Desde Lima

La impopular presidenta Dina Boluarte, que es rechazada por el 80 por ciento del país según una reciente encuesta, enfrenta una nueva oleada de protestas exigiendo su renuncia. Para este miércoles 19 los principales sindicatos y organizaciones sociales han convocado a un paro nacional, que debe marcar el inicio de movilizaciones en todo el país. Los organizadores de la protesta señalan que el objetivo es la caída del gobierno, al que califican como “ilegítimo y criminal”. 

La protesta

Con este paro se retoman, en una tercera oleada, las protestas que estallaron en diciembre luego de la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte. Pobladores del interior del país, campesinos en su mayor parte, se movilizarán hacia Lima desde distintas provincias, principalmente desde las zonas andinas, para sumarse a la protesta en la capital. También se han convocado movilizaciones en las provincias de todo el país. Se espera que las mayores protestas se den en el sur andino, como ha ocurrido desde diciembre. 

Además de la renuncia de Boluarte, la plataforma de la protesta demanda el cierre del desacreditado Congreso, que tiene apenas seis por ciento de aprobación, y el adelanto de las elecciones generales programadas para abril de 2026. Boluarte había anunciado el adelanto de las elecciones en, medio de las multitudinarias protestas de diciembre y enero, pero ahora, en una cuerdo con la mayoría parlamentaria, ha cambiado de postura y asegura que gobernará hasta 2026. Un 82 por ciento demanda el adelanto de elecciones. 

Asesinos y golpistas

Las organizaciones que convocan a este paro y a lasmovilizaciones se refieren a Boluarte como “asesina” y al Congreso como “golpista y corrupto”. Otra exigencia es un referéndum para la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori. La derecha se aferra a esa Constitución neoliberal y, temerosa de una derrota en las urnas, se opone cerradamente a un referéndum para una Asamblea Constituyente. Esta postura de la derecha es respaldada por Boluarte, quien llegó a un gobierno de izquierda como acompañante de Castillo en la fórmula presidencial, prometiendo la Constituyente que ahora rechaza y pretende desacreditar llamándola “extremista”.  Apenas asumió la presidencia, Boluarte se alió con la derecha y ultraderecha que controlan el Congreso. 

El juzgamiento de los responsables por las muertes en la represión de las protestas de los meses anteriores es otra demanda central en esta nuevamovilización. También se exige la liberación de los detenidos en esas protestas. La represión ha dejado 49 personas muertas por disparos de la policía y del ejército, la gran mayoría campesinos. El total de fallecidos en las protestas son 67. El Ejecutivo y el Congreso justifican esas muertes y han respaldado reiteradamente a las fuerzas de seguridadacusadas de disparar contra la población. 

La Fiscalía, encabezada por una fiscal aliada de la derecha que gobierna, ha iniciado una investigación por las muertes, pero no avanza y parece más orientada a asegurar impunidad que a hacer justicia. “Para la ultraderecha neofascista y racista un campesino o indígena muerto no vale nada”, denuncian los organizadores de la protesta en un comunicado. Defender la democracia es una consigna que marca este relanzamiento de la protesta contra el régimen de la alianza de Boluarte y la mayoría parlamentaria, que se da cuando desde el Congreso la derecha avanza en una ofensiva para controlar los sistemas de justicia y electoral, y las distintas instituciones de la democracia, en un plan para consolidar un régimen autoritario. 

La toma de San Marcos

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua y grande del país, tomaron en la noche del viernes ese centro de estudios en protesta por la decisión del rectorado de suspender sus actividades por el paro del 19. Esa decisión del rectorado no responde a un respaldo al paro, por el contrario el objetivo es cerrar una universidad cuyos estudiantes apoyan mayoritariamente las protestas antigubernamentales y que anteriormente recibieron en el campus a los manifestantes que llegaron desde las provincias. 

En una exhibición de su fuerza represiva, el gobierno hizo desfilar por las calles del centro de Lima miles de policías y tanques este fin de semana. Repitiendo la estrategia que puso en marcha contra las protestas de los mesesanteriores, el régimen criminaliza las movilizaciones sociales acusando alos manifestantes de violentos y terroristas. El discurso oficial ha resucitado al grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace tres décadas, para vincularlo a la protesta, justificar la represión y meter miedo con ese fantasma. 

Campaña

En respuesta a esta campaña del régimen y los grandes medios, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha,que agrupa a más de una decena de organizaciones que convocan el paro del 19, expresó en un comunicado su rechazo “al discurso de odio, la política de miedo y terrorismo mediático que vienen impulsando la ultraderecha mafiosa a través de su prensa mercenaria, la coalición dictatorial del régimen cívico-militar y el Congreso, que pretenden vincular nuestra lucha democrática nacional, y a nuestros dirigentes, con una organización terrorista que ya no existe”. 

Gerónimo López, miembro de la coordinadora y secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), principal central sindical del país, justificó la medida de fuerza. “La manera de recuperar lapaz social son las nuevas elecciones generales, porque democracia ahora no hay. Solo hay democracia para los fascistas que atacan y agreden, pero al pueblo que quiere salir a luchar lo reprimen con balas. Si ellos no se quieren mover, entonces no habrá paz social. El pueblo va a salir a recuperar la democracia secuestrada por el Gobierno y el Congreso”.