Un entrecruzamiento de llamados telefónicos descartó contactos entre los tres detenidos por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y los principales referentes de la agrupación ultraderechista Revolución Federal. El peritaje, sin embargo, no contempló posibles contactos a través de redes sociales entre quienes coincidían en llevar adelante un plan violento contra los principales referentes del kirchnerismo.

“No se registran comunicaciones entre los abonados Brenda Uliarte, Gabriel Nicolás Carrizo y Fernando Sabag Montiel (de la causa CFP 2998/2022), y Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile (de la causa CFP 3103/2022)”, informó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

El análisis se hizo entre dos universos: quienes están presos por haber atentado contra CFK –Sabag Montiel, Uriarte y Carrizo– y quienes, desde mayo del año pasado, protagonizaron una serie de episodios violentos y reclamaban “bala para el kirchnerismo” –Morel, Sosa, Guerra y Basile–. En el caso de los integrantes de Revolución Federal, están procesados por incitación a la violencia colectiva.

El peritaje también buscó algún punto de conexión con Lidia Margarita Casciano, a quien Morel tenía agendada como “Dali Revolución”. La mujer concitó la atención de los investigadores porque en reiteradas ocasiones ofreció su pistola 9 milímetros para atacar a la vicepresidenta.

Los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, habían reparado en un mensaje que “Dali Revolución” le envió a Morel el 27 de agosto del año pasado. “Yo no estoy en el grupo pero contá conmigo (para) la actividad bala. Tengo unas ganas de usar mi 9mm”. Para los letrados, la “actividad bala” no podía ser otra cosa que el intento de asesinato de la vicepresidenta.

Ese mismo sábado 27 de agosto, Sabag Montiel se mezcló entre la multitud que fue a apoyar a la vicepresidenta. Desde allí, intercambió unos mensajes con Uliarte, a quien le dijo que no fuera porque CFK ya había ingresado a su departamento. Uliarte, en paralelo, le escribió a su amiga Agustina Díaz: “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió adentro”. Al día siguiente, dos integrantes de Revolución Federal –Sosa y Guerra– entraron al edificio donde vivía la vicepresidente con la excusa de ir a visitar a su vecina Ximena de Tezanos Pinto y a la abogada Gladys Egui. El 1 de septiembre, Sabag disparó su Bersa a centímetros del rostro de CFK pero la bala no salió.

El peritaje –que no contempló interacciones en redes sociales como Twitter, Instagram, WhatsApp o Telegram– fue ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a instancias del fiscal Gerardo Pollicita. Tanto Martínez de Giorgi como Pollicita entienden que el intento de magnicidio debe ser conjuntamente investigado con el accionar de Revolución Federal. Sin embargo, primó la impronta de la jueza María Eugenia Capuchetti –a cargo de la causa del atentado– y todo tramita por separado.

Lo que sí detectó el peritaje es que existieron tres números telefónicos que se comunicaron tanto con los “copitos” como con Revolución Federal. A priori, esos abonados estarían vinculados con estafas virtuales o promociones comerciales.

Antes del inicio de la feria de invierno, Pollicita estuvo centrado en investigar los posibles vínculos entre Revolución Federal y Caputo Hermanos, la firma que maneja la familia de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri. En principio, los empleados que fueron citados a declarar marcaron la rareza que significó que Morel recibiera pagos millonarios en efectivo y no lograron explicar el rol de Rossana Pía Caputo dentro de la empresa familiar, dado que ella aparece como el vínculo con el fundador de Revolución Federal. La vicepresidenta reclama que se avance en determinar si los Caputo financiaron al grupo que reclamaba “bala para el kirchnerismo” y que Rossana Pía Caputo sea llamada a indagatoria.