La Cámara de Apelaciones porteña dio la razón al planteo de las organizaciones vecinales de Caballito y volvió a frenar la construcción de la primera etapa de la megaobra Ciudad Palmera, que los grupos IRSA y Portland impulsan en el barrio de Caballito. La Sala II del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario revocó así el fallo de primera instancia que hace poco más de un mes había levantado la medida cautelar que mantenía frenada la obra desde 2020. El proyecto original incluía un complejo de edificios de más de mil viviendas y un centro comercial a cielo abierto, aunque ahora las empresas aseguran haber modificado la iniciativa. 

El fallo de los jueces Fernando Lima, Marcelo López Alfonsín y Mariana Díaz salió el pasado viernes 14 de julio, un día antes del inicio de la feria judicial. Con una resolución de siete páginas, los camaristas decidieron acompañar el dictamen de la fiscal de Cámara, Karina Cícero, que había recomendado revocar el fallo de primera instancia del juez Darío Reynoso, titular del Juzgado N°24. Según argumentó en su voto la jueza Díaz, en los "cambios" presentados por las empresas "no se ha demostrado la aptitud" para "satisfacer el conjunto de exigencias que se estimaron cautelarmente incumplidas" en la resolución original que frenó las obras en agosto de 2020, cuando las empresas habían comenzado a construir en plena cuarentena por la pandemia de covid - 19.

En el marco del litigio, Irsa y Portland habían asegurado, en principio, haber modificado el edificio proyectado para la Parcela N°1, ubicada en Avellaneda y Fragata Sarmiento, al reducir "la cantidad de subsuelos destinados a cocheras" y limitando a una galería en planta baja el uso comercial del edificio de diez pisos. También sostenían que IRSA había transferido esa parcela a Portland y que los lotes ya no estarían "integrados ni funcional ni jurídicamente, por lo que no conformarán un único complejo edilicio”.

Al juez Reynoso le bastó entonces para considerar que la cautelar original había "perdido parcialmente virtualidad" respecto de la parcela 1, de unos 3.500 metros cuadrados, "al haber sido separada del 'master plan'". Así, en ese fallo, el juez hizo lugar parcialmente a los planteos de IRSA y Portland, y les permitió comenzar a tramitar ante el GCBA "la rehabilitación de los permisos de obra de la parcela 1 para la reanudación de los trabajos", aunque las empresas pretendían la autorización para las cuatro parcelas del predio. La nueva resolución de Cámara, en cambio, vuelve a dejar en pie la cautelar de agosto de 2020.

"Este fallo es histórico, la sentencia favorable se suma a otro logro barrial después de más de 20 años de lucha por una calidad de vida mejor, pero ahora el barrio logró lo impensado, que es dar vuelta un fallo de primera instancia", señaló Martin Iommi, vecino de Caballito e integrante del Consejo Consultivo comunal, que en 2020 encabezó la presentación del amparo junto a las organizaciones S.O.S Caballito, Estación de los Deseos y los comuneros Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros

"El 20 de enero de 1999, la empresa Alto Palermo S.A., actualmente IRSA, obtuvo de forma irregular el predio de Caballito con el objetivo de construir un shopping. Desde el año 2007 al 2016 intentó siete veces sancionar una norma especial en la Legislatura Porteña y nunca fue aprobada por la resistencia barrial, incluso teniendo mayoría parlamentaria", recordó Iommi sobre los orígenes de la iniciativa de IRSA y Portland para el terreno que ocupa unas tres manzanas en Avellaneda entre el 1300 y 1500, junto al club Ferrocarril Oeste y el Playón Ferroviario de Caballito.

Ante la imposibilidad de aprobar la norma necesaria, las empresas subdividieron el predio en cuatro parcelas y eso les evitó pasar por la Legislatura. Precisamente esa es la razón por la que la Cámara ratificó la cautelar en 2020 y también ahora, al considerar que el emprendimiento "involucraría un proyecto inmobiliario integral", a diferencia de lo presentado por las empresas. En aquella ocasión los jueces entendieron que "las obras no podrían examinarse desde una perspectiva autónoma", ya que se trata "de un emprendimiento global" que "consistiría en la construcción de diez edificios de diez pisos cada uno, galerías con comercios minoristas y garajes comerciales".

Según advirtieron las organizaciones vecinales, en tanto, las "modificaciones" planteadas por las empresas para el resto de las parcelas sólo implicaban "renunciar a construir un shopping de 28 mil metros cuadrados reemplazándolo por una galería comercial de 25 mil metros cuadrados, mientras que mantenían su intención de construir 10 edificios de 10 pisos, con un total de 1188 departamentos". Las organizaciones también remarcaron que "el compromiso empresarial no contemplaba ceder tierras ni hacer los estudios de impacto ambiental acordes a la normativa ambiental y urbanística vigente".