La violencia institucional llega "en queja" a la Corte Suprema de Justicia provincial por el crimen de Michel Campero, que tenía 18 años cuando recibió disparos de armas policiales en 2014. Aquella noche, en Granadero Baigorria, el comisario inspector Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús estaban de franco cuando dos chicos los abordaron y se llevaron la moto de uno de ellos. Los efectivos hablaron de un enfrentamiento a balazos, pero al pibe le encontraron un arma de juguete. Al justificarse fueron sobreseídos, pero volvieron a quedar imputados cuando la Cámara revisó el fallo. Sin embargo, el año pasado la jueza Delia Paleari sobreseyó al hijo y procesó al padre por un delito menor: exceso en la legítima defensa. Este año, la Alzada ratificó esa decisión, pese a que los querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) hablaron de una ejecución por la espalda y pidieron la nulidad de lo actuado. Al no obtener respuestas presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado esta semana por el juez Carlos Carbone, lo que hizo que fueran directo al máximo tribunal provincial. María Isabel, madre de la víctima, no deja de pedir justicia: "Van a pasar los años y resulta que nadie mató a mi hijo", se quejó.

La noche del 6 de enero de 2014, Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria con su esposa, en una moto. Dos personas, en otro rodado, los abordaron. Uno de ellos se bajó y se llevó la moto del policía que estaba vestido de civil. En ese momento, el comisario Dal Lago y su hijo salieron en un auto a buscar a los sujetos, que huyeron en una moto cada uno.

Dal Lago padre declaró que cuando los encontraron, disparó al aire "para intimidar". En ese momento uno de los hombres logró escapar, pero Campero perdió el control de la moto, chocó con un colectivo y quedó tirado en el suelo. El relato policial planteó que el muchacho se reincorporó y les apuntó. La versión sirvió como justificativo para los tiros que recibió Campero. Sin embargo, en el expediente no hay pruebas de un enfrentamiento. Y los querellantes aseguran que antes de caer recibió el disparo mortal. La querella, representada por Valentín Hereñú, del CAJ, sostiene que las únicas balas fueron las policiales.

El fiscal de Cámara, Guillermo Corbella, también acompaña el reclamo y hoy hará la misma presentación ante la Corte provincial. Incluso, el año pasado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un amicus curiae (amigos del tribunal) para que los jueces tengan en cuenta la situación de violencia institucional, al analizar el caso.

La causa lleva más de tres años y medio en investigación. "Ya no sé qué hacer, porque la Justicia no deja de cerrarme puertas", planteó María Isabel, que perdió tres trabajos tras la pérdida de su único hijo. De una cosa no tienen dudas: "El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos fundamentales cometidas por sus agentes".