El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider comenzó a juzgar a Delfín David Zacarías y otras 10 personas, en una causa por lavado de activos agravado. El fiscal Federico Reynares Solari está a cargo de la acusación que inició en la previa de la feria judicial, en el marco de una investigación que llegó a juicio como desprendimiento de otra de 2018 en la que Zacarías ya fue condenado a 16 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes, junto con su esposa, penada a 14 años; y sus hijos, a 7 años, y otros integrantes de la organización. El debate se reanudará el miércoles 9 de agosto. 

Al nuevo juicio llegan imputados Zacarías, su esposa Sandra Inés Marín y sus hijos Joel Abel y Flavia Leilén Zacarías. Ellos, junto a sus hermanos Gloria Amanda Ruth y Jorge Roberto Zacarías, Néstor Fabián Fernández, Edgardo Martín Radovani, su cuñado Fernando Ermacora, Andrea Belén Altamirano, Gonzalo Román Jaime están acusados de integrar una organización criminal dedicada a introducir en el mercado legal las ganancias obtenidas por la producción y comercialización de estupefacientes.

La investigación recayó en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto, quien le solicitó al juez una serie de allanamientos. Así, en uno de los domicilios ubicados en la localidad de Timbúes, se detuvo a Jorge Zacarías, a quien se le secuestró una notebook. El peritaje efectuado sobre el dispositivo reveló datos de relevancia respecto de operaciones de compraventa de bienes inmuebles, que constituirían maniobras de lavado de activos de origen delictivo.

Posteriormente, se requirió el levantamiento del secreto bancario y fiscal y, a través de diversas medidas solicitadas por la fiscalía, se determinó la existencia de activos por un monto aproximado de $600.000.000. Entre dichos bienes se cuentan más de 70 automóviles, 32 cocheras en pleno microcentro rosarino, más de 45 terrenos comercializados por la Corporación “Tierra de Sueños” y un Polideportivo que Zacarías estaba construyendo en la localidad de Granadero Baigorria.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los acusados disimularon y administraron “una gran cantidad de activos, que sólo puede justificarse a merced de su vinculación con diversos delitos precedentes”, como ser la producción y comercialización de estupefacientes. Así, introdujeron en el mercado bienes de origen ilícito para dotarlos de legalidad. Para la fiscalía, también resultó evidente que actuaron con habitualidad y destacaron que las maniobras fueron llevadas a cabo por un grupo de personas organizadas en una asociación o banda dedicada a cometer estos delitos.