Pese al elevado grado de informalidad, el modelo laboral argentino detenta un alto nivel de cobertura sindical que permite una mayor equidad e igualdad en los ingresos del sector registrado respecto a otros casos en el mundo. El proceso de deterioro de ese marco durante los noventa requirió luego varios años para recuperar una parte de los derechos laborales avasallados, pero ahora el Gobierno propone una nueva flexibilización. “A nuestros amigos que lideran los gremios, les digo: ‘así no podemos salir al mundo, no podemos aceptar los desafíos del siglo XXI con convenios laborales del siglo XX’”, advirtió el presidente Mauricio Macri la semana pasada. El mandatario adelantó que se iniciará un debate para actualizar los convenios, algo que había sido solicitado por el establishment financiero como condición para invertir en el país. El esquema chileno, más restrictivo a la libertad sindical, es uno de los modelos que el macrismo busca emular, junto con otros ejemplos europeos y asiáticos.   
Macri confirmó que alentará modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. La flexibilización fue también confirmada por el ministro de esa área, Jorge Triaca. Si bien es imposible hacer un análisis de todos los convenios laborales comparados, ya que dependiendo del país pueden ser por sector, empresa o actividad, es posible tener una aproximación de cómo se buscará que sean homogeneizados si se toman en cuenta modelos laborales en su conjunto. 
En el caso chileno, el que más convence a los funcionarios macristas, el actor sindical es débil, comparable al de los países andinos como Perú, Colombia y Venezuela, pero diametralmente opuesto al que predomina en Europa. De cada 100 trabajadores, sólo 14 están afiliados a algún sindicato en el país trasandino y sólo 12 negocian colectivamente sus condiciones de trabajo. En Argentina el nivel de sindicalización se mantiene estable desde 2005 en el 37 por ciento. En la Unión Europea la proporción de afiliados es de 23 por ciento y los cubiertos por negociaciones colectivas llega a 66 por ciento.
Según un estudio realizado por Valentina Doniez, investigadora chilena del Área de Sindicatos y Negociaciones Colectivas de la Fundación SOL, señala que “el modelo chileno que rige las relaciones colectivas de trabajo, y por ende al actor sindical, tiene un marcado sello de desigualdad, ya que favorece a la parte empresarial en desmedro de los trabajadores”. “Esta situación constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social pleno, toda vez que es posible establecer un vínculo profundo entre un sindicalismo fuerte y desarrollado con sociedades más democráticas y con menor desigualdad salarial”, agrega Doniez, antropología social de la Universidad de Chile.
El resultado de este modelo evidencia que, a nivel de empresa, la brecha entre el salario máximo promedio y el salario mínimo promedio superó las cien veces en 2011 y se mantiene en esos niveles, siendo de 32 para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A diferencia del modelo europeo, en la mayoría de los países de América Latina predomina un modelo caracterizado por bajas tasas de sindicalización, negociación colectiva altamente descentralizada y de baja cobertura, y excesiva reglamentación jurídica que limita la autonomía del actor sindical, especialmente en lo que se refiere al derecho de huelga. “Como excepciones cabe nombrar Brasil, Argentina y Uruguay, ya que en esos países se desarrollan procesos de negociación colectiva en el ámbito sectorial o de industria”, señala el informe de la investigadora.
El modelo chileno vigente se estableció con el denominado Plan Laboral de 1979, en plena dictadura militar, en el marco de profundas reformas económicas, políticas y sociales de orientación neoliberal. En los cimientos de este modelo se encuentra una profunda desconfianza por los sindicatos fuertes y politizados, y por el modelo tripartito impulsado desde la OIT. Plantea una visión restrictiva de la negociación colectiva, que busca la correspondencia entre salario y productividad del trabajador y niega su función en la distribución de la riqueza.
En 2001 se llevó a cabo una de las reformas más importantes en materia laboral, pero quedaron puntos de la vieja legislación: restricción de la negociación colectiva al ámbito de la empresa, garantía del derecho a negociar sólo a los sindicatos de empresa, prohibición de negociar a trabajadores con contrato a plazo fijo, se niega la representación colectiva a los empleadores, por lo cual se imposibilita una negociación supraempresarial plena y se criminaliza la realización de una huelga cuando no se encuentra enmarcada en un proceso de negociación colectiva reglada.
Por su parte, los países europeos, al menos los 15 más antiguos de la Unión Europea, históricamente han basado sus sistemas de relaciones laborales en la existencia de sindicatos fuertes y en la negociación colectiva por industria, además del fomento de otras instancias de diálogo y consulta de los trabajadores. Escapan a esta norma Irlanda y el Reino Unido, países que cuentan con una negociación predominante a nivel de empresa, lo cual repercute en niveles más bajos de cobertura en la negociación colectiva. Estos últimos son los que miran con mejores ojos desde el Gobierno. 
Las calificadoras de riesgo vienen abogando por una flexibilización laboral para atraer fondos de los mercados internacionales. Las recomendaciones son las usuales: Mayor austeridad y reforma estructural del mercado de trabajo. En España, la reforma laboral, se mixturó con un plan de reforma de las pensiones y con la posibilidad de retrasar la edad jubilatoria. En Dinamarca se aplicó el sistema flexible de seguridad o “flexiseguro”, a través del cual las empresas podían libremente despedir y contratar trabajadores, pero en simultáneo se mantuvo una red protectora social (seguro de desempleo). 
En Alemania, donde se mantiene intacta la fuerza sindicalizada, se habilitó la posibilidad de que las empresas puedan pedir al gobierno subsidios para que los empleados trabajen menos horas, pero no pierdan su puesto, sus habilidades y destrezas en caso de crisis. Holanda copió este sistema. En la Argentina esto se implementó con los REPRO que el macrismo comenzó a retacear argumentando que las industrias que no puedan sobrevivir al cambio tendrán como destino su desaparición.

Deuda para todos

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires anunció ayer que el jueves se realizará la licitación de títulos de deuda por un monto de hasta 1.000 millones de pesos, ampliables hasta 8.000 millones. La Provincia de Buenos Aires “procederá a la licitación pública de la Serie I - Clase I y Clase II de Títulos de Deuda a ser emitidos bajo el Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales”, por un plazo de 18 y 36 meses, anunció. El Ministerio de Economía bonaerense precisó que “la Clase I será emitida en pesos a tasa variable con vencimiento el 6 de junio de 2018 y la Clase II será emitida en pesos a tasa variable con vencimiento el 6 de diciembre de 2019”.