Al menos 10 son los países en el mundo que tratan el aborto con la penalización absoluta, y casi la mitad se encuentra en Latinoamérica, mientras que en aquellos donde no está prohibido pesan sin embargo exigencias y obstaculizaciones. Aún con la impronta activista de las últimas dos décadas para su despenalización o legalización, las imposiciones normativas y de las instituciones sanitarias siguen constituyendo uno de los principales obstáculos de niñas, mujeres y personas gestantes para acceder a la práctica, sostiene el estudio “Leyes y sombras. Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe”, del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), elaborado junto con organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Hasta hoy, solo la Argentina y Colombia respetan el compromiso legal de la interrupción del embarazo.
Según el informe, salvo aquellos países donde el aborto está prohibido, como El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua, en el resto las mujeres y personas gestantes deben cumplir con una cantidad de requisitos para su acceso. “Algunos de estos requisitos están avalados por la evidencia disponible, pero la mayoría restringe injustificadamente el acceso al aborto”, confirma. En suma, “todos los requisitos que hay en la región actúan como barreras de acceso”, y aclara que “por la baja complejidad de la práctica, no debería requerirse ninguna condición especial en el personal que provee abortos. Incluso la OMS ha indicado que los abortos en el primer trimestre podrían efectuarse de forma segura en centros comunitarios y de primer nivel. Sin embargo, en Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ciudad de México se requieren habilitaciones específicas para hacer abortos”.
El trabajo presentado en Panamá, durante la conferencia “Persistir en el cambio: el aborto es nuestro derecho”, analiza y compara leyes, protocolos y regulaciones de 16 países de la región “para identificar si estos se ajustan a los estándares sobre aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Y concluye que uno de los grandes obstáculos surge desde el personal específico para realizar el aborto: “Hace más de una década que los organismos de rectoría sanitaria recomiendan no restringir la ejecución de abortos a personal de salud de alguna especialidad particular. Sin embargo, en Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, la práctica sigue estando restringida a un grupo particular de especialistas, generalmente de ginecología, pero en algunos casos también de cirugía u otras especialidades”.
