El candidato a gobernador Maximiliano Pullaro calificó ayer a los policías detenidos por el caso de la muerte de Franco Casco como "víctimas de una injusticia",  "a quienes habría que pedirles disculpas". Tras la polémica absolución de los efectivos -por parte de dos jueces mientras un tercero votó en disidencia- acusados por la desaparición y muerte del joven detenido en la seccional séptima, Pullaro se metió de lleno en el ojo de la tormenta : “La Justicia habló y habló con mucha claridad después de que seis años policías estén detenidos, en función de la mirada de la Justicia, injustamente. Cuando las causas se politizan, termina pagando gente inocente. Yo nunca opiné pero sí tuve mucho dolor porque hubo policías que estuvieron presos en cárceles federales”, dijo Pullaro tras ser consultado por el caso ayer por la mañana luego de presentar junto al candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula Gerardo Morales su plan de seguridad en caso de resultar electos.

“A veces uno siente que se cometen injusticias sobre muchos ciudadanos en la provincia de Santa Fe. Por lo que sentenció, se cometió una injusticia contra los policías y muchos deberían pedirles disculpas a esos policías”, enfatizó Pullaro.

Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, después de un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas,  los jueces federales Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez absolvieron y devolvieron la libertad a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. Mientras un tercer magistrado Otmar Paulucci fue tajante en su voto disidente y encontró responsables de la privación ilegitima de la libertad, torturas y muerte de Casco al jefe de la comisaría Diego Alvarez y dos subalternos, y culpales de encubrimiento a otros seis policías.

Cabe recordar que tres policías que fueron enjuiciados por el caso Casco, ocurrida en 2014 obtuvieron un ascenso en 2016 retroactivo al año del crimen. Así consta en el decreto 757 del 18 de abril de 2016, firmado por las autoridades de aquel entonces: el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Se trata de Enrique Nicolás Gianola Rocha, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, a quienes se los acusa de encubrimiento agravado.

Estos dos últimos eran agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, acusados por haber ejecutado maniobras de encubrimiento del crimen junto a otros camaradas de esa dependencia. Ambos eran defendidos por abogados que estaban vinculados con el Ministerio de Seguridad y que, además, habrían cobrado sus honorarios con Fondos Reservados.

En tanto a los abogados a los que se les habría pagado con fondos reservados son José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, socios en el mismo estudio jurídico y ex funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, tanto durante la gestión de Raúl Lamberto, como así también en la de Maximiliano Pullaro. De hecho, por esa causa fue imputado el ex secretario de Control de la Policía, David Reniero, quien se desempeñó en ese área del Ministerio de Seguridad cuando Pullaro, ex Frente Progresista, ahora en las filas de Juntos por el Cambio, era ministro. Por lo que en su doble rol, tuvieron acceso a información privilegiada como funcionarios de la cartera de seguridad y, a la vez, abogados particulares de los acusados.

Alcácer, además, fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone. Este a  su vez, fue defensor de Esteban Alvarado, condenado dos veces por estar al frente de una banda narco.

El tema, en aquel momento, llegó a la Cámara de Diputados: "Casco desapareció en octubre de 2014 y apareció muerto 22 días después en el río Paraná. ¿De verdad a al gobierno provincial (en ese momento del Frente Progresista) no le pareció inapropiado que dos abogados vinculados al Ministerio de Seguridad representaran a algunos de los policías acusados de su muerte?", se preguntó el diputado Leandro Busatto.

Fue tal el impacto de esa información, que el 18 de diciembre de 2018, días después de que se conociera esa situación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, confirmó la renuncia como asesor de Peirone para "aventar cualquier duda".

Según el diputado Carlos Del Frade, Alcácer y Peirone "habían llegado de la mano de Ignacio del Vecchio, ex Secretario de Control en la gestión de Lamberto, un lugar reservado a los radicales que reportaban a Julián Galdeano dentro del partido".