Las dificultades para garantizar el secreto del voto, las sospechas de una licitación a medida de una empresa que ya fue hackeada en una elección anterior y la opacidad del sistema informático que reemplazará a la boleta de papel son algunas de las objeciones que acumula el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) con que se votará en la Ciudad de Buenos Aires. A menos de un mes para los comicios, las alarmas comenzaron a sonar entre los apoderados de los distintos partidos, porque al combo se le suman los trastornos que puede ocasionar el método "desdoblado y concurrente" anunciado en abril por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En las últimas semanas creció la preocupación por lo que puede ser un domingo electoral de pesadilla: filas interminables, desorientación de los votantes respecto del mecanismo y una lentitud exasperante en el conteo. En ese marco, la organización civil Vía Libre presentó una medida cautelar que pide suspender la utilización de la BUE y reponer la boleta tradicional.  

“Hace años que venimos alertando que la boleta electrónica pone en riesgo la integridad del derecho a votar y que se trata de un sistema con múltiples problemas, susceptible de un posible ataque físico a las máquinas o de una modificación remota de la información del chip donde se imprime el voto. También que es prácticamente imposible hacer una auditoría como corresponde. Este año se suma el problema de la elección desdoblada y concurrente, que está muy desorganizada, por lo que las alarmas son mayores. Ante la urgencia, decidimos apelar a la justicia”, dijo a Página/12 la activista de Vía Libre, Beatriz Busaniche.

La cautelar solicita suspender el voto electrónico en los próximos comicios porteños –la BUE se utilizará únicamente para elegir Jefe de Gobierno y el resto de las categorías locales– “por no contar con las garantías suficientes para el cabal cumplimiento de los derechos en juego”. La idea detrás del planteo es que se reponga la boleta en papel, que igualmente se utilizará para las categorías nacionales. Para Busaniche y los activistas de Vía Libre, los trastornos que puedan registrarse el domingo de la elección, precisamente por el cruce entre ambos sistemas, aumentan considerablemente el riesgo que ya de por sí implica la utilización de máquinas a la hora de votar.

“Tanto el sistema informático contratado para la incorporación de tecnologías a los próximos comicios como la falta de acciones de concientización y capacitación, son conductas (por acción una y por omisión la otra) del Gobierno porteño cuya consecuencia es la amenaza inminente del derecho al voto y a la representación política que asisten a la ciudadanía”, dice la cautelar en sus argumentos.

La medida quedó en manos del Tribunal Electoral de la Ciudad. El planteo podría llegar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, cuyo presidente, el juez Luis Lozano, ya se había pronunciado a favor de la BUE durante el debate por el voto electrónico que impulsó el macrismo en el Congreso en 2016. En aquella ocasión, incluso, Lozano se refirió con ironía a los activistas de Vía Libre como “gente tremenda apasionada en contra de este sistema, con una visión apocalíptica”. 

Una elección organizada a los tumbos

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció a principios de abril la implementación de la BUE, al mismo tiempo que convocó a elecciones “desdobladas y concurrentes” para beneficiar a su aliado radical, Martín Lousteau. Los plazos para organizar una elección con esa complejidad eran súmamente escasos, sobre todo teniendo en cuenta que una auditoría post-elecciones de 2015 --año en que se utilizó por primera vez ese sistema en la Ciudad-- realizada por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA recomendó al Ejecutivo porteño tomarse "al menos un año antes del comicio para hacer las auditorías, pruebas y correcciones necesairas". Los tiempos políticos fueron otros. 

Cuando se abrieron los pliegos de la licitación estaba claro que la elección quedaría en manos de la empresa Magic Software Argentina (MSA), tal como reveló este medio. Las organizaciones como Vía Libre denunciaron un concurso a medida. La firma fue la única oferente y obtuvo un puntaje de 97,5 puntos, lo que de alguna manera les dio la razón. MSA funciona en la práctica como un monopolio: es la única que organiza los comicios en las provincias donde se usa la boleta electrónica. Lo hizo este año en Salta, en Córdoba y en Neuquén. Durante esta última, la Universidad del Comahue relevó una larga lista de irregularidades, desde las dificultades para auditar el software hasta el desconocimiento de los votantes sobre el uso del sistema. Ya en 2015, la propia firma había denunciado el hackeo de sus servidores.

Larreta igualmente siguió adelante y le adjudicó hace poco más de un mes la elección a MSA por unos 29 millones de dólares. Hasta ese momento, el titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE), Ezio Emiliozzi, seguía nombrado por decreto y en comisión. No hubo tiempo de que su pliego pasase por la Legislatura, como marca la ley. En medio, el candidato a diputado del FIT por CABA, Patricio del Corro, denunció que el encargado de auditar el proceso de la BUE, Jorge Ariel González, figuraba como aportante del PRO para la campaña de 2021. Emiliozzi, finalmente, renunció el viernes pasado a su cargo, alegando problemas de salud, aunque el descontento con su desempeño venía de largo: en el macrismo le reprochaban no haber bajado los recursos del Estado para las campañas de publicidad del sistema. 

“Vemos con preocupación la instrumentación del sistema de elecciones concurrentes en la ciudad con la boleta única electrónica, porque puede provocar demoras con largas filas y que algunos vecinos desistan de votar”, dijeron cerca de Jorge Macri. 

El malestar en transversal. Desde el peronismo se quejaron porque "a menos de un mes para la elección, todavía no tuvimos acceso a la máquina", precisó a este medio Lisandro Teszkiewicz, aporado del PJ porteño. "Tampoco sabemos cómo van a estar repartidos los candidatos en las pantallas. Incluso nos mandaron un PDF con nuestras listas que incluían varios errores insólitos, como candidatos equivocados en comunas equivocadas", agregó. 

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad, María Romilda Servini de Cubría, convocó al proceso de capacitación dirigido a unas 23.000 autoridades de mesa recién a partir de esta semana. Concluirá el 12 de agosto, el día antes de la elección. Al igual que el Tribunal Electoral porteño, la jueza también tiene la facultad de voltear el sistema, aunque tendría a mano un argumento distinto: que los trastornos de la "concurrencia" afecten el normal funcionamiento de la elección nacional. 

El asunto es complejo: se estima que cada mesa recibirá entre 260 y 280 votantes, cada uno de los cuales deberá pasar por primero por el biombo con las boletas nacionales en papel (presidentes y diputados) y luego por las máquinas de MSA para las categorías locales. "Esperamos colas muy grandes y eso puede hacer que no toda la gente vote", dicen cerca del candidato del PRO. Desde el Gobierno porteño, de todos modos, aseguraron a este medio que "está todo controlado". “Ya hicimos un simulacro de la elección que se completó con éxito”, sostuvieron fuentes del IGE y aseguraron que el domingo de la votación no habrá demoras ni trastornos fuera de lo común en las escuelas y los cuartos oscuros. 

El actual ministro de Gobierno porteño se desligó de las funciones del IGE, que en un principio estaba bajo su órbita y terminó dentro del organigrama del ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco. Este lunes fue designado en reemplazo de Emiliozzi, como nuevo director del IGE, Federico Fahey Duarte, un abogado de la Corporación Buenos Aires Sur. Un dato curioso sobre él: durante una de las audiencias explicativas sobre la Boleta Electrónica que se realizaron en la Usina del Arte, a Duarte le robaron, en un confuso episodio, su propia computadora personal, repleta de datos sobre la votación y la empresa. 

Preguntas sin respuesta

En ese marco se sucedieron las primeras audiencias y auditorías en las que los funcionarios explicaron –insatisfactoriamente para los expertos– la puesta en marcha del sistema. “El software que pide el Ejecutivo porteño para la elección está calcado al que ya tiene MSA. ¿Cómo hace cualquier otra empresa para competir? Estamos ante una privatización de las elecciones, con un único proveedor privado, lo que le agrega aún más opacidad al proceso”, aseguró a este medio el especialista en interfaces Andrés Snitcofsky, que participó de las audiencias.

Varios especialistas elaboraron una lista de 40 de preguntas técnicas sobre el sistema que ni MSA ni el IGE pudieron o quisieron responder. “¿Utiliza software de código abierto?”, “¿Dónde está disponible su código fuente?”, “¿Cómo se gestionan las vulnerabilidades de software?” y “¿Qué componentes desarrollados por terceros (no MSA) utiliza?”, fueron algunas de ellas. “Las objeciones tecnológicas no son comprendidas por la sociedad en general ni por el propio sistema. Si se lo explico a un juez, como pasó durante el debate por el voto electrónico en el Congreso, tampoco lo entiende. Con eso solo alcanza para explicar por qué no se lo puede utilizar”, sentenció Snitcofsky.