El puente internacional entre Perú y Bolivia, en la región sureña de Puno, se mantiene bloqueado tras el reinicio de las protestas antigubernamentales que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
El "Mapa interactivo de alertas" de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) señaló a primera hora del jueves que los manifestantes bloquearon nuevamente el puente del distrito de llave, a más de 1.300 kilómetros de Lima. El organismo aseguró que la información que presenta en su mapa "es dinámica y se actualiza constantemente". La vía había sido liberada, pero poco después volvió a indicar una nueva interrupción en el tránsito, según los datos entregados por la comisaría de la Policía Nacional (PNP) de Ilave.
El reclamo aymara
Se trata del único camino en esa situación, porque la Sutran indicó que fueron "liberadas" otras doce carreteras de varias regiones del país que habían sido bloqueadas durante las protestas del miércoles. En el caso del puente internacional, fue bloqueado por personas que quemaron neumáticos y colocaron una gran estructura metálica para impedir el paso de los vehículos, lo que obligó a los conductores a tomar rutas alternas para pasar por el lugar. Este puente internacional es uno de los principales de la región, puesto que conecta el distrito de llave con algunas ciudades del sur y también con Bolivia.
Representantes de los pueblos aymaras de la zona afirmaron a la prensa local que el paso por el puente permanecerá cerrado durante los próximos días en protesta contra las actuales autoridades peruanas, a pesar que en un principio hablaron de un paro indefinido, aunque aún no se tomaría una decisión definitiva. “Nosotros vamos a seguir firmes exigiendo la salida de la señora Dina Boluarte, ella misma nos provocó diciéndonos cuántos muertos más queremos", refirieron algunos pobladores de la zona. "Continuaremos marchando, así nos cueste la vida”, añadieron.
El diario peruano La República agrega que los aimaras piden justicia por los 18 fallecidos en Juliaca durante la represión con las Fuerzas Armadas el pasado 9 de enero. Los comuneros tienen un plan de reclamos que comprende al Ministerio Público y el Poder Judicial para que se investiguen las muertes.
La vuelta de las protestas
Las protestas antigubernamentales en Perú se reiniciaron el miércoles, tras varios meses de suspensión, luego de que se desarrollaran entre diciembre y marzo pasado con un saldo de 49 personas fallecidas en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. Además del bloqueo de carreteras, el pueblo peruano realizó manifestaciones pacíficas que recorrieron varias ciudades para expresar su rechazo al actual gobierno y forzar la dimisión de la actual presidenta.
La mayor protesta se realizó en Lima, donde cerca de unas 21.000 personas, según cifras oficiales, se concentraron en el centro de la ciudad y recorrieron las calles, lo que llevó a que se concretaran enfrentamientos durante la noche con la Policía Nacional en el centro de la capital y en la plaza de armas de Huancavelica. Los incidentes estallaron luego que los manifestantes agredieron a los uniformados con piedras y palos, lo que fue replicado con gases lacrimógenos, indicó la Defensoría del Pueblo. El Ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que en estos enfrentamientos resultaron heridas ocho personas, seis civiles y dos policías, mientras que otros seis ciudadanos fueron detenidos. Esta información luego fue confirmada por la Defensoría.
Romero destacó la "alta profesionalidad" de la Policía Nacional: "Tenemos una Policía diferente, de moral alta. Obviamente siempre se presentan algunos deslices, pero que son producto de la propia interacción del desarrollo mismo de estos movimientos que se hacen en la calle", expresó. Sin embargo, diversas imágenes publicadas por algunos medios de comunicación peruanos como el portal de noticias El Foco y la cadena Latina TV, muestran cómo efectivos policiales disparaban con material antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes.
El Gobierno de Perú compró a finales de mayo armamento para reforzar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con informaciones recogidas por el diario La República, la operación se ejecutó de forma directa y sin licitación "bajo el supuesto de una situación de emergencia" en la capital ante la previsión de la multitudinaria protesta anitgubernamental que finalmente se llevó a cabo el miércoles.
El material incluye más de 1.500 armas de diferentes modelos -fusiles, escopetas y pistolas- así como más de 3.000 granadas lacrimógenas y bombas de humo. Aunque la adjudicación se efectuó el 31 de mayo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas no consignó los detalles del proceso ni la cantidad invertida para esta adquisición en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, tal y como indica la normativa vigente.
