La Defensoría del Público, organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), dio a conocer ayer un informe respecto a la situación de periodistas en oportunidad de la cobertura de las manifestaciones del 17 y 20 de junio de 2023 en la provincia de Jujuy. El organismo manifestó su preocupación por prácticas que "ponen en riesgo el pleno ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la integridad personal y la libertad de expresión". 

El informe surge de un relevamiento realizado luego de que la Defensoría recibiera reclamos y denuncias sobre una obstaculización del ejercicio del periodismo y una posible vulneración a la libertad de expresión durante los operativos policiales desplegados en las manifestaciones del 17 y 20 de junio en Purmamarca y la ciudad de San Salvador, capital de la provincia de Jujuy. Una comisión del organismo, integrada por su secretario general, Pascual Calicchio, y su director general de Protección de Derechos, Paolo Petreca, viajaron a la provincia para tomar contacto con periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación y recabar información sobre la situación.

Calicchio dijo a Salta/12 que además de los relatos el informe comparte una serie de recomendaciones para hacer llegar a los distintos organismos vinculados a la temática de la prensa y la comunicación. 

Calicchio afirmó que en la visita, el 30 de junio y el 1 de julio, pudo percibir "miedo" social junto a una profunda resistencia de parte de los sectores que aún se encuentran manifestando en distintas localidades, principalmente en Purmamarca. Además, insistió en la denuncia sobre una clara "persecusión a comunicadores" y a "abogados defensores de los pueblos originarios", que acrecienta la "preocupación de distintos sectores por las garantías constitucionales ". 

El relevamiento contó con relatos de representantes de la Asociación de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ), periodistas y trabajadores de prensa de Radio Chaski FM 88.7, de Prensa Originaria Llankaj Maki, del Colectivo Radio Pueblo, de Radio Universidad FM 92.9, de El Submarino de Jujuy, la Izquierda Diario, TeleSISA y de Télam.

La Defensoría señaló que los hechos denunciados por las y los trabajadores de prensa dejaron entrever situaciones de persecución y agresiones por parte de fuerzas de seguridad provinciales; intimidación con armas de balas de goma; seguimientos y registros fotográficos a cronistas; y la permanencia de efectivos policiales en camionetas sin identificar apostadas en cercanías de trabajadores de prensa. Además de la detención de dos periodistas y el secuestro de sus teléfonos celulares, y cualquier otro elemento de trabajo o comunicación; así como la negativa al acceso a conferencias de prensa oficiales. 

Otro de los datos recogidos hizo hincapié en que todas las personas entrevistadas coincidieron en la "imposibilidad de transmitir en tiempo real", por ausencia de señal telefónica o de internet, los sucesos ocurridos durante el 17 de junio en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52, en Purmamarca, así como también durante el 20 de junio en alrededores del Palacio de Gobierno de Jujuy, fecha en que se juró la nueva Constitución de la provincia, que es resistida por avanzar sobre derechos sociales y políticos. Las personas entrevistadas afirmaron que sospechan "de la posible presencia de inhibidores de señal con el objetivo de bloquear o interferir los dispositivos que utilizan el espectro radioeléctrico". 

El informe dejó en claro que todos estos hechos constituyen "irregularidades que podrían enmarcarse en violencia institucional" y en afectaciones de los derechos personalísimos de las personas que prestaron su testimonio. Sumado a que "tensionan frontalmente con normativa nacional e internacional que ampara la libertad de expresión, la labor periodística y el derecho de acceso a la información de la sociedad". 

En este sentido, la Defensoría recordó la vigencia de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual es de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. Y destacó que la tarea llevada adelante por periodistas y medios de comunicación en Jujuy constituye "una actividad social de interés público, que el Estado Provincial debe salvaguardar, para asegurar el derecho a la información y la libertad de expresión". 

Volver a las normativas nacionales e internacionales

El organismo nacional -cuya titular es la periodista Miriam Lewin- recordó manifestaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado reiteradamente el deber de las autoridades gubernamentales de proteger activamente la labor informativa. En este sentido, ha establecido entre las “Obligaciones de los Estados con los Periodistas”: instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de las y los periodistas, y respetar el derecho de trabajadores y trabajadoras de prensa a la reserva de sus fuentes de información. 

En ese marco, retomó las denuncias de periodistas de Jujuy que aseguraron que agentes estatales revisaron sus teléfonos celulares. Esto fue señalado como una violación al artículo 43 de la Constitución Nacional que establece que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”, disposición que está en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos que, en su artículo 13 consagra la Libertad de Pensamiento y de Expresión. 

La Defensoría manifestó que en un contexto de protesta social, incluyendo los cortes de ruta, "lejos de disminuir el derecho a la libertad de expresión" se deben extremar los recaudos para su protección. Tal como lo ha expresado la Relatoría de la CIDH, en el documento “Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal”, de 2019. 

Asimismo, en lo relativo a las ya consumadas detenciones y la promoción de acciones penales contra trabajadores de prensa, la reciente Declaración conjunta sobre la Libertad de los medios de comunicación y democracia, de este año, indicó que para promover, proteger y crear un entorno propicio para la libertad de los medios, los Estados deben "adoptar medidas integrales para la seguridad de las y los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y para su protección contra la violencia y todas las formas de ataques, amenazas y hostigamientos físicos y en línea, o vigilancia ilegítima”. También señaló que se deben "tomar medidas para proteger a las y los periodistas y medios de comunicación de demandas estratégicas contra la participación pública y el uso indebido del derecho penal y del sistema judicial para atacar y silenciar a los medios". 

Otros de los puntos analizados refiere a la negativa de parte del gobierno provincial al acceso a conferencias de prensa oficiales. El organismo cuestionó que tal decisión "determina que los medios de comunicación no podrán cumplir sus objetivos, deberes y obligaciones si deben enfrentar restricciones estatales que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de sus periodistas y sus audiencias". Esto conlleva a una afectación directa de la libertad de expresión, a través de acciones radicales como la censura previa, pero también a través de acciones menos evidentes, mediante “todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”.

Una nueva audiencia pública 

En el marco de la protesta social que vive la la provincia jujeña, la Defensoría del Público realizará en Jujuy, el 3 de agosto, la Audiencia Pública de la región en NOA. Será en la sede a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (Otero 262). Hasta el 31 de julio está abierta la inscripción para esta cuarta audiencia del año. En este caso, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero son las provincias convocadas.

Las personas interesadas en participar como expositoras deben completar este formulario. Calicchio dijo que las exposiciones se pueden realizar de forma individual o grupal y pueden darse de manera virtual o presencial, aunque se prioriza esta última modalidad.  

Las convocatorias a las audiencias de este año se enmarcan en el lema “40 años de democracia: es hora de democratizar las comunicaciones”. El funcionario nacional aseguró que la realización de la audiencia en Jujuy ya estaba prevista antes del estallido social en la provincia; en ese sentido, dijo que la puesta en marcha de estos espacios es una invitación a actualizar el diagnóstico, las propuestas y demandas de la ciudadanía en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales, además de que "de ahí nos podemos nutrir para desarrollar distintas políticas durante el año". 

También sostuvo que cada región suele mostrar un contexto diferente, como podría llegar a suceder con los conflictos sociales que vive Jujuy y semanas atrás, la provincia de Salta. "Eso nos permite armar un mapa del país", señaló. Aún así, se dan reclamos homogéneos y que aparecen permanentemente, como la distribución de la pauta oficial de una manera más federal, o la perspectiva de género en los medios de comunicación y la violencia digital hacia las mujeres.