Luis Alberto Imas (juez del Tribunal Oral Penal Económico), Juan Carlos Bonzón (Cámara en lo Penal Económico) y Mario Osvaldo Boldú (Cámara Federal de Posadas). Todos recibieron el aval del Senado, al igual que el fiscal federal de Misiones Jorge Horacio Campetelli.
Las causas contra CFK
El problema de la oposición con Figueroa no es la permanencia más allá de los 75, sino las causas en las que tiene que intervenir. Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos, el senador radical Julio Martínez le reclamó que se inhibiera en las causas de CFK. Particularmente hablaba de Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. En los dos expedientes la vicepresidenta fue sobreseída por los tribunales orales. Sin embargo, hay presiones para reabrir las dos investigaciones. En Hotesur-Los Sauces, el impacto personal es mayor porque también incluye a sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El impacto de la causa del Memorándum es global porque involucra, nada más y nada menos, que el atentado contra la AMIA –que este martes cumplirá 29 años impune–.
Frente a esos dos expedientes, Figueroa representa solo un voto en una sala en la que el kirchnerismo tiene una clara mayoría adversa, ya que está integrada también por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que suele votar en contra de las iniciativas del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura –donde representa al estamento de los jueces por la Lista Bordó, la más conservadora y opuesta al kirchnerismo.
Versiones en off the record, replicadas en medios de comunicación opositores, señalan a Figueroa como quien demoró la resolución del caso Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, la jueza contestó ante el Senado que era “absolutamente mentira” y que había incluso consensuado con sus colegas de la Sala I no anotar la circulación del expediente para evitar las presiones. En Casación deslizan que los fallos saldrían después del regreso de la feria. Si Figueroa no tiene el aval del Senado para continuar, ella ya le dijo a distintos interlocutores que no quiere forzar su permanencia en el tribunal más allá del 9 de agosto. En el gobierno entienden que podría quedarse hasta el 30 de noviembre –que es la fecha hasta la que su dictamen favorable mantiene vigencia–.
La jueza tiene para firmar no solo los fallos de Hotesur y Los Sauces, sino también Oil Combustibles –causa en la que fueron absueltos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y condenado el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray– y la revisión de las condenas de los militantes César Arakaki y Daniel Ruiz por los incidentes en la zona del Congreso mientras se trataba la reforma previsional del macrismo.
Las razones reales
En los tribunales de Comodoro Py hay quienes entienden que el verdadero problema con Figueroa tiene otro origen: ella fue una de las juezas que señaló las presiones que sufrió por parte del macrismo, sobre todo en relación a la causa del Memorándum. Si bien no denunció, sí fue testigo en la pesquisa sobre la "mesa judicial" del macrismo. Ese antecedente le valió a la jueza la recusación automática de Mauricio Macri en cualquier expediente.
En un análisis que el fiscal Franco Picardi había ordenado mientras estaba al frente de la causa de la "mesa judicial", detectaron que Figueroa era retratada insistentemente durante el macrismo como una "jueza K" y que Macri había despotricado contra ella por no haber votado en igual sentido que sus colegas Borinsky y Gustavo Hornos en la reapertura de la causa del Memorándum. Otro que le dedicaba menciones poco alentadoras era su colega Gemignani, a quien ella denunció por violencia de género.
El Frente de Todos probablemente insistirá con una nueva sesión en el Senado. Habrá que ver si esta vez no se "resfrían" los senadores Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, del bloque Unidad Federal. Hay un tema que atenta contra esa posibilidad más que las vacaciones de invierno: la campaña antes de las PASO del 13 de agosto. Pero hay urgencias, también: si Figueroa deja su lugar en la Casación, quedará el máximo tribunal penal con un cuarto de sus sillas vacantes. En el Consejo de la Magistratura, la oposición no tiene demasiados incentivos para aprobar ternas, sobre todo cuando en cinco meses habrá un cambio de gobierno.
