El último gran juicio de lesa humanidad de San Juan tuvo un final agridulce. Porque si bien el Tribunal Oral Federal de la provincia repartió condenas para 16 de los 23 acusados que llegaron en condiciones al final del larguísimo debate oral y público llevado a cabo, otros 7 resultaron absueltos. Los beneficiados fueron enjuiciados por primera vez, acusados de labrar sumarios en base a testimonios de personas secuestradas obtenidos bajo tortura. Se conocerán en los fundamentos las razones por las cuales el tribunal decidió descartar esa línea acusatoria. En tanto, entre los condenados a prisión perpetua figura el exfiscal federal Juan Carlos Yanello, piedra fundamental de la estructura judicial de la que se valieron los represores para perpetrar su plan sistemático de exterminio.

“Estamos satisfechos porque el tribunal acogió la pretensión punitiva de esta Fiscalía respecto de Yanello”, destacó el fiscal general de Mendoza, Dante Vega, quien ejerció la acusación pública junto a su auxiliar Andrés Rousset. Yanello era secretario cuando sucedió el golpe de Estado de 1976 y en el transcurso de los años de represión ilegal se convirtió en fiscal. Desde esos lugares de ejercicio de poder público tamizó con el proceso judicial privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, abusos sexuales y homicidios.

El TOF dedicó a Yanello una de las siete prisiones perpetuas que dictó en el fallo del viernes 7 de julio pasado, al considerarlo coautor de 13 hechos de homicidio, 51 hechos de secuestro, dos hechos de abuso y violación, robo y omisión de deberes de funcionario público. Las otras perpetuas fueron impuestas para los militares retirados que integraron la patota de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22 Jorge Olivera –quien fue noticia en los últimos días por haber sido beneficiado nuevamente con la prisión domiciliaria pese a que falsificó documentos públicos para obtenerla– Daniel Gómez, Eduardo Cardozo, Juan Francisco Del Torchio y Miguel Ángel Megías, y el policía retirado Juan Carlos Coronel.

El fallo también determinó condenas de entre 4 y 12 años para otros nueve militares y policías provinciales retirados: Eusebio Jurczysyn, Marcelo López, Felipe Molina, Andrés Alderete, Rubén Mondaca, Araldo Medina, Eduardo Traverso, Jorge Laiseca y Juan Carlos Turón. En este sentido, las condenas para los efectivos policiales fueron importantes ya que este debate fue el primero en el que se juzgó la actuación de exintegrantes del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de San Juan que realizaban detenciones ilegales y sumarios a los detenidos también mediante tortura, destacaron desde la Fiscalía.

Entre los puntos positivos de la sentencia, los fiscales también destacaron que lograron probarse crímenes de lesa humanidad sucedidos antes del 24 de marzo de 1976, así como la totalidad de los casos investigados en la causa que determinó que las personas muertas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y militares fueron, en realidad, asesinadas en operativos fraguados.

En tanto, lo más difícil de digerir de la sentencia que los jueces Daniel Alberto Carelli, Gretel Diamante y María Paula Marisi tuvo que ver con las absoluciones que decidieron para los siete militares retirados acusados de labrar sumarios con testimonios tomados a víctimas bajo tortura. Las excusas de las defensas de Carlos Olha, Norberto Trigo, Miguel Ángel Bergounian, Carlos Castro, Horacio Estrada, Gustavo Lafuente y Ricardo Kaliciñiski Hermanson fueron más o menos las mismas: firmaron documentos sin leer lo que decían, no sabían de los tormentos ni de los contextos en los que los testimonios contenidos en los papeles habían sido recibidos.

Para ellos, Vega y Rousset habían solicitado penas de entre 7 y 15 años de cárcel por considerarlos participantes “activos” en “las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido, con la intervención de personal policial y militar como instructores de esos sumarios, y luego con el apoyo del Poder Judicial de San Juan". “Las estructuras y engranajes represores actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que le daba el aparato estatal”, habían postulado en uno de los fragmentos de su alegato, que tomó unas cuatro jornadas. La Fiscalía apelará la sentencia una vez conocidos los fundamentos.

El debate no contó con querellas particulares ni de la Secretaría de Derechos Humanos. Comenzó con 35 acusados en 2019 y más de 150 víctimas y se convirtió en uno de los juicios de lesa humanidad más grandes llevados a cabo fuera del área metropolitana. Sin embargo, a lo largo de cuatro años de proceso oral y público, que atravesó la cuarentena obligatoria impuesta para enfrentar la pandemia de coronavirus, fallecieron o quedaron impedidos de afrontar el hecho unos 12 acusados. Uno de los últimos en quedar fuera de juego fue Gustavo De Marchi, para quien el cuerpo médico forense determinó impedimento de comprensión. Con esas muertes o apartamentos, decenas de víctimas quedaron sin justicia. Se trató del último “gran juicio” de lesa humanidad que tendrá lugar en la provincia, en la que solo restan causas de menor porte para ser definidas en instrucción.