El pueblo peruano ha salido masivamente a la calle. Pero en las entradas de Lima, a instancias del intendente, dueño de la concesión del Macchu Picchu, la policía pedía pasaporte, como si para el resto de los peruanos, los cholos y cholas de la sierra, entrar a Lima fuera lo mismo que entrar en otro país.

Existe la impresión generalizada de que el debido proceso no importa. La vulneración de las garantías procesales no configuran un acto menor en una democracia. Violar los derechos politicos de un maestro rural de Cajamarca no es excepcional. Violar los derechos civiles –como la libre circulación y derecho a la protesta- tampoco parece importar demasiado en Perú cuando los afectados con este recorte son pobres.

Hubo un tiempo no lejano en que en Perú se habían impuesto tribunales militares con jueces sin rostro juzgando a civiles. El arquitecto de esta barbarie fue Montesinos. Daban su condena en altavoz con la voz deformada. Los condenados no sabían muchas veces ni por qué iban presos ni quien los juzgaba. El aprendizaje procesal y jurídico no ha sido sencillo en el hermano pais. Y no ha terminado. Está aún por hacerse. 

El caso Castillo es parte de este duro aprendizaje: Castillo está preso por lo que es y representa (derecho penal de autor, antiliberal). Al pueblo bajo. Y por las medidas que tomó: no hizo ningún negocio con ningún sector de poder. Por eso fue derrocado en forma inconstitucional y espuria. No han encontrado una sola prueba en su contra. Nada. Buscan levantar el secreto de sus comunicaciones como presidente porque llegando ya a los 8 meses no han encontrado una sola prueba para incriminarlo. Nada. Lo cual habla de lo ilegal de todo el proceso en su contra y de lo ilegal de su prisión actual. Hasta han inventado noticias falsas desde la fiscalía; decretos sin firma que no existen. 

A la inversa, hay pruebas sobradas de delitos graves en la fiscalía y demás, y nadie está preso por estos delitos de falsificación de prueba, falsedad ideológica, títulos que no existen, lavado de dinero. En muchos casos hay pruebas graves, y nadie está preso. No hay una sola prueba en contra de Castillo y está en prisión sin condena hace 7 meses, en forma ilegal. Porque es pobre. Porque es de Cajamarca. Nada más. Y porque cometió el temerario acto de llevar al pueblo silenciado y negado en el interior al gobierno en el centro de Lima. Cuando los cerros bajan.

Persecución

La persecución contra líderes progresistas no es nueva. Antes se daban violentos golpes de Estado con tanques. Hoy se inventan causas para mantener procesados a los dirigentes que incomodan al poder financiero. Castillo es uno de ellos. Como Evo, Lula, Correa, Lugo, Cristina, Zelaya, Pedro Castillo, un hijo del pueblo, primer presidente rural en la historia del hermano país, no aceptó negociar con la prensa local ni con el congreso corrupto y racista que existe en aquel pais, regido aun por la constitución neoliberal de Fujimori, a la que llaman “apocrifa“. 

El Congreso peruano promueve la minería ilegal. Paradojas de nuestras democracias lastimadas: Fujimori está preso por delitos de lesa humanidad, esterilizaciones de mujeres indígenas, pero su legislación anti terrorista, que empleó para perpetrar tales crímenes atroces, se sigue aplicando todavía.

Que un presidente sea destituido sin ser escuchado, que sea apresado violando el reglamento del congreso y la constitución del pais, sin los votos necesarios, sin moción formal, sin notificación, sin derecho de defensa, debiera generar sensación de alarma en todos los defensores del constitucionalismo. Que armas de guerra apunten contra la hija menor del presidente configura una extorsión criminal. También la incomunicación actual de Castillo con su familia. Son todas violaciones graves.

Arbitrariedad

Es tal el nivel de arbitrariedad institucional, que el sistema penitenciario peruano emite normativas ad hoc, especiales, para entorpecer en forma deliberada la defensa del presidente secuestrado hace siete meses. No se le deja comunicarse tampoco con sus abogados extranjeros. Cuando su hija envió una carta a sus dos abogados argentinos (nosotros), al día siguiente, sin disimulo de ningún tipo, el INPE dictaminó medidas arbitrarias, recortando el acceso a los penales del país a los abogados "extranjeros". Debían homologar su título. 

Esta medida es arbitraria e inconstitucional. Viola un derecho básico. El derecho de Castillo a ser defendido. A elegir a sus abogados. A poder conferenciar con ellos en condiciones de seguridad y privacidad, como proclama la Convención Americana, abiertamente violada en el hermano pais. Esa medida no existía hasta que nosotros empezamos a defender a Castillo. Del mismo modo, cuando la cuñada del presidente quiere enviar una carta a sus abogados, lo cual es privado, y hace a la esencia de la defensa, también se quieren requisar y fotografiar esos materiales, vulnerando el trabajo de la defensa del presidente. 

Estas arbitrariedades están a la hora del día. Se siguen cometiendo. No hay derechos civiles ni políticos para Castillo. Es un secuestro. No una detención legal. Sino una detención arbitraria, producto de una vacancia inconstitucional. Una detención ilegal es de hecho y de derecho, un secuestro. Por los 70 asesinatos no hay nadie detenido. Parece que en Perú es más grave leer un discurso que asesinar a 70 personas. Los muertos, aunque no sean de Miraflores, importan.

Restitución

Para la democracia la alternativa es una sola: la restitución de Castillo en la presidencia, de la que fue ilegalmente privado. Y garantizarle en todo caso lo que aún no tuvo: un juicio justo. Un juicio donde su voz pueda por fin ser escuchada.

Que un juez supremo tenga que aclarar que Castillo "no está secuestrado" implica de por sí que la pregunta merece ser respondida. Y merece respuesta porque la forma en que se vacó a Castillo es inconstitucional, violando la constitución y el reglamento del congreso. Lo cual pervierte cualquier fundamento legítimo ulterior para su prisión. Es una prisión ilegal. Y una prisión ilegal, estimados jueces supremos, es un secuestro. No admite otro nombre.