Desde Sevilla

Las elecciones que España celebrará el próximo domingo serán novedosas en varios aspectos. Nunca antes los ciudadanos habían sido convocados a las urnas en pleno verano, con medio país de vacaciones y con olas de calor que están batiendo marcas históricas de altas temperaturas.

Tampoco nunca antes el camino hacia unos comicios había estado precedido de tantos estudios demoscópicos previos. Los grupos de comunicación han tirado la casa por la ventana con encuestas diarias que permiten seguir día a día la evolución de las preferencias del electorado. En todas, el Partido Popular se sitúa muy por delante del Partido Socialista, pero en ninguna consigue una diferencia suficiente como para poder alcanzar la investidura de su candidato, el gallego Alberto Núñez Feijóo, sin el concurso de Vox. Los sondeos le otorgan entre 136 y 154 escaños; el umbral de la mayoría absoluta es 176.

Los resultados de los sondeos, en consecuencia, llevan a la tercera gran novedad de estas elecciones generales. Por primera vez en más de 40 años de democracia, la ultraderecha llega a unas elecciones con posibilidades ciertas no de ganarlas, pero sí de formar parte de un gobierno. El líder de Vox, el vasco Santiago Abascal, ha advertido reiteradamente que esa será su condición para dar los votos que permitan a Núñez Feijóo convertirse en el octavo presidente del Gobierno desde la Transición. Quiere colocar ministros.

Batalla cultural

El PSOE -y también la coalición de izquierdas Sumar, liderada por la también gallega Yolanda Díaz- lleva toda la campaña utilizando esta posibilidad como su principal argumento, pero de momento el miedo a Vox no moviliza al electorado de la izquierda. Y eso a pesar de que en los gobiernos de coalición que se han formado en comunidades autónomas y ayuntamientos tras las recientes elecciones municipales y autonómicas la extrema derecha ya ha hecho sentir su impronta con la retirada de banderas LGTBI de los edificios oficiales o la supresión de concejalías de Igualdad. En el municipio madrileño de Valdemorillo, de 13.000 habitantes, una de las primeras actuaciones del flamante gobierno municipal de PP-Vox fue la cancelación de una obra de teatro de Virginia Woolf que iba a representarse en un teatro municipal. La formación de extrema derecha no oculta que la batalla cultural es una de sus prioridades.

La izquierda no es la única que está centrando los ataques al adversario en su política de alianzas. También desde la derecha las principales críticas que se lanzan contra Pedro Sánchez se centran en los aliados que ha tenido durante la legislatura que termina: Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos.

De momento, a la luz de las encuestas, estas críticas sí están calando en el electorado. Para el Partido Popular, la vigencia de proyectos secesionistas en esas dos comunidades históricas constituye una sólida salvaguarda electoral. Sus candidatos no consiguen hacer pie ni en el País Vasco ni en Cataluña, donde el PP es una formación casi irrelevante, pero sus apelaciones a la unidad de España se erigen en un reclamo fundamental en el resto de comunidades autónomas. De hecho, las encuestas están detectando una previsible fuga de votos del PSOE hacia el PP, que en algunos sondeos se estima entre el 8 y el 9 por ciento. Este trasvase se explica en parte en allanar el camino a Núñez Feijóo para que no tenga que recurrir a Vox pero, sobre todo, por el rechazo de electores andaluces, castellanos o madrileños a los acuerdos parlamentarios con fuerzas nacionalistas que han permitido a Pedro Sánchez sacar adelante durante los últimos años buena parta de su programa de gobierno. En este caso no parece importar tanto el qué –subida del salario mínimo, actualización de las pensiones, ley de vivienda, reforma laboral- como el con quién.

El PP ha sabido convertir en votos a su favor algunas de las concesiones que Sánchez ha hecho para sacar adelante estas medidas o los presupuestos generales del Estado, como la eliminación del delito de sedición, el indulto a los condenados por el intento secesionista catalán de 2017 o la cesión al Gobierno vasco de las competencias en prisiones, que la derecha interpreta como un vehículo para conceder beneficios penitenciarios a los cerca de 170 presos de ETA que siguen en prisión una década después de la disolución de la banda.

En los últimos días, una nueva polémica ha enrarecido el clima preelectoral. La convocatoria de elecciones en mitad del verano, con medio país de vacaciones, hizo que se dispararan las peticiones para votar por correo. Las oficinas postales se han visto desbordadas y a una semana de los comicios existen serias dudas de que todos los que se inclinaron por esa opción puedan hacerlo. Hay 2,6 millones de sobres pendientes de ser enviados a los colegios electorales y Núñez Feijóo llegó a insinuar un intento de fraude, aunque posteriormente matizó sus palabras adelantando que pedirá el amparo judicial si quedan sobres sin enviar el día de las elecciones.

La ley electoral española prohíbe que en la última semana de campaña se publiquen encuestas, de manera que si hay remontada de la izquierda la sorpresa sería mayúscula. Y con esos antecedentes, la polémica no tardaría en llegar y tendría consecuencias imprevisibles.