El 29º aniversario del atentado contra la AMIA transcurrió, como ya es habitual, en un visible contrapunto entre dos actos, el de la dirigencia oficial de la comunidad judía, AMIA-DAIA, en la calle Pasteur, y el de los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. El titular de la AMIA, Amos Linetzky, aseguró que está probado que el atentado fue cometido por Hezbollah e Irán, aunque curiosamente admitió que no se sabe casi nada: ni de dónde salieron los explosivos ni quién armó la camioneta bomba ni quiénes fueron los que intervinieron en el acto terrorista. Del otro lado, Paula Litvachky, del CELS, en el acto de Memoria Activa, reiteró que el Estado argentino ni cuidó a sus ciudadanos ni investigó el atentado, por lo que se espera un inminente fallo de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado se hizo una audiencia en Montevideo y el Estado argentino, bajo el gobierno de Alberto Fernández, admitió sus responsabilidades. 

Más allá de esas discrepancias de fondo, en ambos actos se cuestionó a la fiscalía AMIA que hoy conduce Sebastián Basso, un funcionario designado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que la llegada de Basso al cargo fue casi un golpe de estado judicial, porque el anterior equipo -designado por Alejandra Gils Carbó- consiguió interesantes avances en la investigación, aplicando tecnología moderna de la que siempre renegó el fallecido Alberto Nisman. Con esos métodos se identificó, después de 22 años, a la víctima 85 del atentado, que no se sabía quién era. Resultó ser Augusto Jesús, hijo de otra víctima del ataque, María Lourdes Jesús. También se verificó, utilizando el microscopio de barrido electrónico, que los explosivos estuvieron en una camioneta Trafic y se determinó la existencia de un suicida, aunque no se trató de Ibrahim Berro -sindicado por Nisman-, sino de un terrorista que no se pudo identificar hasta ahora. Ese proceso de avance en la investigación fue cortado abruptamente por el gobierno de Macri y la sospecha es que el equipo de fiscales -Sabrina Namer, Roberto Salum, Leonardo Filippini, Santiago Eyherabide- podía encontrar pistas que no sintonizaran con la versión oficial de Hezbollah e Irán.

En 29 años nunca se terminó de investigar la llamada pista siria, ni tampoco la hipótesis de que un grupo radicalizado, posiblemente proveniente de Brasil, haya concretado los atentados en respuesta a la política del gobierno de Carlos Menem de alineamiento con Estados Unidos e Israel. Por entonces, hasta se habían enviado naves al Golfo Pérsico en la guerra contra Irak. 

Fue curioso escuchar al titular de la AMIA exhibiendo una inusual dureza con el actual fiscal Basso. “Su último dictamen pone en evidencia la impotencia e incapacidad para profundizar de manera efectiva y seria la investigación del atentado”. Y, de inmediato, Linetzky citó que a 29 años “no sabemos de dónde provino el explosivo, dónde se terminó de armar la camioneta-bomba, quién se la entregó a (Carlos) Telleldín, quién la ingresó en el estacionamiento ubicado a unas pocas cuadras de Pasteur, cuál fue el grupo operativo que ejecutó los últimos pasos del atentado”. Estas menciones son asombrosas por dos razones. Primero, porque provienen de quien encabeza una de las entidades que respaldó la investigación y al juez Juan José Galeano durante años y años. En segundo lugar, porque resulta extraño que, si se admite que no se sabe casi nada del hecho mismo del atentado, se dé por cierta la culpabilidad de Hezbollah e Irán, en base a informes de inteligencia.

En el acto de Memoria Activa recordaron que en todo el proceso inicial de la investigación, el juez Galeano se basó en la SIDE y el aparato de inteligencia. Tanto Litvachky como el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, insistieron en que a lo largo de 29 años no se pudo concretar el reclamo de que se abran los archivos de inteligencia y no se pudo acceder realmente a toda la documentación. El ámbito en el que se almacenan miles de cajas de papeles, un depósito en el Pasaje Barolo, “se sigue pareciendo más a un almacén que a un archivo, aunque un almacén es más ordenado”, redondeó Litvachsky. Memoria Activa reclamó que esa documentación se sistematice y se haga un análisis riguroso de todo lo que se hizo en los momentos claves, los primeros meses tras el atentado. Otra de las agrupaciones de familiares, APEMIA, que encabezan Laura Ginzberg y Pablo Gitter, plantea la necesidad de formar una comisión investigadora independiente, que tenga acceso a todos los archivos y a toda la documentación del Estado.

Un párrafo sorprendente del discurso de Linetzky fue el referido al deceso de Nisman. El presidente de la AMIA recordó que “hace ocho años que esperamos el esclarecimiento de la muerte de Nisman. La Justicia determinó que fue homicidio, pero no se sabe quiénes fueron los autores materiales e intelectuales”. Y, de inmediato entonces, le adjudicó responsabilidad al juez y al fiscal: “Esperábamos más de Julián Ercolini y Eduardo Taiano”, que son los funcionarios judiciales a cargo de la causa. Las frases patentizan el callejón sin salida en el que se metieron todos, los dirigentes comunitarios y la Justicia: todos saben que Nisman se suicidó y que, por lo tanto, no hay ni habrá sospechosos. De hecho, en casi nueve años ni siquiera pudieron esbozar una hipótesis de cómo alguien entró y salió del edificio, del departamento cerrado por dentro y del baño sin dejar la menor huella y sin que exista rastro alguno de resistencia o defensa del fiscal. 

En uno y otro acto quedó patentizado el fracaso de la causa del atentado. El titular de la AMIA trazó un paralelismo con el caso de los atentados en el teatro Bataclan y el estadio Saint Denis en Paris, en 2015, con un total de 131 víctimas fatales. Los imputados fueron 20 y hubo condenas hasta a prisión perpetua en el juicio que terminó en junio de 2022. Siete años entre los ataques y las sentencias. El problema es que los condenados en Francia fueron los sujetos que actuaron en el terreno, los que llevaron encima los explosivos, entraron a los lugares, sirvieron de apoyo. Las fuerzas de seguridad y de inteligencia argentinas nunca lograron identificar a nadie que haya jugado un papel similar en los atentados de Buenos Aires. De los que actuaron en el terreno, ni siquiera se sabe el nombre. Y, por supuesto, ninguno fue detenido nunca.